El alcalde de Yaután, José del Carpio Melgarejo, debe estar llorando de verdad luego que la Sala Penal Liquidadora lo condenó el pasado fin de semana a seis años de cárcel efectiva luego de hallarlo responsable del delito de colusión en agravio de la propia Municipalidad que dirige y del estado.
Y, es que Del Carpio Melgarejo no se hizo conocido por sus obras o por los méritos en su gestión pública, sino porque hace unas semanas llegó al auditorio de la Municipalidad Provincial del Santa, cuando se desarrollaba una reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y estalló en llanto alegando que era objeto de amenazas de muerte.
La sorpresiva e insospechada intervención del burgomaestre de Yaután fue portada en los medios locales y nacionales, no era usual que una autoridad denuncie públicamente un acoso y se eche a llorar delante de las cámaras fotográficas y de la televisión, era evidentemente un hombre desesperado y había que hacer algo al respecto.
Por entonces la Policía Nacional, por disposición del Ministerio del Interior, decidió que se le otorgue una seguridad permanente al alcalde y que cuente con ese respaldo hasta en tanto el Ministerio Público no deslindara responsabilidades o identificaba a los autores de esas amenazas, más aun cuando se vive una coyuntura sumamente complicada al respecto.
No se puede soslayar que hacía solo unos meses un alcalde fue asesinado después de haber recibido amenazas y luego que la Policía minimizara sus dramáticos pedidos de protección, nos estamos refiriendo al alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza, quien fue asesinado en medio de una absoluta orfandad de resguardo a pesar de las amenazas que denunció no solo ante las instancias policiales, sino ante los medios de comunicación.
Por ello es que el Ministerio del Interior no deseaba más sorpresas trágicas y violentas y atendió de inmediato el pedido del alcalde de Yaután a pesar que hubo quienes pusieron reparos y sembraron dudas respecto a la veracidad de las denuncias de aquel, como el primer regidor de su Municipio Enrique Yui Boteri a quien, paradójicamente, el burgomaestre había señalado como presunto sospechoso de las intimidaciones en su contra.
En ese entonces Yui Boteri declaró a los periodistas que el llanto del alcalde José del Carpio solo representaba lágrimas de cocodrilo, que se trataba de un sollozo fingido al cual apelaba porque trataba de desviar la atención ante la grave acusación que había expedido el Ministerio Publico en su contra en el marco de una investigación que se le aperturó por un fraude en la compra de maquinaria pesada de marca en la que se invirtió una millonaria suma pero que finalmente se recibió vehículos de manufactura china que son baratos y que no tienen garantía alguna en el mercado nacional.
Fue entonces que los periodistas locales tomaron conocimiento de la carpeta fiscal que se seguía contra José del Carpio Melgarejo y que había llegado a la fase del juicio oral y en la cual el Ministerio Público estaba solicitando se le imponga nada menos que nueve años de prisión junto a otros funcionarios y empresarios que fueron comprendidos en esta pesquisa.
El juicio oral fue seguido en estas semanas por la prensa local, se pudo advertir por entonces que la situación jurídica del burgomaestre era complicada, que los otros investigados y los testigos no lo dejaban bien parado, a tal extremo que hasta en dos oportunidades fue careado con personajes que lo sindicaron como el responsable de manejos turbios en la mentada compra de la maquinaria.
Uno de ellos fue el propio concesionario del establecimiento en donde se seleccionaron las máquinas y otro fue un ex empleado de la comuna de Yaután, quienes desvirtuaron las versiones exculpatorias que había proporcionado Del Carpio Melgarejo y llegaron a señalar que aquel había tomado parte personalmente en el proceso de compra y hasta presionó a los encargados del área de logística y tesorería para que se agilicen los pagos relacionados con esta escandalosa adquisición.
Por ello es que los magistrados de la Sala Penal Liquidadora no han vacilado al momento de compulsar las pruebas y emitir su fallo condenatorio, entienden que pese a que fue el propio José del Carpio quien denunció la entrega de maquinaria de manufactura China como si fuese un fraude a los intereses de la Municipalidad, existen en el expediente pruebas que lo incriminan con estos hechos, que las imputaciones que hizo en su momento solo buscaron eximirlo de responsabilidades pero que en el marco de los interrogatorios y las diligencias agotadas en el expediente se visualiza que aquel formó parte de este contubernio en la compra de la maquinaria.
Lo demás ya es ampliamente conocido, la sorpresiva fuga del alcalde de Yaután a pesar que llegó a la sede judicial para escuchar la sentencia pero a la que finalmente no se presentó en razón que, aparentemente, alguien le vendió información reservada que lo alertaba que recibiría una condena efectiva y lo llevarían directamente al Penal.
Del Carpio se dirigió al hospital III de Essalud y se hizo atender de un supuesto estado de ansiedad, de esta manera pudo burlar la custodia de los efectivos policiales que se asignaron a su protección y fue así como pudo eludir el fallo condenatorio para ponerse a buen recaudo y someterse a la clandestinidad, hallándose hasta la fecha como prófugo de la justicia.
De allí que muchos coinciden en señalar que es ahora cuando el alcalde de Yaután debe estar llorando de verdad, que debe estar echando lágrimas de arrepentimiento tras haber sido hallado responsable de hechos de suma gravedad como son el contubernio con malos empresarios para derrochar y aprovecharse de los recursos ediles.
Se trata de un nuevo caso en el que una autoridad municipal es condenada a una pena efectiva y que por ese motivo se somete a la clandestinidad, un caso más en el que la administración de justicia ha actuado con la rigurosidad que determina la ley y sin que la investidura de los cargos públicos tenga que impedir que se aplique la ley con la drasticidad que ameritan las pruebas, un fallo sin contemplaciones que nos demuestra, una vez más, que la justicia se pone de lado de la ética y la moral, que advierte a las malas autoridades que los malos manejos ya no se castigan con guante blando sino que ameritan penas efectivas que los pueden llevar directamente a un Penal.