Hace ya algunas semanas, cuando se desató el conflicto entre la Universidad ULADECH Católica y la Universidad Católica de Trujillo, por el tema de la fusión sancionada por el ex rector Julio Domínguez Granda, adelantamos en este medio de comunicación que se trataba de un acto jurídico írrito y que sería invalidado por los vicios registrados en el acuerdo.
Justamente, la semana pasada el Primer Juzgado Civil de nuestra ciudad ha declarado fundada una demanda planteada por un integrante del tercio estudiantil que hace meses advirtió que la fusión promovida por el ex rector Julio Domínguez se había sancionado en medio de una festinación de trámites como ocultando un interés en que se lleve adelante un procedimiento jurídico que debería estar revestido de una serie de formalidades.
Una de ellas es que los órganos de gobierno deben respaldar una medida que implica la disposición del patrimonio de la universidad, una fusión no puede estar únicamente en manos de un rector o de sus asesores legales, por el contrario, ella debe contar con el aval de la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario.
Precisamente, estos avales fueron los que se viciaron en la medida que el ex rector era consciente que entre sus miembros existían opositores a esta salida legal que buscaba con desesperación pero que implicaba un serio riesgo para el futuro y la existencia de la universidad, más aun cuando la fusión se concibe como una salida a la negativa de la institucionalización de la Universidad.
Si bien es cierto que la alternativa de la fusión estaba en el abanico de posibilidades legales, el ex rector no midió las consecuencias de las mismas, sino que dejó de lado las posibilidades de una impugnación a la decisión que había adoptado la SUNEDU en el epilogo del año pasado, cuando la mayoría estaba pensando en las fiestas de fin de año y de pronto se encontraron con una resolución jalada de los cabellos y que exponía el futuro de la primera universidad particular de Chimbote.
Justamente, esta desconfianza en la lucha legal que tenía por delante, llevó al rector a tomar medidas de las que luego se arrepentirían, pues el gobierno dispuso que se revisen los procesos de institucionalización tan pronto como se inició la pandemia y como una consecuencia de este régimen sanitario que obligaba a tomar medidas de urgencia, como el riesgo de la continuidad de los estudios del alumnado de las universidades afectadas.
Por ello es que, en medio de un escenario casi irrespirable en la ULADECH, fueron los estudiantes y docentes quienes tomaron la iniciativa y recurrieron a la vía judicial en la medida que la Universidad Católica de Trujillo no se mostraba dispuesta a perder la oportunidad de hacerse de un millonario patrimonio que resulta siendo dos o tres veces mayor con el que cuentan en Trujillo.
Aquí ya no se piensa en calidad educativa y no interesa el estudiante, la ambición por comerse a una Universidad que tiene un patrimonio y una organización envidiable ha llevado a enfrentar a dos entidades que tienen a la iglesia como sus verdaderos patrocinadores y no se entiende como pueden llegar a estos extremos.
Lo cierto es que la justicia ha dejado sin efecto la mentada fusión, no es cierto lo que ha dicho el último fin de semana el abogado de la diversidad trujillana en el sentido que el fallo judicial solo ordena reabrir una partida registral que se le había cerrado a la ULADECH, intentar tergiversar la realidad es una mala consejera para quienes pretenden hacer docencia en nuestra ciudad,
El fallo judicial es contundente, ordena anular la fusión y, consecuentemente, las partidas registrales que la sancionaban, entre ellas las que permitieron a los funcionarios de la universidad trujillana bloquear las cuentas de la ULADECH y amenazar con exigir la entrega de la administración porque, de lo contrario, ingresarían a la fuerza.
Veremos si ahora pueden hacerlo, veremos si pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública para ingresar a la ULADECH, que entiendan que ya no pueden hacerlo, la justicia ha tirado al tacho de la basura ese convenio de fusión porque se dio entre gallos y medianoche, saltándose la valla de la presencia de miembros de la asamblea universitaria que fueron ignorados con la finalidad de impedir objeciones a un pacto infame.
La justicia ha dado su palabra, la fusión ha quedado de lado, se espera que la SUNEDU retome su proceso de institucionalización en la medida que lo cerró, justamente, por el convenio de fusión que ya ha sido anulado. Un final previsible.