Sala Penal confirmó medida restrictiva:
- Se tomó mas tiempo del señalado por la ley para repetir los mismos argumentos de juez.
- Situación de Gobernador se agudiza y con esta sentencia será suspendido.
La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash confirmó la prisión preventiva dictada en contra del suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa y otros 8 imputados por presuntas irregularidades en la construcción de equipamiento COVID-19 para el Hospital Regional de Chimbote.
La decisión de los jueces superiores ratificó en todos sus extremos la resolución del Juez de primera instancia Derby Quezada Blanco y solo en el caso del imputado Ítalo Bryan Kiyoshi Lon Kan Pérez dispuso que se renueve el acto procesal (nueva audiencia de prisión preventiva) al considerar que no hubo una motivación suficiente al dictarse la medida coercitiva gravosa.
Los abogados de Morillo Ulloa y de los otros investigados habían enumerado una serie de vicios en los que habría incurrido el Juez de primera instancia Derby Quezada Blanco al momento de declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva que solicitó el Fiscal Anticorrupción Robert Rojas Ascón.; sin embargo, dichos argumentos no fueron tomados en cuenta por el colegiado superior.
Para los jueces superiores el incremento de 7 millones 800 mil 746 soles a 10 millones 061 mil 072.61 soles en el expediente técnico evidencia que se habría otorgado al proveedor ventajas económicas en perjuicio del gobierno regional de Áncash.
Donde fueron bastantes drásticos los magistrados fue en el arraigo domiciliario y familiar, que a decir del colegiado no son de calidad. Primero porque la vivienda donde reside es de sus padres y no acreditó tener algún recibo de agua o luz a su nombre que acredite pertenencia.
También, el hecho que haya mostrado fotos con sus hijos, sin especificar si son recientes o no, “no logra acreditar, aquella relación familiar estrecha entre él y los menores” dice la Sala Penal.
“Para tal efecto, ha presentado fotos en distintos eventos acompañados por dos de sus hijos, empero, no se sabe la fecha cierta de los mismos, si pertenecen a un pasado cercano o no; asimismo, la declaración jurada – subjetivo- de la madre sosteniendo que existe vinculo permanente entre el investigado y su menor hijo, no resulta idóneo para acreditar datos objetivos por lo que carece de valor o fuerza para acreditar la relación familiar” añade la resolución.
Los jueces superiores que firman la resolución son Roxana Luna León quien fue la ponente; Máximo Francisco Maguiña Castro, quien preside el colegiado y Miguel Dueñas Arce.
El recurso de apelación fue presentado por los imputados Juan Carlos Morillo Ulloa, sus ex funcionarios Ángel Enrique Velásquez Abanto, Juan Wilson Mendo Sánchez, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, William Percy Rojas Vereau, Johnny Constantino Muñante Quispe, Jiordano Renzo Alva Pinedo y la empresaria Ninel Romero Bartusiak, investigados por la presunta comisión del delito de Colusión Agravada.