Hace más de 3 mil años, cuando los antiguos griegos pusieron en práctica la elección de sus autoridades a través del voto libre y soberano, no imaginaron que este sistema, por más de una razón llamado democracia, iba a convertirse en el modelo de gobierno preferido por la mayoría de las naciones modernas. Pero tampoco pensaron que, como toda obra o acción humana sujeta a errores e imperfecciones, las elecciones democráticas también iban a ser aprovechas para sacarle la vuelta a la voluntad popular. Y de qué manera.
Desde que se realizan elecciones en el Perú, hace ya más de 180 años, los peruanos hemos elegido “sin querer queriendo” a más de un advenedizo o engendro del mal que ha terminado traicionando la voluntad popular y colocando al país no solamente al borde sino al fondo del abismo.
Para ahorrar tiempo, tinta, papel y sobre todo vergüenza ajena, los autores de los libros de historia que registran estos hechos se limitan a mencionar a estos personajes muy ligeramente, no sin antes cubrirse la nariz con un pañuelo. Suponemos que esa debe ser la razón por la que se afirma, por supuesto en forma injusta, que más de las veces el pueblo elige a las autoridades que se merece.
En Ancash no somos ajenos a esta desdicha. Al contrario, se diría más bien que somos el ejemplo de la más grande y reiterada equivocación en lo que a elección popular se refiere. Cuatro de los últimos gobernadores, que hemos elegido más por emoción que por la razón, han terminado en la cárcel, sentenciados por delitos de corrupción
El último de ellos, Juan Carlos Morillo Ulloa, también le sacó la vuelta a la ley electoral ya que logró inscribir su candidatura a pesar de estar legalmente impedido de postular. Pues no obstante que la prensa advirtió que Morillo registraba una sentencia judicial, la misma que deliberadamente omitió en su hoja de vida, las autoridades electorales prefirieron hacerse de la vista gorda y no se tomaron la molestia de verificar la veracidad de la denuncia. En esta ocasión si merece traer a colación aquello de que gallina que come huevo, aunque le corten el pico.
Por otro lado, en estos días los medios de prensa han dado a conocer que la fiscalía anticorrupción ha solicitado 5 años de prisión efectiva para el actual consejero regional por de la provincia del Santa, Rubén Sandoval Calvo. En el 2008, siendo funcionario de Chinecas durante la gestión del todopoderoso César Álvarez Aguilar, el consejero Sandoval se coludió con otros funcionarios del proyecto para beneficiarse con la compra de artículos de ferretería. Para ello no tuvieron ningún reparo en convertir como proveedora del Estado a una modesta vendedora de pollos del mercado 21 de Abril.
Mientras el proyecto Chinecas y el gobierno regional estuvieron bajo el mando de Álvarez Aguilar, este caso de corrupción permaneció encarpetado. Fue recién en el 2013, después que la mafia cayó en manos de la justicia, que la denuncia contra Sandoval y sus cómplices se activó en manos del Ministerio Público.
Aún así, en el 2018, acogiéndose al principio legal por el que nadie está impedido de ser candidato mientras no tenga una sentencia judicial, Sandoval consiguió postular a una consejería regional en la lista del movimiento político “Ancash a la Obra”. Como vemos, hecha la ley, hecha la trampa.
Ahora cuando ya son muchos los que se preparan para participar en las elecciones regionales y municipales del próximo año, no está demás que empecemos a revisar no solo las hojas de vida de los eventuales candidatos sino sobre todo los antecedentes que éstos registran en el fuero judicial. Ya basta de seguir eligiendo gato por liebre.