OPORTUNIDAD
La decisión de Aryton Casahuaman Castañeda, investigado en el crimen del alcalde de Samanco Francisco Ariza y el abogado Henry Aldea, de ponerse a disposición de la justicia tiene una clara y evidente lectura que nos permite inferir que quiere colaborar con la justicia, que desea acogerse a los beneficios procesales e impedir cargar con culpas que pueden resultar, a la larga, más delicadas de las que le competen. El joven había fugado a Chile con Marco Vásquez Julca, el otro investigado conocido como “Chileno”, y había conseguido burlar la acción de la policía de Carabineros de chile cuando hace un mes atrás detuvieron a este último. En aquella oportunidad se informó que Ayrton estaba con “Chileno” pero consiguió fugarse. Lo cierto es que Ayrton es sindicado junto a “Chileno” como el engranaje entre los autores materiales e intelectuales del doble crimen, se dice que ellos contrataron a los sicarios por encargo de Carlos Bazán Castro, que es promoción de Vásquez Julca pero no habría tomado parte en el ataque armado. Hace unas semanas se pudo conocer que “Chileno” niega haber tomado parte en el atentado pero que conoce quienes son los autores. En este mismo predicamento debe estar Aryton, quien es consciente que en la situación que se encuentra pronto sería detenido pues el gobierno ya había fijado una recompensa por su captura, así que lo más conveniente era entregarse para revelar lo que sabe, un buen abogado debe haberle confiado que era lo mejor que podría ocurrirle porque por nada del mundo quedaría exento de pena en este execrable hecho. Vamos a ver si corrobora todo lo que su co investigado Marcos Vásquez Julca adelantó al Comandante Carlos Morales Guevara, el jefe de Homicidios que estuvo a cargo de la investigación de este hecho.
AÑANCA
La presidenta de la Junta de Fiscales del distrito fiscal del Santa. Dra. Nancy Moreno Rivera, ya debe comenzar a evaluar la situación del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, pues reiteradamente los jueces están devolviéndole la carpeta para que reformule su acusación o subsane clamorosos errores, lo que atenta no solo contra la celeridad de los procesos, sino contra la propia investigación que cae en vicios y errores. No lo decimos solo por lo que ha ocurrido anteayer en el juzgado del magistrado Eudosio Escalante Arroyo, en donde ha sido revolcado y zarandeado de la peor manera por no haber planteado su investigación conforme a la naturaleza legal de los delitos investigados, sino por otros casos anteriores. Si se investiga el delito de Lavado de activos debe haber identificado en su hipótesis de trabajo cual es el delito fuente, es decir, de donde provienen los dineros ilícitos que se están lavando, mientras que, por otro lado, no puede investigar a la vez el delito de lavado de activos con el de Cohecho porque una misma persona no puede cometer los dos delitos a la vez, le dijo el juez. La verdad es que los periodistas que seguíamos las incidencias de este caso nos quedamos en una sola pieza en la medida que el juez estaba diciéndole al Fiscal que no había iniciado esta investigación conforme a ley y que si no la corregía o modificaba se vería en la lamentable obligación de tener que anularla. Sucede que no es la primera vez que los periodistas son testigos de los emplazamientos que hacen los jueces al representante del Ministerio Público, ya en una oportunidad fue apresuradamente excluido por una Juez y finalmente separado por su misma institución al negarse a tomar los correctivos en su requerimiento acusatorio por su terquedad de mantenerse en su error. Todo indica que procederá de la misma manera, ha apelado la decisión del juez y tiene la intención de no acatar la exhortación judicial, con lo cual pone en serio peligro un caso mediático como es la pesquisa contra Waldo Ríos y los donantes que le entregaron un millón de soles para que pueda cancelar la reparación civil que tenía pendiente de hacía varios años, si se anula esta investigación y queda este caso en la impunidad será el Ministerio Público quien responda por este hecho, así que lo mejor será que ayuden al Dr. Añanca a salir de este hueco y se enmiende el requerimiento acusatorio para que no se perjudique a la sociedad que espera una sanción a quienes se coludieron para salvar una inhabilitación no solo con recursos cuya procedencia no han justificado sino con el objetivo de obtener un posterior beneficio.
ACUSACION
En Huaraz uno de los despachos de la fiscalía anticorrupción ha formalizado cargos contra 24 ex funcionarios de la red criminal de Ancash, es decir, de la gestión del encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar. El Fiscal anticorrupción Víctor Tullume Pisfil ha sacado el sable y ha solicitado penas que van hasta los 30 años de prisión efectiva, pues considera que estos malos funcionarios establecieron una suerte de mafia al interior de los órganos administrativos de Gobierno Regional de Ancash al disponer la contratación de una serie de servicios, como instalación de ventanas, puertas, servicios higiénicos, cableado, instalación de parquets, pintado de paredes, entre otros, de manera fraccionada a fin de que estos servicios no superen las 3 UIT’s y de esta manera no se convoque a procesos de selección. Lo grave es que el fiscal ha descubierto que estos servicios no se realizaron pero se cancelaron y fueron un total de 360 requerimientos de servicios (contratos) direccionados para beneficiar al empresario Lolo Arturo Luna Rojas, quien utilizaba a su entorno familiar como su esposa, su hijo y su hermano; que constituyeron empresas con este fin en complicidad con el ex Gerente de Administración y Finanzas. Que tales sabandijas, esperemos que la justicia los encierre y que el juicio oral se inicie y concluya por la senda que corresponda y no vayan a devolverle la carpeta al Fiscal como ocurre casi a diario en Chimbote.