Editorial

Editorial: ::: FUMIGACION JUDICIAL :::

De manera sorpresiva dos “ex funcionarios comandos” de la Sub Región Pacífico, quienes se encuentran involucrados en el escandaloso caso de la “Desratización”, decidieron acogerse a beneficios procesales y se mostraron dispuestos de “decir su verdad” ante los magistrados que juzgan este caso.

Se trata de Jorge Meléndez Iberico y Yoni Benites Saldaña, quienes están acusados junto al ex alcalde Luis Arroyo Rojas y varios ex funcionarios de la misma entidad regional, así como un grupo de empresarios que se prestaron para perpetrar uno de los más audaces fraudes que recuerde la historia del gobierno regional.

Se trata de una escandalosa colusión mediante la cual se montó un proceso de selección que fue direccionado para adjudicarlo a un conjunto de empresas consorciadas pero que en realidad era manejadas por Binci López Sánchez, un sujeto testaferro de la mafia regional que se encargó de formular la documentación, de falsificar certificados y de acopiar documentos a sujetos que se prestaron a este manejo, como algunos malos empresarios del sector fumigación que se la quieren dar de moralistas.

Como ya es de dominio público, con esta modalidad se embolsaron nada menos que 3 millones de soles sin haberse efectuado trabajo alguno, solo simulando alguna que otra actividad pero sin fumigar ni desratizar nada, pues quedó demostrado que los promotores de este hecho ni siquiera adquirieron el veneno que deberían aplicar tal como lo corroboró el único concesionario en el país que lo distribuye.

Lo que ha ocurrido es que ante la acusación del Ministerio Publico, la semana pasada los dos ex funcionarios decidieron acogerse a la terminación anticipada, que es un beneficio procesal que se confiere a aquel que frente a los cargos del Ministerio Público acepta su participación en los hechos y se somete a los mismos, de tal suerte que es beneficiado con la disminución de la pena.

Este beneficio no alcanza a quienes toman parte decisiva en la comisión del delito y menos aún a quienes deben proporcionar detalles importantes para demostrar la participación de su co inculpados, de allí que la Sala Penal Liquidadora que los juzga rechazó la petición en la medida que los delitos imputados son de colusión.

Sin embargo, iniciado el Juicio Oral, curiosamente los primeros interrogados fueron los dos “arrepentidos” y por ello apelaron a la política del “sálvense quien pueda” y comenzaron a derivar responsabilidades en todos sus coinculpados, especialmente en la figura del ex alcalde Luis Arroyo Rojas, quien por entonces se desempeñaba como gerente de la Sub Región Pacífico.

Los ex funcionarios comandos olvidaron las lealtades que juraron en su oportunidad y sindicaron sin escrúpulos a Arroyo y Binci López como los verdaderos cerebros de esta escandalosa licitación fraudulenta de la desratización, dijeron que “fueron obligados” a adjudicar la buena pro a la empresa que representaba Binci López porque esas eran las órdenes del entonces gerente.

Sin embargo, en personajes que tienen vasta experiencia en estos cargos y en profesionales que conocen las consecuencias que genera la flagrante violación de la ley, resulta realmente candoroso pensar que ellos no tienen responsabilidad alguna y que resultaron ser solo una suerte de marionetas en todo este enjuague de corrupción.

Y es que ante las preguntas de los Vocales respecto a su participación se limitaron a señalar que se vieron presionados por el superior y que ellos no vieron un sol en el millonario fraude perpetrado a las arcas de la Sub Región Pacífico, lo cual es sumamente difícil de creerles a estas alturas.

Es evidente que los dos investigados tratan de salvar sus responsabilidad y pretenden endilgar toda la responsabilidad en otros, cuando es fácil advertir que todo esto no es sino parte de una colusión entre todos los funcionarios que toman parte en ella y los malos empresarios que desembolsan cuantiosas sumas de dinero para garantizarse la buena pro.

Y es que Meléndez Ibérico y Benites Saldaña no son dos calichines, por el contrario, se trata de personajes que la prensa los ha visto y escuchado mencionar en una serie de procesos penales que se ventilan ante el Poder Judicial, son los mismos nombres que aparecen en cuanto fraude de corrupción se ha perpetrado en la Sub Región.

Para muestra solo hace falta un botón, Yoni Benites Saldaña es el mismo personaje que está incurso en la escandalosa apropiación de un inmueble de propiedad de la Sub Región, el cual pretendieron que pase a propiedad de ellos a través de una serie de maniobras dolosas en la que se prestaron ex funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa y por ello todos se encuentran también en el banquillo de los acusados.

De allí que los magistrados deben tomar con pinzas los relatos de dos de los investigados en el escandaloso caso de corrupción a través de la llamada desratización, hay que tener en cuenta que este proceso penal ha sido ya materia de una condena y como consecuencia de ella tanto Jorge Meléndez como Yoni Benites debieron ocultarse y quedaron en la clandestinidad por varios meses en la medida que este mismo colegiado los sentenció a penas efectivas, empero, la Corte Suprema advirtió que no se habían actuado algunas pruebas y que era necesario que se amplíen las diligencias para que se expida un fallo lo suficientemente contundente.

Sin embargo, es importante que los propios encausados comiencen por reconocer los delitos, como lo hizo en su debida oportunidad Binci López Sánchez, el testaferro que se acogió inicialmente a la terminación anticipada y por ello ha sido condenado a 12 años de prisión efectiva por estos mismos hechos, situación que desde ya embarra de responsabilidad a los demás encausados.

Es posible que por ello Jorge Meléndez y Yoni Benites han pretendido hacer lo mismo, son conscientes que ya nada los salvará de una sentencia condenatoria, empero, tratan de despercudirse de responsabilidad endosando los actos dolosos en otros. Eso no puede admitirse, todos están metidos en la ensalada putrefacta de la desratización, así que lo mejor que puede hacer la Sala Penal es una fumigación  judicial para terminar de una buena vez con estos personajes que hoy se muestran arrepentidos pero que en su oportunidad dejaron putrefacto el ambiente institucional de Chimbote.