HUMEDALES II
Vamos a seguir ocupándonos de los Humedales de Villa María (Parque Metropolitano), porque fueron las autoridades de turno las que prácticamente destruyeron la naturaleza con sus decisiones erróneas al adjudicar predios, mediante lotizaciones en áreas de naturaleza intangible. Nos estamos refiriendo a la Municipalidad Provincial del Santa y a la Dirección Regional de Agricultura ( Agencia Moro) porque fueron estos entes los que otorgaron la viabilidad documentaria para las lotizaciones que se fueron adjudicando en el lapso de una década o década y media. Cuando se forma el Parque Metropolitano, los terrenos que están a un costado de La Perla y llegan hasta la altura del río Lacramarca ya estaban lotizados y con propietarios inscritos en Registros Públicos. De la misma manera, se había lotizado la denominada zona Gran Trapecio Industrial, en la parte posterior del Terminal Terrestre hasta el río Lacramarca. Estas decisiones administrativas prácticamente sellaron la suerte de los Humedales de Villa María, es decir, han sido nuestras propias autoridades las que permitieron que esta zona se convirtiera en tierra de nadie. La industria pesquera con el peso de su poder económico hizo lo demás. Si bien es cierto que hoy en día está de por medio el Parque Metropolitano y la zonificación especial, que a la postre fue lo que impidió el desarrollo industrial que se había planificado con esa lotización. Hoy en día, la zona tiene características especiales y es muy difícil establecer algún negocio, pero el futuro de este denominado Parque Metropolitano es de absoluta responsabilidad; tal como lo mencionamos ayer, de la Municipalidad Provincial del Santa, que si bien solo tuvo una acción, en el Día de los Humedales, de recoger basura y desmonte, está en la obligación de dar las pautas para su futuro, de convertirse en un ente promotor y convertir el lugar en una zona turística. Ahora que se avecina una etapa electoral, estamos plenamente convencidos que el Parque Metropolitano pasará desapercibido.
FISCALIZACIÓN
Se acaba de aprobar en el Congreso de la República un proyecto de ley que va a modificar algunos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El objetivo de este proyecto señala que para la formación de comisiones investigadoras y el envío de informes a las autoridades competentes se requiere el voto favorable de no menos del 25% del total de miembros hábiles del referido consejo. Si bien es cierto, es loable la iniciativa de la congresista Norma Yarrow, el asunto va mucho más allá de estas normas porque el desempeño de los concejos municipales (Pleno Edil) y de los consejos regionales (Consejeros),depende de la capacidad de sus integrantes. No vamos a poner ejemplos pero podemos generalizar en el sentido que estos concejos, ya sea el Pleno Edil o consejeros regionales, están formados por personas que no están capacitadas para los cargos y que el trabajo que realizan en mayor porcentaje lo hacen por intereses creados. Ejemplos hay muchos y tal como señalamos es una generalidad. La iniciativa de la congresista Yarrow es importante, porque va a permitir que ambos plenos puedan establecer informes y aprobarlos con menos del 25% para que vayan con destino a la autoridad competente. En otras palabras, para ir con destino a La Contraloría o el Ministerio Público. Dicho proyecto va a modificar los artículos respectivos en cada una de las leyes antes mencionadas.
CADENAS PERPETUAS
Dentro de las informaciones que nos brinda de manera diaria la Corte Superior de Justicia de Ancash, hay datos de veras escalofriantes, pues en lo que va del año se han dado a conocer dos cadenas perpetuas por violación a menores de edad. Además, de dos condenas por veinte años cada una también por los mismos hechos (violación a menores de edad), al margen de las condenas por tocamientos indebidos. Lamentablemente son cifras que deberían llamar la atención y reflexión porque son menores de diez años las víctimas de éstos depravados que están penando carcelería en el penal de Cambio Puente. Precisamente la última confirmación de cadena perpetua son sobre hechos que han ocurrido en Tambo Real en el año 2015 y la otra fue por hechos ocurridos en Huarmey en mayo del 2019. Las condenas de veinte años son hechos producidos en enero del 2020 y en el año 2011. Mientras más drásticas sean las penas se espera que estos hechos disminuyan.