“Pero el señor César Álvarez no tiene ni siquiera una patineta a su nombre”. Esta es una expresión de la periodista de investigación Milagros Leyva, cuando hacía el seguimiento a la red de corrupción de Ancash y advertía con espanto como en la gestión del ex titular de Ancas se habían esfumado cientos de millones de soles y no existían huellas de su paradero, no se podía colegir que el entonces presidente regional, principal responsable del manejo del erario regional, se había llevado ese dinero, por lo que solo cabía seguir la huella entre sus familiares, amigos y hasta presuntos testaferros.
Este ha sido una de los permanentes obstáculos que encontró la justicia cuando ha investigado a los funcionarios y ex funcionarios públicos sobre los cuales pesa sospechas de signos exteriores de riqueza y se generó toda una polémica en los albores de la década del 2000 cuando se debieron investigar a los engranajes del gobierno fujimorista.
Por entonces se estableció que por delitos contra los deberes de función no solo podrían ser juzgados y condenados los funcionarios públicos sino terceros que permiten y consolidan la fuga de dinero negro a través de sus cuentas o mediante blanqueo de dinero, generalmente son parientes, amigos o testaferros de los investigados.
La figura del cómplice en delito de enriquecimiento ilícito se ha aplicado desde hace muchos años y bajo esta modalidad fue condenada la suspendida alcaldesa de Chimbote Victoria Espinoza García, a quien el Ministerio Público detectó que había desviado recursos de procedencia desconocida en cuentas bancarias de parientes de su más estrecha vinculación, su pareja y conviviente Wuilmer Agapito Vásquez y su hija Olga Hoyos Espinoza.
La existencia de más de tres millones de soles en cuentas de su ex pareja, el hallazgo de más de un millón de soles en cuentas de su hija cuando apenas tenía 20 años de edad y ni siquiera contaba con una actividad económica que justifique sus ingresos, la adquisición de hasta tres modernos vehículos en la ciudad de Chiclayo fueron parte de esta investigación en la cual la funcionaria municipal no pudo justificar nada.
Por ello es que, al amparo de las pericias en las que se establecía que si bien la suspendida alcaldesa no presenta un desbalance patrimonial sí se observaba el hallazgo de millones de soles no justificados en las cuentas de su pareja y de su hija, la última de las cuales fue separada de la investigación por mayoría de edad relativa pero no por ello dejaba de sorprender que su patrimonio estuviera estrechamente relacionado con la actividad de su madre por .lo que se estableció la responsabilidad de la suspendida burgomaestre.
Esto que ha sido sumamente claro y contundente para los Chimbotanos ha sido desvirtuado y descartado de un solo plumazo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, la misma que ha evacuado una ejecutoria que retoma los viejos moldes de la impunidad y asevera, con el peligrosísimo rango de jurisprudencia vinculante, que un funcionario no puede ser condenado por delito de enriquecimiento ilícito cuando no presenta desbalance patrimonial y cuando su pareja o pariente no es funcionario público.
De nada sirven los hallazgos efectuados por la Fiscalía en las cuentas bancarias de los familiares, de nada sirve que se observen signos exteriores de riqueza, que los familiares de la suspendida alcaldesa hayan incrementado sus bienes de manera injustificada, como que también han adquirido una propiedad en el perímetro de la Plaza de Armas de la ciudad, para la Corte Suprema no hay sospecha que valga en adelante si es que el funcionario puede demostrar que sus cuentas personales están en orden.
Con esta increíble posición jurídica habrán muchos que sortearán fácilmente los juicios y las acusaciones, no existirá posibilidad de poder investigar la corrupción porque es evidente que ella no deja huella y el desvío del dinero negro, aquel que se obtiene de las prebendas y los malos manejos, ya no será un indicio siquiera de responsabilidad penal.
El ultimo martes ha sido un día negro para la moral pública, se ha sancionado con ribetes de escándalo la vigencia de la impunidad en el manejo de la cosa pública, con el agravante que este fallo servirá para que muchos otros casos se archiven y hasta para que algunos que ya han sido condenados por prestarse al ocultamiento de fortunas mal habidas, puedan demandar la revisión de sus sentencias porque la máxima autoridad judicial ha establecido que esto no es delito.
Cuando la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación de la suspendida alcaldesa y su conviviente, y, solo admitió este recurso de oficio porque requería establecer aspectos doctrinarios, muchos pensaban que solo buscaban enriquecer y fortalecer la lucha contra la corrupción, por un momento pensamos candorosamente que la autoridad judicial dejaría establecido jurisprudencialmente ese criterio que se ha manejado en la justicia del país desde hace poco más de diez años.
Lamentablemente nos equivocamos, por el contrario, los chimbotanos hemos asistido a una escandalosa ejecutoria que estaba en manos de los sentenciados mucho antes que se dicte o anuncie, que fue adelantada como si se trata de una primicia por el alcalde en funciones Julio Cortéz Rojas un día antes cuando advirtió que se absolvería a Victoria Espinoza y se ordenaría que se investigue a su pareja “por los errores que había cometido” al no haber contabilizado los dineros productos de su trabajo.
No queda sino reivindicar el trabajo de los jueces y fiscales de Chimbote, ellos hicieron un trabajo perfecto en busca de sancionar la corrupción, siguieron las líneas y moldes de la praxis jurídica y consideraron igualmente que es una majadería pensar que aquellos que se enriquecen ilegalmente en el ejercicio de la función publica van a depositar el dinero sucio en sus cuentas bancarias.
Si la Corte Suprema lo puede todo, al extremo de insultar a sus propios colegas de la magistratura de Chimbote, que lo haga pero que quede en la conciencia de cada uno de nosotros cómo se maneja la justicia y que se entienda porqué el Poder Judicial es hoy por hoy una de las instituciones más rechazadas en el seno social por las componendas a las cuales se presta. Este ya solo quedará como un capitulo aciago de la honorabilidad y la transparencia que tanto reclamamos en todos los sectores.