A menos de un mes de haber asumido la gerencia de la Sub Región Pacífico del gobierno regional de Ancash, anteayer jueves el abogado Leovaldo Lavado Rosales fue cesado intempestivamente de ese cargo mediante resolución ejecutiva regional N° 185 firmada por el gobernador encargado Henry Borja Cruzado.
Como ya es habitual, la mencionada resolución pretende justificar este cambio utilizando la consabida frase “siendo necesario continuar con el alcance de los objetivos y metas planteadas por la gestión”. Sin embargo de lejos se advierte que detrás de este sintomático relevo existen otras razones de peso que de ninguna manera pueden figurar en dicho documento.
Hasta donde hemos podido constatar, el abogado Lavado Rosales ha trabajado anteriormente en la Procuraduría Anticorrupción y sabe por experiencia propia dónde poner el dedo antes que salte la pus. Por eso, tan pronto como asumió la gerencia de la Sub Región Pacífico lo hizo resuelto a barrer todo indicio de malos manejos y acciones turbias que menudean al interior de dicha entidad.
Fiel a su empeño de cumplir este propósito, al abogado Lavado Rosales no le tembló la mano para disponer el cambio de ubicación de cinco funcionarios que laboran en las áreas claves de logística, infraestructura, presupuesto, planificación y recursos humanos. Como es de suponer, por manos de estos funcionarios pasan valorizaciones, pagos a cuenta, liquidaciones de obras y otros documentos cuya tramitación puede durar un día o una eternidad, dependiendo de quién sea el interesado.
Pero eso no es todo. Asumiendo todas las precauciones que son menester en circunstancias como ésta, el abogado Lavado solicitó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría, para que investiguen y realicen una auditoría de la labor desarrollada por estos funcionarios. Eso es algo que ningún otro gerente ha sido capaz siquiera de intentarlo.
¿Fue ese un grave error? Tal parece que sí, porque en vez de merecer el apoyo del gobernador regional como todo el mundo esperaba, el abogado Lavado ha sido “premiado” con la separación de su cargo.
Como sucede en casi todas las dependencias del gobierno regional, también en la Sub Región Pacífico existe un estrecho círculo de empresarios y contratistas que mueve sus intereses desde afuera. Y para ello necesitan contar con el apoyo de gente que está adentro, es decir funcionarios incondicionales. Estos empresarios no aparecen para nada pero son los mismos que se reciclan con cada gestión que pasa por el organismo regional. Chocar con ellos, es chocar con Chocano.
Por situaciones como ésta, ya van tres ex sub gerentes de la Sub Región Pacífico que están pagando sus cuentas con la justicia. Uno de ellos es Luis Arroyo Rojas, quien ha sido sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por haber autorizado el pago de tres millones y medio de soles por un programa de desratización que nunca se ejecutó. Otro de ellos es Juan Carlos Gallo Zegarra, sentenciado a seis años de prisión por las irregularidades cometidas en la construcción de local judicial de Nuevo Chimbote, el desembarcadero artesanal de Culebras y por la obra abandonada del Coliseo Cerrado. La tercera es Pamela Bermúdez Rodríguez, quien enfrenta pedido de 10 años de prisión por su participación en el sonado caso de corrupción La Centralita. Actualmente se mantiene prófuga de la justicia y el ministerio del Interior ofrece 20 mil soles de recompensa por su captura.
El nuevo gerente de la Sub Región Pacífico es el Lic. César Augusto Aguilar Villegas, quien viene de desempañarse como gerente municipal de la comuna San Juan de Lurigancho en Lima. Según ha trascendido lo primero que hará es firmar la orden de reposición en sus cargos, de los cinco funcionarios que fueron separados por Lavado. Aquí, no ha pasado nada. Como dirían nuestras abuelas, no importa de dónde venga ni de qué color sea el gato con tal que no moleste a los ratones.