Durante 2020, distintos programas sociales tuvieron que reinventarse exclusivamente para atender a la emergencia nacional y así amortiguar los impactos que tendría sobre todo en las poblaciones vulnerables. A pesar de ello, la crisis socioeconómica ha sido inevitable, tanto así que la pobreza monetaria en 2020 retrocedió a niveles de 2010, que alcanzó al 30.1% de la población. Frente a este escenario, es indiscutible que atender a los grupos más vulnerables es una prioridad del Gobierno, pero también lo debe ser mejorar la calidad del gasto público destinado a los programas sociales, de manera que cubran a quienes verdaderamente lo necesitan.
Desde ComexPerú, en ediciones anteriores hemos presentado cifras que revelan la necesidad de una reforma del Programa del Vaso de Leche (PVL) (ver semanarios 861, 950 y 983). En 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 852,412 hogares a nivel nacional fueron beneficiarios del PVL. Sin embargo, si consideramos los criterios de clasificación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)[1], encontramos que solo un 9% de los hogares usuarios es pobre extremo, el 37% es pobre y ¡el 54% de hogares no son pobres! Es decir, 5 de cada 10 hogares que se benefician del programa no deberían hacerlo, ya que no cumplen con el requisito de pobreza. Además, si tomamos en cuenta a los hogares beneficiarios que no tienen niños entre 0 y 13 años, así como adultos mayores o madres gestantes o en período de lactancia entre sus miembros, el total de filtración sería de un 54.3%, lo que equivale a 462,583 familias.
A nivel departamental, Lima concentra un 23.7% de los hogares beneficiarios y presenta una filtración del 59.2%. Los departamentos de Madre de Dios (85.9%), Lambayeque (79.3%), Moquegua (78%) e Ica (74.1%) evidencian los ratios más altos. Por su parte, Cajamarca, el departamento que concentra 16 de los 20 distritos en pobreza extrema a nivel nacional y el segundo departamento en términos de beneficiarios del PVL, posee una de las tasas de infiltración más bajas a nivel nacional (45.4%), pero esta es aún muy alta. Así, solo en dos departamentos la tasa es menor al 40%: Puno (38.7%) y Huancavelica (34.5%).
¿QUIÉNES SON LOS INFILTRADOS?
Realizamos un análisis más detallado de las características de los hogares que reciben el PVL. De nuestros hallazgos, un 81.8% de los jefes de hogar de las familias infiltradas se encuentra empleado o posee un negocio propio. Además, en promedio, estos hogares generan un ingreso mensual de S/ 2,441. Particularmente, la totalidad de estos hogares percibe ingresos familiares por más de S/ 1,000 mensuales; el 62%, más de S/ 2,000, y un 19%, más de S/ 4,000. Y, por si fuera poco, existen familias beneficiarias que perciben un ingreso superior a S/ 10,000 (0.54%), lo que evidencia claramente la crítica situación del programa en materia de focalización.
Por otro lado, si analizamos las condiciones de vida de estas familias, el 75.6% vive en casas propias y estas han sido construidas con material noble en un 40.7% de los casos, cuentan con agua y desagüe (71% y 55.4%, respectivamente), y con alumbrado eléctrico (95%). Además, un 30.1% de los hogares infiltrados destina parte de su presupuesto para televisión por cable, un 30.2% cuenta con internet y un 93.5% tiene al menos un celular. En tanto, resulta evidente la capacidad de estos hogares para atender las necesidades elementales que vienen siendo cubiertas actualmente por el Estado.
Pero las filtraciones no se limitan al PVL, ya que un 32.3% de estos hogares se beneficia también de un programa alimentario adicional y un 17% lo hace con dos programas adicionales. De esta manera, 114,040 hogares son beneficiarios del Programa Juntos; otros 13,080, del Comedor Popular; y 26,523, de Pensión 65.
Una vez más, el PVL demuestra que, a lo largo del tiempo, ha ido perdiendo la dirección. Las filtraciones antes mencionadas se deben, en cierta medida, a la falta de control adecuado de las municipalidades, pues en el primer semestre de 2020, según cifras del Midis, de las 1,874 municipalidades distritales existentes, un 15.6% no remitió la información sobre los usuarios atendidos y en el segundo semestre dicha cifra alcanzó un 13%. Si bien la filtración en 2020 fue menor a la registrada en 2019, refleja que el gasto en el programa no atiende a la población que debería, según los principales criterios de focalización.
PROPUESTAS PARA ATENDER EL PROBLEMA
El último Informe Anual del Programa de Vaso de Leche, realizado por la Contraloría General de la República para 2019, concluye que es necesario reglamentar la normativa del programa y emitir los lineamientos para estandarizar su gestión y ejecución a cargo de las municipalidades. De igual manera, se alerta sobre la divergencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Midis en cuanto a la identificación de los programas sociales. La consecuencia de esta desincronización es que el PVL no estaría obligado a cumplir con las medidas de focalización que incluyen utilizar la clasificación socioeconómica otorgada por el Midis para acreditar la condición de pobre y pobre extremo a la población beneficiaria.
Por otro lado, también se hace hincapié en la falta de una evaluación de impacto del PVL —a pesar de haber sido aprobada en 2017 en la Comisión Multisectorial de Asuntos Sociales—, que permitiría conocer la eficiencia y eficacia del programa, así como su contribución con el cierre de brechas. Esta evaluación estaría a cargo del MEF, el Midis y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En la misma línea, el reciente libro Gerencia de programas sociales, publicado por la Universidad del Pacifico, concluye que, para lograr un adecuado monitoreo, es necesario establecer un sistema de información capaz de captar, procesar, analizar y publicar información antes, durante y después de la implementación del programa. También se sugiere pasar de un sistema de listado manual para la identificación de beneficiarios a uno de tecnologías de la información en tiempo real. Para lograrlo, es necesario integrar a los Gobiernos locales en sistemas intensivos en tecnología.
En tanto, la reestructuración del Programa del Vaso de Leche, más allá de fomentar el incremento del presupuesto sin un sustento técnico, pasa por unificar el sistema de focalización y los criterios de elegibilidad para llegar a quienes lo necesitan. En 2020, se destinaron S/ 417.8 millones para el PVL. De este presupuesto, alrededor de S/ 191 millones serían malgastados si se consideran las filtraciones. Ahora, cuando la coyuntura exige una mayor cobertura de los programas sociales, debemos cuidar el gasto público y saber administrarlo.
[1] Los usuarios de primera prioridad deberían ser los niños entre 0 y 6 años, y las madres gestantes o en período de lactancia. Como segunda prioridad se debe atender a niños entre 7 y 13 años, adultos mayores y personas afectadas por tuberculosis. Además, la población beneficiaria debe estar categorizada como pobres o pobres extremos en términos monetarios.
(*) Por ComexPerú / Publicado en Julio 09, 2021 / Semanario 1081 – Actualidad