Tal como lo había anunciado, la procuradora municipal de la comuna distrital de Nuevo Chimbote, Aylin Luciano Loyola, solicitó el apoyo de la policía nacional para proceder a desalojar a los dueños de una ladrillera que se había instalado sobre terrenos destinados a la construcción de la vía expresa, los cuales había invadido sin reparos, pretendiendo quedarse en los mismos.
El accionar de la funcionaria edil fue inmediato, responde a esas atribuciones que le otorga la ley cuando se anticipa a una pretendida usurpación de terrenos y procede a desalojar a los ilegales ocupantes con el respaldo de la fuerza pública y con la diligencia que se requiere en estos casos.
En el lugar la propia funcionaria advirtió que tiene el deber de cautelar por la intangibilidad de muchos terrenos que existen en el cono sur y que pretende ser invadido por gente inescrupulosa que bajo el pretexto de la necesidad de vivienda, solo ocultan afanes delincuenciales del tráfico de terrenos.
Justamente, señaló que en el caso de los terrenos que ha desalojado se verificó la presencia de un individuo que reclamaba la posesión de los mismos y tenía el desparpajo de mostrar un documento extendido por la comunidad indígena de Chimbote y Coishco como la entidad que se los transfirió.
Sin embargo, ya todos saben en Chimbote la naturaleza informal e ilegal de esta comunidad indígena que de la noche a la mañana ha aparecido alegando que son herederos directos de los primeros pobladores de este puerto y como tal reclaman la titularidad de casi todos los predios libres que existen en nuestra ciudad.
Con solo recordar que estos audaces “comuneros indígenas” tuvieron la osadía de reclamar los predios y los frutos recaudados en el vivero Forestal de Chimbote, para lo cual emplazaron extrajudicialmente a la Diócesis de Chimbote, de allí que ya todos pueden darse una idea de la catadura moral de esta gente, con el agravante que pretendió lo mismo con el terminal terrestre, el terminal portuario y otras grandes propiedades que asume como si fueran de su propiedad.
Es evidente que a esta gente le falta un tornillo, empero, con esa misma audacia han instalado su centro de operaciones en las invasiones del distrito de Nuevo Chimbote, allí actúan no solo con las conocidas leguleyadas que sorprenden a propios y extraños sino con la presencia de gente de mal vivir que acosa y amenaza a los pobladores para exigirles que paguen una suma de dinero por el lote o se marchen de los mismos.
Esto ha sido denunciado hace poco más de una semana por la misma procuradora municipal, quien ha señalado “con pelo y señales” que en esta ilícita actividad están involucrados empresarios, abogados y profesionales de la ciudad, todo lo cual deja mucho que desear en la medida que el tráfico de terrenos se ha convertido en una herramienta de lucro y enriquecimiento y por ello es capaz de contar hasta con el respaldo policial.
Esto último ha sido denunciado la semana pasada por el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, quien entregó en la jefatura de la división policial las imágenes captadas por la cámara de seguridad del A.H. Villa Atahualpa, en las cuales se aprecia una unidad de las “Aguilas Negras” en una zona en donde miembros de la comunidad indígena se enfrentaban con pobladores por la ocupación de terrenos.
A juzgar por las imágenes, los Policías no habían acudido a lugar para dirimir alguna contienda, sino que se limitaban a observar los incidentes, dejando la impresión que estaban custodiando el delincuencial accionar de los traficantes de terreno.
Esta denuncia deberá ser materia de pronunciamiento del Jefe Policial, lo cierto es que la unidad de “Las Águilas Negras” está dedicada a la custodia de las entidades financieras, en otras palabras debería estar estacionada en la zona financiera de Chimbote o bajo la custodia de alguna entidad crediticia, empero, de ninguna manera puede aparecer en las invasiones de Nuevo Chimbote permitiendo que una casta de traficantes de terrenos se apropien de una franja de terrenos que forma parte de un asentamiento humano.
Es importante que los funcionarios de la municipalidad sureña se muestren atentos y expeditivos ante el accionar de los traficantes de terrenos, que defiendan en nombre de la comunidad los predios que están destinados a obras del futuro como la vía expresa y que formalicen cargos contra todos los especuladores que están detrás de traficantes de tierras solo para lucrarse. Esta debe ser una vigilancia permanente habida cuenta que esta gente está siempre al acecho en el cono sur.
OTRA PERLA MÁS
Los presupuestos del sector público fueron siempre una fuente de ambición y aprovechamiento por parte de funcionarios que llegan atendiendo a la confianza del titular del pliego pero que no se molestan en realizar triangulaciones con malos empresarios con la finalidad de sacar su parte en la cancelación de compras y servicios.
Este es el caso de la red de salud pacífico Sur, seis de cuyos ex funcionarios han sido procesados a solicitud del Ministerio Público tras hallar evidencia en su contra en el marco de la investigación preliminar que realizaron.
Nos referimos a una adjudicación directa selectiva que el año 2013 se le entregó al propietario de un taller mecánico con la finalidad de reparar dos ambulancias de las postas de salud de Yaután y Moro, empero, después de haber cobrado más de 116 mil nuevos soles, no se hizo trabajo alguno y casi dos años después se encontraron las unidades abandonadas en el mismo taller.
En este caso se advirtió un escandaloso caso de colusión, razón por la cual seis ex funcionarios han sido comprendidos en la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público y posiblemente, al final de la pesquisa, serán pasibles de una acusación que los lleva al banquillo de los acusados.
Esta clase de hechos no serán jamás ajenos al desempeño de las entidades públicas, siempre aparecerán por allí los avisados que tratan de sacar provecho al cargo y se coluden con malos empresarios con la finalidad de llenarse los bolsillos. Esta es otra perla más de la manera como se esquilman en la cara de medio mundo los dineros públicos, esperemos que el poder judicial recopile las pruebas y sancione a los responsables.