Para nadie es un secreto que el Sindicato de Construcción Civil es sinónimo de violencia y agitación, lo ha sido siempre al extremo que hubieron malos dirigentes que lo convirtieron en apéndice político de la corrupción, así como hay otros que piensan que presionando con el ejercicio de la violencia van a imponer sus caprichos.
Lo cierto es que a lo largo de los años los Chimbotanos han sido mudos testigos de la forma artera y cuasi delincuencial como se han desenvuelto los gremios de obreros que en sus tiempos de vorágine política no vacilaron en marchar por las calles premunidos de palos y hasta con armas de fuego.
Por ello es que desde todos los sectores siempre se demandó mayor drasticidad y contundencia por parte de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial para sancionar a los responsables de estos hechos, no es posible que obreros fueran golpeados y masacrados, que empresarios se vieran constantemente amenazados y que obras públicas fueran destrozadas solo por la irracionalidad de sujetos que exigían de esta manera delincuencial que les otorguen mayor porcentaje de los cupos de trabajo.
Lo más grave es que se cometían toda clase de tropelías y nos les sucedía nada a los revoltosos, por el contrario, llegaban prestos abogados cancelados por la corrupción para exigir que dejen en libertad a los que eran detenidos y esto ocurría ante el desaliento de la población que solo advertía que ello era consecuencia de un engranaje de corrupción que se deslizaba desde los más altos niveles.
Por ello es que este sistema de violencia a la ultranza se entronizó en la época de la denominada red criminal, por entonces eran los gremios de construcción civil dirigidos por Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, quienes asumían el poder absoluto e en cuanta obra pública se ponía en marcha.
Cierto es que en las obras financiadas por el gobierno regional la disputa era interna, se peleaban entre los propios obreros por favorecerse por uno de los cupos del mayor porcentaje que recibía el gremio sindical, empero, en obras ejecutadas por los Municipios u otras entidades, la sangre siempre llegaba al río.
Hasta allí llegaban los dirigentes y los propios sindicalizados para exigir que se les reserven los cupos, para demandar a los empresarios que les adjudiquen a ellos la mayor cantidad de plazas y manejarlas a su antojo, pues conocida fue la práctica aquella del “derecho” que tenía que pagar cada obrero por el hecho de ser incorporado en la planilla.
Una de estas incursiones fue protagonizada por una facción encabezada por Moisés Pretell Pereda en la obra del Colegio “Miguel Grau” del Barrio El Acero, cuando ingresaron a gritos a exigir al Ingeniero residente que les entregue mas cupos y ante la resistencia que hallaron entre los propios obreros no vacilaron en efectuar disparos.
Lo que no calcularon estos revoltosos es que se encontraban a solo unas cuadras de la sede central de la Policía de Investigación Criminal, cuyos agentes escucharon los disparos y no demoraron un minuto en llegar a la escena de la incursión, sorprendiendo a los trabajadores cuando trataban de darse a la fuga y pudieron capturar en una Combi a los promotores de esta asonada, entre ellos a Moisés Pretell.
Tres agitadores fueron detenidos y llevados a la carceleta judicial, sin embargo, un Juez les dio libertad bajo argumentaciones jaladas de los cabellos y dejando la sensación que se mantenía esa gollería que les permitió años antes hacer lo que la gana se les daba, empero, el juicio continuó.
Posteriormente, apremiados por los cargos del Ministerio Público los otros dos detenidos se acogieron a la terminación anticipada y decidieron reconocer el delito que cometieron, eran conscientes que las pruebas no le permitirían tener la misma suerte que tuvieron cuando los capturaron, por ello confesaron que el arma de fuego la había llevado Moisés Pretell y que dicho dirigente fue quien encabezó el ataque.
Por ello es que la Juez Sara Valdiviezo Grandez ha condenado a Pretell a una pena de seis años de cárcel efectiva, no ha tenido miramientos al momento de imponer la ley y, esencialmente, para castigar un acto de violencia que no puede seguir tolerándose en Chimbote y en ningún lugar del país, en donde los obreros de construcción civil proceden con esta misma y beligerante intolerancia.
El ex dirigente de construcción civil había sido detenido en abril de este año, tenía una orden de prisión y por ello ahora ha seguido las incidencias de su condena a través de una video conferencia, por lo que se espera que haya comprendido que la gente de bien, los verdaderos dirigentes sindicales defienden sus derechos con medios civilizados, con educación y compostura.
No existe necesidad alguna de apelar a la violencia, este es el mensaje que nos deja este fallo del Poder Judicial que se dicta en un momento oportuno, en los prolegómenos del inicio de obras a nivel municipal y el reinicio de otras en el Gobierno regional teniendo en cuenta que ha llegado el dinero del canon minero y existen proyectos que están listos para ser retomados en el acto.
Esperemos que los actuales dirigentes de construcción civil, quienes no han vacilado seguir enfrentándose entre ellos, tomen conciencia de este fallo judicial, que se miren en el espejo de esta condena lo que les puede suceder si apelan a los mismos y salvajes mecanismos como lo hicieron sus antecesores, todos los cuales se encuentran en este momento purgando carcelería.
Aun cuando un fallo de estas características ha demorado demasiado, la justicia se ha encargado de enviarle un mensaje a los diferentes gremios sindicales que tiene a la fecha construcción civil, los está oficialmente notificando que lo mejor y más conveniente es trabajar y defender sus derechos por los canales del diálogo, por las vías que franquea la ley, pues si vuelven a tomar los palos y las piedras, si vuelven a infiltrarse con delincuentes que extraen armas de fuego, terminarán en Cambio Puente como ocurre en este momento con Moisés Pretell. Hay un sabio adagio que dice “guerra avisada…..”