Escándalo. Según el artículo 393 del Código Penal, el delito de cohecho pasivo propio se sanciona con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, sin embargo, para el Juez Suplente Unipersonal, Efer Onan Díaz Uriarte, como el acusado tiene 64 años, está mal del corazón y acepta la comisión del delito, puede aplicar el control difuso y condenarlo a una pena privativa de cuatro años suspendida a tres, es decir, muy por debajo de los topes que establece la ley.
Esto ocurrió al mediodía de ayer, al leerse la sentencia condenatoria en contra del exfuncionario de la Dirección Subregional de Transportes, Segundo Roberto Torres Muñoz, quien no acudió a esta audiencia final, pero admitió en las audiencias anteriores del juicio oral, haber exigido una coima de 600 soles a un ciudadano, a cambio de aprobarlo en su examen de manejo para obtener su brevete categoría AII.
“En este caso tenemos que tener en cuenta que el sentenciado es una persona de 64 años, que ha sido recientemente operado de prostatitis crónica. Tiene tres by pass en el corazón, ha aceptado la comisión del delito y cumplió con reparar el daño ocasionado”, señaló el magistrado para explicar seguidamente que para la aplicación de la pena (4 años de pena suspendida por el plazo de 3 años), se basó en el control difuso (la constitución prevalece ante cualquier norma legal) y en el principio de ponderación y proporcionalidad.
Totalmente sorprendido, el Fiscal Anticorrupción, Carlos Roncal Cancino formuló inmediatamente recurso de apelación y consideró la decisión judicial como un pésimo precedente, pues ahora todos los investigados por corrupción que tengan algún problema de salud, tendrán la esperanza de librarse de la cárcel, si los magistrados apelan al control difuso que una vez que se concede, se eleva al Tribunal Constitucional para que lo revise.
Sin embargo, también se mostró confiado que la Sala Penal de Apelaciones corrija este exceso y aplique la ley de manera severa, más aún si ante las evidencias de la comisión del delito, el investigado terminó aceptando su responsabilidad.
Segundo Roberto Torres Muñoz (64), funcionario de la Dirección Sub Regional de Transportes, fue sorprendido el 29 de diciembre del 2014, por miembros de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, tras recibir 600 soles de manos del ciudadano Douglas Allemant Prince, quien previamente lo había denunciado por exigirle dinero para tramitar su brevete categoría AII.