Editorial

Editorial: ::: AL DERECHO O AL REVÉS :::

Cuando el pasado mes de Julio un Juez de Investigación preparatoria aceptó los cargos del Ministerio Público contra el Gobernador Waldo Ríos Salcedo por delitos de Nombramiento Ilegal de cargo y dispuso que su enjuiciamiento se realice bajo las reglas del proceso inmediato, sostuvimos en este medio de comunicación que virtualmente la suerte estaba echada para el titular de Ancash y que era previsible que lo inhabiliten por 120 días como demandaba la acusación fiscal.

Este convencimiento se sustentaba en el hecho que esta clase de delitos son de puro derecho, su probanza está circunscrita a la revisión de documentos y la contrastación de testimonios, no existe mucho que evaluar y analizar para llegar a acreditar el delito, salvo las consultas que resulten necesarias.

Por ello los ancashinos nos quedamos en una sola pieza cuando tomamos conocimiento de la información llegada de Huaraz la semana pasada dando cuenta de la decisión de la juez del primer Juzgado Unipersonal de esa localidad, Dra. Roxana Luna León, determinando la absolución del Gobernador regional como su co investigado, el ex funcionario Abel Cuper Chávez Carrasco, quien fue juzgado por delito de aceptación ilegal de cargo.

Los hechos son por todos conocidos y tienen que ver con el ilegal nombramiento que dispuso el gobernador Waldo Ríos Salcedo para colocar a su co acusado Abel Chávez Carrasco como gerente de desarrollo social presentándolo como abogado de profesión, al fin y al cabo un requisito para asumir esas funciones es la de poseer título profesional.

Sin embargo, el mencionado funcionario no era tal, pronto la prensa descubriría que era uno de los tantos abogados bamba que pululan por diferentes ciudades del país pues el diploma que acreditaba era uno extendido por la Universidad Los Ángeles de Chimbote, la entidad fantasma que ha permitido que muchos seudo profesionales pretendan ejercer ilegalmente la profesión.

Aun cuando la Universidad ULADECH Católica de Chimbote y otras entidades respondieron a la Fiscalía que el mencionado personaje no había pasado por sus aulas y que el título profesional que mostraba era falso, la Juez Unipersonal ha absuelto no solo a Waldo Ríos sino a Chávez Carrasco esgrimiendo argumentos controversiales y que, realmente, dejan mucho que desear en la praxis judicial.

De acuerdo a lo que ha sido materia de información por parte de la oficina de comunicaciones de la corte Superior de Ancash, la juez absuelve a Abel Chávez Carrasco porque al momento de ser designado contaba con un título profesional de abogado, y, con relación a la legalidad de dicho documento aduce que el Ministerio Público no ha acreditado en el expediente que el documento estuviera al margen de la ley.

Luego, al evaluar la situación del gobernador regional lo exime de responsabilidad al señalar que no ha sido quien nombrara directamente al falso abogado, por el contrario, recoge las declaraciones de los funcionarios del gobierno regional y llega a la conclusión que la evaluación de los documentos del seleccionado y la elaboración de la resolución que lo designa como tal están a cargo del secretario general y otros gerentes que actúan como filtros en la legalidad de la designación de los funcionarios, por lo que no considera a Waldo Ríos como responsable de estos hechos.

Cierto es que la ciencia y tecnología ha avanzado mucho y ha cambiado radicalmente en los últimos años, sin embargo, las normas jurídicas y el derecho que se aplica a figuras delictivas como el abuso de autoridad en la modalidad de nombramiento y aceptación ilegal de cargo no ha variado en nada, sigue siendo la misma modalidad delictiva de la que se aprovechan malos funcionarios públicos para permitir el acceso a la actividad pública y merecedores ilegalmente de una serie de beneficios a quienes no cumplen con los requisitos que establece la ley, gente mediocre que no está preparada o capacitada.

La Juez de Huaraz es abogada de profesión, como tal asumimos que debe ser consciente de la naturaleza ilegal de la Universidad que crearon los hermanos Vega Corcuera y que mantuvieron unilateralmente funcionando a pesar que la máxima autoridad universitaria de entonces, la asamblea nacional de rectores la desconoció.

Como abogada, la Juez sabe que ninguna entidad puede emitir títulos profesionales porque se les da la gana, es consciente, que para que los profesionales del derecho obtengan un título profesional, como ella lo ostenta, deben hacerlo en las universidades autorizadas y legítimas, aquellas que cuentan con sistemas de graduación y que expiden títulos a nombre de la nación.

En consecuencia no puede sostener de manera ligera e irresponsable que al momento de ser nombrado el seudo abogado contaba con un título profesional porque sabe que eso no es cierto, más aun cuando el Fiscal de la causa ha declarado a los medios de comunicación que en la carpeta fiscal obra el documento de la SUNEDU que advierte que “los Ángeles” no es una universidad autorizada sino una entidad fantasma, razón por la cual llama poderosamente la atención la forma como ha obrado la magistrada.

Lo mismo ocurre en el caso de Waldo Ríos, pues aun cuando la designación de los funcionarios forme parte de un procedimiento que tiene instancias que actúan como filtros para poder establecer la legalidad de los documentos de quien ha sido seleccionado para un cargo, la responsabilidad en los nombramientos es del titular que firma el documento, solo puede responder por un acto de esta naturaleza quien lo suscribe.

Se tiene que tener en cuenta que el nombramiento de un gerente es un acto de confianza, en otras palabras quien lo suscribe conoce bien a la persona que ha seleccionado, de lo contrario, asume la responsabilidad de quien la propone que es otra persona de su entorno y absoluta confianza.

No se puede minimizar las responsabilidades, en este caso se pretende la absoluta impunidad en la entidad pública, se deja un mal precedente porque en el futuro cualquier otro gobernador actuará con la misma osadía y llevará a perico de los palotes o a un requisitoriado y nadie dirá nada gracias a este fallo que no sabemos si se ha dictado conforme a derecho o al revés.