La condición jurídica del empresario Jack Castillo Castillo se ha agudizado la semana pasada luego que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa decidiera confirmar en todos sus extremos la condena que le impusiera el Juzgado Penal Colegiado por el crimen alevoso y cobarde del Fiscal Luis Sánchez Colona.
Como se recuerda, el 30 de diciembre del año pasado, a solo un día de culminar el año 2015, el Juzgado Colegiado halló responsable a Jack Castillo de instigar el asesinato del Fiscal Luis Junior Sánchez Colona y le impuso una pena de 25 años de cárcel efectiva, fecha desde la cual el individuo se encuentra prófugo de la justicia.
Justamente, su condición de reo libre, pese a que pesaba en su contra una gravísima acusación, fue materia de serios cuestionamientos y se puso en tela de juicio la labor de los magistrados, aun cuando se sabía que quienes permitieron semejante exabrupto fueron jueces provisionales estratégicamente colocados por el anterior presidente de la Corte Superior del Santa.
Lo cierto es que Jack Castillo se vio envuelto en la investigación del crimen del joven Fiscal luego que la Policía especializada de Homicidios de Lima y la Fiscal Carmen Berrocal descubrieran que fue el verdadero autor intelectual de este alevoso crimen que conmocionó a la ciudad aquel 12 de abril del año 2012, fue el que pagó a sicarios para que acaben con la vida del joven fiscal solo motivado por un ánimo de venganza.
Y es que las pruebas que hallaron en aquel entonces fueron irrefutables, la principal fue una grabación que se encontró en el equipo celular del asesinado Fiscal en la que se escucha hasta dos llamadas amenazantes que el occiso tuvo el acierto de grabar y en la que se escucha la voz de su asesino anticiparle que le daría muerte por haberse metido con su mujer y hasta le anticipa que dejaría a su concebido hijo sin padre.
Los investigadores establecieron rápidamente que el teléfono desde el cual se lanzó la amenaza era de Jack Castillo Castillo, pero no solo eso, en el curso de esos días personal policial de Chimbote recibió los testimonios de gente del hampa que manifestaba que dos sujetos hablaban en un bar de haber dado muerte a un fiscal y se jactaban de haber realizado un trabajo perfecto.
Cuando se averiguó la identidad de ambos se confirmó que se trataba de Richard Bracamonte Méndez, un ex recluso metido en el chalequeo, y Danny Huamancondor de la Cruz, otro ex presidiario que andaba en caminos equivocados, cuya participación quedó establecida por los vínculos que se hallaron posteriormente.
En el caso de Huamancondor de la Cruz, el sicario que le disparó reiteradas veces al joven Fiscal, su identificación corrió a cargo del propio padre del occiso que el día que sucedieron los hechos salió raudo de su domicilio y cuando corría a ver lo que sucedía se cruzó con el hampón, lo reconoció plenamente en la medida que siendo un efectivo de la Policía Nacional difícilmente se le pueden escapar las características de los maleantes, empero, jamás imaginaría que al llegar al lugar de los hechos la víctima era su propio hijo.
De la misma manera, se pudo establecer que Richard Bracamonte Méndez era un empleado de Jack Castillo, formaba parte de su séquito de seguridad y justamente, fue quien se encargó de encontrar al sicario que necesitaba su empleador para saldar cuentas, al fin y al cabo, tenía el dinero necesario para conseguir su objetivo.
Todos estos hechos cerraron un circulo que hacía más que evidente la participación de Castillo Castillo en el crimen del fiscal, solo las maniobras sucias y oscuras que ensombrecen la administración de justicia pudieron dejar al margen de una orden de prisión al empresario constructor, solo la vista gorda de ciertos jueces que distorsionaron un informe que establecía el vínculo entre Richard Bracamonte y Jack Castillo permitió que éste salga de la clandestinidad y se desenvuelva por mucho tiempo como si nada hubiera pasado, ante la angustia de los deudos del malogrado fiscal.
Inclusive, el solo hecho que los únicos personajes que podrían delatar al empresario, es decir, Richard Bracamonte y Danny Huamancondor fueron eliminados por sicarios a sueldo, los mataron cuando estaban en la oportunidad de acogerse a los beneficios de la ley para que reciban penas menores.
Danny Huamancondor fue ultimado en un vehículo que fue abandonado en las inmediaciones de la Universidad San Pedro en Los Pinos, años después se conocería que quien se encargó de realizar este delincuencial trabajo fue nada menos que el Jorge Loloy Valencia, más conocido como “Chino Malca”, quien en Chimbote manejaba una banda de extorsionadores y seleccionaba sicarios, como lo hizo para el crimen de Ezequiel Nolasco Campos en Huacho.
Bracamonte Méndez fue ultimado en una losa deportiva del P.J. Miraflores Alto, a plena luz del día y después de haber sorteado hasta otros dos atentados, quisieron silenciarlo y lo consiguieron y para que esto ocurra no solo se necesita alguien interesado en que no vuelvan a decir nada, sino un personaje que maneja dinero como para poder financiar esta clase de crímenes a sueldo.
Todo esto ha sido merituado por la Sala Penal de Apelaciones, en el expediente no existe duda alguna que quien promovió el crimen del fiscal Luis Sánchez Colona fue el empresario constructor Jack Castillo Castillo, esto se sabe desde hace más de dos años y si es que aquel no ha sido sancionado hasta el momento con el encierro en un presidio es porque lamentablemente existen jueces que son capaces de coronar la impunidad.
Afortunadamente, el Juzgado Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa no han permitido que esta suerte de impunidad siga vigente y han sancionado con fundamentos sólidos y contundentes que Jack Castillo debe ir preso 25 años.
Ha culminado el juicio y queda que el Ministerio del Interior incluya a este escurridizo personaje en la lista de los delincuentes más buscados del país, que fije una recompensa por información que permita su aprehensión y que las autoridades coronen esta condena con el encierro de un individuo que, amparado en el poder de su dinero mahabido en sus vínculos con el gobierno regional, cegó la vida de un prometedor abogado que se abría espacio en la magistratura. Esperemos que pronto lo ubiquen y lo trasladen a Cambio Puente.