Ha llamado poderosamente la atención, la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de Áncash de incluir, después de seis meses, a nueve proveedores en la investigación por el equipamiento y construcción de ambientes COVID-19 en el Hospital Regional de Chimbote y más aún, porque no ha solicitado prisión preventiva contra los que vendieron equipos y ambulancias, como si ocurrió cuando se trató de la proveedora que hizo una construcción.
En efecto, la fiscalía que investiga al encarcelado gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa por la construcción e implementación de ambientes Covid en el Hospital Regional de Chimbote, acaba de incluir en este proceso penal a otros nueve proveedores que han resultado seriamente implicados. La denuncia tiene que ver con la adquisición de equipos médicos por un valor que supera los 9 millones de soles, venta que los mencionados proveedores realizaron durante la gestión de Juan Carlos Morillo.
Según la denuncia, la calidad de los equipos adquiridos no corresponde al precio que se ha pagado por ellos y, siendo así, todo indica que aquí también se habría hecho un mal uso de los dineros que el gobierno central envió para la lucha contra la pandemia. Nos referimos a una imperdonable fechoría que, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, tiene el agravante de haberse cometido en forma alevosa y premeditada sin importar que estaba de por medio la vida y la salud de miles de ancashinos. Por este caso Juan Carlos Morillo Ulloa se encuentra con prisión preventiva en el penal Víctor Ramos Liendo de la ciudad de Huaraz.
Un caso exactamente parecido es el que se ha presentado en el hospital Ramos Guardia de Huaraz, por el cual Juan Carlos Morillo y sus cómplices han recibido diez meses adicionales de prisión preventiva.
Un repaso de los dos años y medio que ya cumple la actual gestión regional (2019-2023), nos pone de cara ante un vergonzoso pero innegable escenario.
En todo este tiempo el gobierno regional de Ancash no fue capaz de ejecutar una sola obra de impacto. Tampoco de cumplir ninguna de las promesas que hizo Morillo Ulloa durante la campaña electoral. Por ello, es de absoluta responsabilidad que el actual gobernante en el año y medio que queda de gestión ejecute el mayor número de proyectos, pero los mismos garanticen una inversión razonable, debidamente fiscalizada y bajo la más estricta transparencia.
Recordemos, que, desde hace veinte años, ya hemos elegido a cinco gobernadores regionales, tres de los cuales están tras las rejas. Si pudiéramos conocer exactamente el monto de los miles de millones de soles que han pasado por las manos del gobierno regional durante todo ese tiempo, con toda seguridad que dicho monto no está reflejado ni en la cantidad ni mucho menos en la calidad de las obras.
Como hace veinte años, Ancash sigue igual, por ende, se requiere que en estas investigaciones abiertas y donde se advierte un grave perjuicio económico para la Región, la Fiscalía actúe con los nuevos proveedores encausados, con la misma severidad que tuvo inicialmente, máximo, si de los más de 10 millones de soles que se gastó, el 95% corresponde a lo gastado en estos nuevos investigados.