La inexistencia de una causal para que un magistrado renuncie al conocimiento de un determinado proceso penal o civil motiva a que la instancia superior tenga que desestimar aquellas posiciones de algunos jueces que encuentran en esta pretensión la salida más fácil para deshacerse de un expediente.
Esto es lo que ha ocurrido con el denominado caso de los “jueces viajeros”, como en el argort criollo se ha denominado a aquellos que tomaron parte en los cursos de capacitación que se realizaron en el extranjero y que permitieron a un numeroso grupo de jueces de nuestra jurisdicción viajar con los gastos pagados para tomar parte en ellos a sabiendas que el financiamiento corría por cuenta del gobierno regional de Ancash y que el aportante era nada menos que el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, quien se encontraba sujeto a una serie de juicios en la Corte del Santa.
Teniendo en cuenta ello y la estela de sospecha que surgió cuando se conoció que la Región Ancash se había convertido en principal benefactora de la capacitación de los magistrados de la Corte del Santa en los temas del nuevo código procesal penal, la Oficina Nacional de Control de la Magistratura ha resuelto abrir proceso investigatorio contra diez magistrados que no se inhibieron de los procesos a sabiendas de esta coyuntura.
Esta sola decisión motivó a que otros jueces que no estaban dentro el grupo de investigados, de inmediato procedieron a inhibirse del conocimiento de procesos que estaban pendientes contra el ex titular de Ancash, alegando justamente el cuestionamiento de la instancia de control al solo hecho que se encuentren avocados a uno de esos procesos cuando han tomado parte en los cursos de capacitación en el extranjero.
Sin embargo, es evidente que esta argumentación no constituye una causa establecida en la ley como motivo para alejarse del conocimiento dc los procesos, aun cuando medie de por medio una investigación disciplinaria, por ello es que ha rechazado las excusas de estos magistrados entre los que se encuentran los jueces de investigación preparatoria Roma Cruz Avilés, Susana Quispe Trujillo y Javier Carrión Basauri, este último reconociendo que ha sido estudiante de la misma promoción del ex alcalde Luis Arroyo Rojas.
En realidad, la posición de estos magistrados no encaja en el ordenamiento procesal como causal de excusa para la continuación en un proceso en el que se encuentre involucrado el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, más aun cuando su intervención en los cursos de capacitación no obedecieron a un conciliábulo entre uno y otro, por el contrario, están circunscritos en el marco de un convenio suscrito entre el Poder Judicial y el gobierno regional de Ancash.
Esto es lo que no se debe perder de vista en este tema y evidenciar las razones por las cuales la OCMA se ha visto precisada a iniciar un proceso disciplinario a un grupo de magistrados, pues no se puede soslayar que este órgano de control ya había archivado los cargos relacionados con este viaje realizado por los magistrados de la Corte del Santa.
Es imposible establecer alguna línea de sospecha en la intervención de los magistrados en los cursos de capacitación a priori, de allí que todos entendemos que lo que se ha hecho al abrir una investigación por este motivo es escudriñar si dentro de este grupo de magistrados que se vio favorecido con estos viajes existieron algunos que se prestaron a alguna medida judicial favorable al ex presidente regional o funcionarios de su entorno que se vieron favorecidos con decisiones que, en su momento, generaron los cuestionamientos de varias entidades y de los medios de comunicación.
No se puede soslayar que las pesquisas realizadas hasta la fecha han determinado que existió una red de impunidad en la maquinaria de la corrupción encostrada en Ancash, aquella que le permitió a sus principales componentes salir bien librados de denuncias y procesos penales ante la desazón y desaliento de la comunidad.
De allí que si existieron algunos magistrados que se prestaron al manejo oscuro de direccionar procesos y de expedirse fallos ex profesamente favorables a la llamada red de corrupción, lo que se quiere establecer a través de esta investigación de la OCMA es conocer si ese accionar indebido y deshonesto estuvo relacionado de alguna forma con el financiamiento de estos viajes que se realizaron con gastos pagados por la Región Ancash.
Ello porque se ha establecido que el ex presidente regional buscó la manera de congraciarse con los organismos ligados a la administración de justicia con esta clase de medidas que significaron el desvío de millones de soles del erario regional para beneficio de estas instituciones, sea por el financiamiento para la ejecución de obras o de los cursos de capacitación.
Esto es más factible aun si se ha llegado a establecer que el Gobierno Regional de Ancash consiguió montar todo un aparato administrativo y funcional que le habría permitido maquillar estas oscuras intenciones de ganarse el favor de la administración policial y judicial, siendo uno de esos casos la obra de construcción de los módulos judiciales destinados a la aplicación del nuevo código procesal penal, la misma que ha sido abandonada por el organismo regional antes que se concluya.
Las pesquisas pudieron establecer que se afectaron los recursos de esta obra al pago de los pasajes y costos de los cursos de capacitación, se utilizó ilegalmente los presupuestos de una obra para maquillar los objetivos de quienes sabían que gracias a ello se harían merecedores a medidas judiciales que los beneficien.
Esto es lo que se quiere establecer con la investigación que inició la OCMA, no se pretende castigar el solo hecho de la participación en un viaje al extranjero financiado por el gobierno regional, sino verificar que la actuación de esos magistrados haya resultado de alguna manera proclive a favorecer a los funcionarios de la entidad regional, si existieron quienes con su firma beneficiaron a la red criminal.
Estamos convencidos que se hallarán muchas pistas que los lleven a demostrar que hay quienes se favorecieron con estos convenios, empero, eso será materia de la pesquisa que realice el órgano de control, por ahora solo queda reafirmar que la posición de la Sala Penal al rechazar las inhibiciones de algunos jueces es una decisión ineludible, responde al marco de la ley y respeta el escenario que ha fijado el órgano de control para sus pesquisas.