Para enmendar un error nunca es ni será demasiado tarde. Después de muchos años de haberse dejado dominar por la inercia y la desidia, los funcionarios del Proyecto Especial Chinecas parecen haber recordado que toda invasión de sus tierras es un delito de apropiación ilícita. Y este delito tiene que ser inmediatamente denunciado, sin más trámites ni procedimientos que los que establece la ley. No hacerlo es incurrir en negligencia, incumplimiento de funciones y, lo que es peor, complicidad.
Por más de treinta años, hemos visto con impotencia y vergüenza ajena cómo el Proyecto Especial Chinecas estaba convertido en el paraíso de las invasiones. Cada vez que algún político quería hacer campaña a su favor regalando lotes de vivienda a manos llenas, no tenía mejor idea que promover la invasión de las tierras de este proyecto.
Para lograr su propósito y sin temor a ninguna represalia, estos políticos contaban con una gran ventaja a su favor: los funcionarios de Chinecas y del gobierno regional de Ancash, en vez de hacer la denuncia penal correspondiente y proceder al desalojo, más bien terminaban poniéndose del lado de los políticos y de los invasores. Increíble pero cierto. Se calcula en alrededor de 5 mil hectáreas de propiedad de Chinecas que han sido tomadas bajo esta descarada e impúdica modalidad.
El jueves de la semana pasada, con apoyo de la Policía Nacional y de la procuraduría del gobierno regional de Ancash, se llevó a cabo el desalojo de un grupo de invasores que se habían apoderado de 100 hectáreas del proyecto ubicadas en la zona Pampas de Atahualpa. Como nunca antes había sucedido, el desalojo se produjo con tal firmeza y decisión que ninguno de los invasores se atrevió a dar la cara. Así es cuando se actúa con la ley en la mano.
Solo para tener una idea del costo-beneficio que representa esta recuperación de tierras, 100 hectáreas es el espacio que ocupa el centro urbano de Chimbote. Por lo demás, en cualquier proyecto de irrigación, como Chavimochic por ejemplo, la producción de una sola hectárea representa un ingreso que oscila entre 40 mil y 60 mil dólares por año. Esa misma hectárea da ocupación directa e indirecta a por lo menos 40 trabajadores, de donde surge la pregunta ¿vale o no vale la pena defender las tierras de Chinecas?. Saquen su cuenta, amables lectores.
Ante esta firme actitud, que ha merecido el beneplácito de la población, lo único que queda por delante es esperar que no sea flor de un día, ni mucho menos una pose solo para la foto. Si lo que se desea es imponer el orden y recuperar el tiempo perdido, este el momento para marcar un antes y un después. Solo así Chinecas podría recuperar la credibilidad y confianza que requiere para atraer nuevas inversiones, que es lo que todos deseamos.
Como ya lo hemos dicho, se calcula asimismo en alrededor de 3 mil hectáreas de propiedad de Chinecas que se hallan en poder de agricultores informales. Muchos de ellos ni siquiera cuentan con un documento que acredite su posesión. Solo cuentan con el compadrazgo de algunos funcionarios del proyecto que se hacen los desentendidos y dejan que las cosas continúen como están.
Estos agricultores informales ya llevan más de 20 años explotando estas tierras y son ellos quienes captan furtivamente las aguas de Chinecas para regar sus chacras por gravedad, prescindiendo del riego tecnificado y otras técnicas empleadas por la agricultura moderna. Eso no solo ocasiona el debilitamiento y la rotura del canal principal, como constantemente sucede, sino también provoca peligrosas filtraciones que ya están afectando incluso a la zona del aeropuerto.
Si ha llegado la hora de enmendar estos errores, es de esperar que no haya marcha atrás. Si los desalojos siguen adelante, gana Chinecas y gana Chimbote.