ENFERMIZOS
Por segunda vez consecutiva la juez a cargo del “Caso Nehalem” suspende el inicio del juicio oral y posterga la audiencia por que uno de los abogados de las partes “se enfermó” y no pudo estar presente pese a hallarse correctamente notificado. Si bien es cierto que la salud es un factor sensible y es imprevisto, lo extraño es que curiosamente en estos casos emblemáticos los letrados o los investigados suelen enfermarse a cada rato. A este ritmo habrá que esperar que los abogados de cada investigado hagan lo mismo y el proceso se dilatará todo lo que ellos quieren. La juez se muestra complaciente, como lo hizo en una primera ocasión en que admitió un pedido “comunicado por vía telefónica”, cuando la nueva legislación procesal que ha impuesto, como factor fundamental, la celeridad en las audiencias y diligencias, toma las previsiones para impedir que se utilice esta articulación como instrumento de dilación. La norma procesal señala que cuando su frustra la audiencia por ausencia de una de las partes o su abogado se debe aplicar los apremios que se notifican con antelación, en este caso para los abogados es la remoción en el cargo y la designación de un defensor de oficio para el investigado aun cuando no sea de su agrado. Y es que es más que evidente que estas situaciones son promovidas ex profeso y las autoridades judiciales están quedando como “tontudas” ante la colectividad que lee y escucha lo que ocurre con estas audiencias que las hacen caer de la manera mas absurda, con un argumento que es más que trillado. Claro que los abogados saben con quienes lo hacen, recordamos que el año pasado quisieron hacer lo mismo en un caso del aun consejero regional José Lomparte Monteza y los miembros dela sala penal liquidadora, a sabiendas que era una maniobra dilatoria, se dirigieron a la localidad de Casma para verificar si el investigado estaba mal de salud y lo encontraron que momentos antes se había internado en el hospital de Salud de Casma en donde ni siquiera contaba con historia clínica. Los magistrados llevaron al médico legista que ausculto al “enfermo” y advirtió que no le veía nada anormal ni la sintomatología que provoca la enfermedad que decía padecer. Bueno eso ocurre cuando los magistrados hacen bien su chamba.
FLOJOS
El próximo 25 de este mes, en medio de las celebraciones de San Pedrito, expira el plazo del estado de emergencia ampliado por 45 días por el gobierno en las provincias de Santa y Casma. Estas medidas excepcionales que en su momento consiguieron su cometido y propiciaron un trabajo más contundente de la policía, al extremo que permitió la captura de bandas y de requisitoriados, así como un control de las calles a través de patrullajes y operativos, lamentablemente no vienen siendo bien aprovechadas por la misma Policía. Ello se advierte en la ausencia de capturas importantes, no existe ya el seguimiento que se hacía en los dos primeros periodos de este estado de emergencia, no hay intervenciones que relievar, y, por el contrario, la delincuencia organizada gana terreno a través ajusticiamientos que se han registrado en las últimas semanas, como que hace dos semanas atrás se registraron tres crímenes en una sola semana y ninguno de ellos ha sido resuelto por la Policía. Se afirma que los cambios constantes en las jefaturas de las comisarias, la intervención y captura del comisario de Buenos Aires Freddy Tuesta Chicana con un cargamento de droga y las medidas derivadas de este hecho, han mermado la acción de la Policía, ya no hay operativos y menos capturas de organizaciones delictivas. Pese a que se cuenta con un escenario propicio para los golpes que puede dar la Policía por la existencia de garantías suspendidas, en Chimbote la institución tutelar está de brazos cruzados, apenas si el Grupo Terna consigue algo. Una lástima.
REBELDIA
La decisión de las dependencias de la Comuna Provincial para disponer la clausura de una empresa pesquera por arrojar sus efluentes al mar a pesar que existe un emisor submarino al cual debe conectarse, es encomiable y digna de rescatarse. Sin embargo, esa no es la única empresa que hace lo que se le viene en gana, existen otras que se han resistido a sumarse al esfuerzo realizado por el grupo APROFERROL para dejar de contaminar la bahía y llevar los fluentes ya tratados a varios kilómetros mar afuera a través del emisor. Ojo que esta fábrica no solo debería ser clausurada sino que deberían cancelarle la licencia como establece la ley. Esperemos que los organismos encargados de la fiscalización de la contaminación se pongan las pilas e identifiquen a las empresas que se mantienen en rebeldía y que prefieren seguir contaminando antes que invertir para impedir la contaminación del mar.