La Municipalidad Provincial del Santa ha retomado el proyecto de construcción de pistas y veredas de la prolongación de la avenida Alfonso Ugarte, luego de demoler la vivienda que se había construido en medio de la vía pública.
Se ejecuta de esta manera la sentencia de la Corte Suprema de la república que hace unas semanas dio a conocer su pronunciamiento respecto al recurso de casación que planteó la propietaria de la vivienda en mención contra la resolución de ejecutoría coactiva que había expedido la municipalidad para demoler esa construcción ilegal.
Un derrotero lógico y legitimo que debió esperar 6 años para que se lleve adelante, que procuró únicamente el retraso en el desarrollo de la ciudad y la postergación a los derechos de una colectividad de gozar de mejores medios de transporte.
Apelando a maquinaria pesada, la comuna provincial ha demolido por completo la vivienda que una ciudadana levantó sobre terrenos que corresponden a la vía pública, que residió en este inmueble a sabiendas que estaba invadiendo la calle, tal como se lo demostraron no solo los documentos que le notificó la Municipalidad, sino por la propia experiencia de hallarse en medio de una calle.
Esto lo habían advertido, por ejemplo, otras personas que se instalaron igualmente en medio de esta prolongación de la avenida Alfonso Ugarte, quienes optaron por retirarse cuando la comuna provincial concluyó con todos los trámites para proceder a desalojarlos porque demolería las viviendas.
Entendían que no había nada que hacer, muchos se acogieron a la decisión de la autoridad edil de reubicarlos en terrenos que les cedieron para que no pierdan el derecho a la vivienda al que tenían acceso pero no en el lugar en el que se encontraban, la única que se negó a hacerlo fue la propietaria de esta vivienda que permaneció en medio de la calle ante la sorpresa y asombro de quienes advertían como la calle terminaba en ese lugar
Justamente, ese detalle es el que ninguna autoridad podía haber pasado por alto y menos aún haber permitido que esta absurda e inicua situación en la cual toda una calle de desfogue del pesado trafico vehicular del centro de la ciudad permanezca cerrada porque a una equivocada mujer se le ocurrió quedarse pernoctando en medio de la vía pública.
Lamentablemente, cuando se presentan estos escenarios son los abogados los que se encargan de echar más leña al fuego, de ensuciar las vías de solución más adecuadas, como la decisión de la comuna de restituir algo de lo que los invasores de la calle invirtieron, algo a lo que no estaba siquiera obligada,
Esto es lo más contraproducente, pues si aquella persona que rechazó los beneficios que le ofrecíann a pesar que no le correspondían, se mantiene en sus trece y prolonga su condición de usurpadora, no debería haberse dilatando tantos años una salida legal.
Y es que la estructura legal y judicial lo permite, existen posibilidades que una persona que infringe la ley pueda demandar que se califique su techo y mientras ello ocurre pasan los años y sigue beneficiando sede una condición abiertamente ilícita.
Lo que ha ocurrido con la vivienda que se levantaba en medio de la calle demuestra estas taras del sistema judicial, pues si bien es cierto un derecho puede y debe ser discutido y evaluado para otorgárselo a quien corresponda, la invasión de la vía pública, la existencia de un inmueble que se levanta en medio de una calle no da lugar a debate alguno, es sencillamente una ignominia que ningún sistema judicial debería tolerar.
La ciudad ha perdido 6 años como consecuencia de estas debilidades de la ley y la justicia, por estas actitudes necias de gente que está acostumbraba a tomar lo que se le viene en gana y encima denuncia y acusa a los demás, y, es que cuando existen casos tan elocuentes de ilegalidad no se puede esperar tantos años tramitando una causa judicial.
Quizás nos equivoquemos, pero es cuestión de los abogados que reclaman en nombre de la ciudad y de magistrados que siendo residentes de Chimbote saben y conocen esta problemática tan incomprensible como intolerable. Es ese otro tremendo obstáculo que detiene el desarrollo y progreso de las ciudades.