La Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal del Santa emitió la semana pasada un pronunciamiento de rechazo a la decisión de la Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Dra. María Zuloeta Cabrera, quien dispuso la exclusión del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe en el curso de un juicio oral.
El pronunciamiento, que fue dado a conocer por el titular de este organismo, Dr. Luis Manuel Cruzado García, califica como arbitraria e ilegal la decisión de la Juez y exhorta a la Sala Penal de Apelaciones, que revisará esta resolución en segunda instancia, a que resuelva conforme al marco de la ley y respetando, esencialmente, la buena imagen de la instituciones ante el concierto colectivo.
Los fundamentos de los representantes del Ministerio Público se sustentan en el hecho que no existe en la ley alguna disposición que autorice a un magistrado de primera instancia a excluir a un fiscal en el curso de un juicio oral, por el contrario, precisa que esta decisión solo corresponde al Fiscal Superior, por lo que se entiende que los Fiscales consideran que la juez debió solicitar al superior del fiscal anticorrupción que evalúe su conducta que la consideraba perturbadora del proceso.
“El Juez no puede excluir al Fiscal por discrepancias en el contenido de la acusación, ni mucho menos puede imponer sanción al Fiscal habida cuenta que la acusación es un acto dispositivo mediante el cual la Fiscalía materializa la acción penal ante el Juez con la posibilidad de llevar al juicio al imputado” expresa el comunicado de los fiscales quienes añaden que las facultades del Juzgador no deben ser decisiones arbitrarias sino objetivas y razonadas, dentro de los parámetros constitucionales y legales.
En tal sentido, advierten que en la posición asumida por la juez Zuloeta Cabrera  no sólo se afecta la independencia funcional del representante del Ministerio Público, sino que se genera desconfianza en el ciudadano en el sistema judicial, agregando a ello que en Áncash se atraviesa una aguda crisis moral de sus instituciones y este hecho solo representa un perjuicio más a las mismas.
Este hecho, que fue ampliamente difundido por nuestro medio de comunicación, tuvo lugar en el curso de una audiencia pública realizada el pasado 14 de marzo, en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, en el marco de la audiencia de control de acusación del proceso penal que se sigue contra un grupo de ex funcionarios del desaparecido organismo público PRONAA.
En este juicio se investiga el presunto aprovechamiento de los recursos asignados a esta entidad a través de la contratación de trabajadores fantasmas, de personas que no hicieron labor alguna pero pasaron religiosamente por caja para cobrar cheques de supuestos trabajos realizados por la institución.
Fueron los propios trabajadores los que mostraron a nuestro medio de comunicación documentos reveladores que demostraban este hecho y, a partir de su publicación, fue la entonces Fiscal Yeni Vilcatoma de la Cruz, quien realiza una inmediata intervención en el PRONAA e inmoviliza documentos y los cuadernos de vigilancia en donde no constaba el ingreso de las personas que cobraron supuestamente para realizar trabajos en esta entidad, todo lo cual dio lugar al juicio en ciernes.
La decisión de la Juez fue adoptada en plena audiencia pública, luego que el Fiscal Laureano Añanca Chumbe, no cumpliera con modificar su requerimiento acusatorio, tal cual lo había solicitado hasta en seis oportunidades la jueza María Zuloeta Cabrera, respecto al imputado Javier Jhoel Ramírez Eslava.
La magistrada le exigió al Fiscal Añanca hasta en seis oportunidades que modifique su requerimiento acusatorio, empero, este no lo hizo, razón por la cual excluyó al Fiscal Anticorrupción del Santa, del proceso de investigación del caso PRONAA y ordenó que el órgano de control interno del Ministerio Público lo investigue, además de disponer que otro magistrado lo reemplace en esta carpeta fiscal.
En este mismo espacio editorial ya nos habíamos pronunciado frente a este hecho en la medida que era atípico y marcaba una novedad en la forma como los jueces pretendían resolver las incidencias dentro de un proceso penal, más aun cuando de esta manera solo se advertían situaciones que promovían la dilación de los plazos establecidos para el juzgamiento de los delitos de corrupción.
Esto fue lo más preocupante porque si la memoria no nos traiciona los hechos se remontan al año 2013, basta recordar que la fiscal interviniente ya no solo no se encuentra en el Ministerio Público sino que a partir del próximo 28 de julio ocupará una curul en el parlamento nacional al haber sido elegida como congresista en las elecciones realizadas el último domingo.
Por ello es que, por entonces, calificamos la medida como absurda y estimamos que el juzgador pudo apelar a otras salidas procesales para impedir que este proceso penal caiga en el entrampamiento en el que se encuentra en este momento, se pudo formular una consulta o demandar al superior del Fiscal que lo llame al orden, empero, excluirlo de buenas a primeras porque no concilia respecto a la situación de un investigado es algo que no debería permitirse.
Queda ahora en manos de la Sal Penal deslindar un conflicto procesal que debe sentar jurisprudencia para el futuro en los juicios con la nueva normatividad procesal, empero, la pública protesta de la Junta de Fiscales Provinciales dejará un procedente importante en lo que representa la labor de dos entidades que están encargadas de administrar justicia.
Al margen de lo que deberá dilucidar la instancia superior en este tema o de la posición que asumirá la Corte Superior del Santa, lo cierto es que no podía ser menos la reacción de los representantes del Ministerio Público, existe de por medio una decisión que no tiene precedente en los anales judiciales de nuestra ciudad y que, aparentemente, se encuadra dentro del abuso y la arbitrariedad para quien se supone tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Veremos qué es lo que se resuelve en instancia superior sobre este peliagudo terma.