El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa ha sentenciado a cuatro personas, entre ellas un abogado, por utilizar documentos falsificados en un trámite de transferencia de bienes inmuebles, realizado ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP. Ésta es una práctica fraudulenta, tan antigua como enraizada, que además de torcer la mano de la ley, llena los bolsillos de mucha gente que vive a expensas de este lucrativo e ilegal negocio.
Pero la sentencia dictada contra estas cuatro personas, no es sino la punta del iceberg. Para decirlo más apropiadamente, son apenas cuatro granitos de arena en la inmensidad de la playa. Una realidad ante la cual es imposible cerrar los ojos. Si todos los casos de falsificación que se producen a diario, fueran denunciados y sancionados como lo acaba de hacer el juzgado penal, faltaría tiempo para contabilizarlos y espacio para mencionarlos en una relación.
Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que la falsificación de documentos es una modalidad delictiva muy bien organizada, igual que otras organizaciones de esta índole. Detrás de ella existe gente avezada y sin escrúpulos, que no necesita de publicidad para mantener cautiva a una numerosa clientela. Los clientes llegan solos, y pueden ser gente común, como también personas adineradas, todas ellas impulsadas por el común denominador de ganar una causa legal sea como sea, cueste lo que cueste.
Víctimas caseritas de este delito, que se ha vuelto más común que el pan de cada día, no solamente es la SUNARP. En igual medida también lo son el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, municipalidades y casi la mayoría de organismos e instituciones del Estado.
Los archivos de estas dependencias están inundados de documentos falsificados, y es evidente que los responsables de su recepción ni siquiera se preocupan en verificar su autenticidad. Por la forma cómo actúan, cualquiera diría que juegan en complicidad con los litigantes. Los hay desde títulos de propiedad y contratos de compra-venta, hasta declaraciones juradas, licencias de pesca, documentos de identidad, declaratorias de herencia, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. La lista es interminable.
Últimamente este delito también se ha convertido en la herramienta salvadora de conocidos personajes de nuestra política local y regional. Gracias a un documento falso, éstos han logrado limpiar su hoja de vida para poder postular al gobierno regional, congreso de la república o alguna municipalidad. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones descubre la trampa, ya es muy tarde. El candidato ya fue elegido y goza de inmunidad.
Igualmente son numerosos los funcionarios que han sido separados de la administración pública por cometer alguna falta, quienes gracias al milagro de un documento falso o amañado, logrado su reposición incluyendo el derecho a una reparación económica por “daños causados”.
Se sabe que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tienen a un servicio un equipo de peritos en grafo técnica que están en la obligación de ayudar a combatir este delito. Quizá sea utópico pedir que lo eliminen por completo, pero al menos bastaría con reducir sus efectos, con lo que ya estaríamos ganando algo.
Por causa de esta modalidad delictiva, mucha gente de toda condición económica ha perdido no solamente sus viviendas, sus empresas y otros bienes, sino también algunos derechos civiles como la paternidad, entre otros.
Esto no puede continuar así. Ni cuatro ni cien sentencias judiciales, son suficientes. La mano de la ley tiene que ser realmente severa, en igual o mayor proporción al delito que amenaza a nuestra sociedad.