Así es imposible vencer a la corrupción:
Igual que los grandes males, las malas noticias también llegan juntas. En una decisión que ya no podía tardar más tiempo, la Fiscalía Anticorrupción del Santa acaba de abrir un proceso de investigación al jefe de la UGEL Santa, Prof. Miguel Arista Cueva, por el presunto delito de colusión en la compra de mascarillas y protectores faciales.
De acuerdo con el tenor de la acusación fiscal, Arista Cueva y el empresario Edgar López Rosales, representante del consorcio Verlamet, se habrían coludido no solo para pagar más del cien por ciento por el importe de esta compra sino también para incumplir deliberadamente con los plazos de entrega de dichos implementos .
Muy aparte del enorme daño económico cometido en agravio del estado, el mismo que superaría el millón de soles, esta desleal actitud ha puesto en evidencia un agravante mucho más comprometedor. Es el hecho que en plena pandemia, este acto delictuoso ha expuesto la seguridad sanitaria de profesores y demás servidores de esta importante dependencia regional.
Por otro lado, mediante Informe N° 018-2021, el Órgano de Control Institucional de la municipalidad provincial de Pallasca ha denunciado que esta comuna ha pagado la suma de 146,200 soles por la elaboración de informes legales que nunca fueron presentados. Todo habría sido pura pantomima para beneficiarse indebidamente con los fonos del estado.
En este caso también existen dos serios agravantes. Primero, que quien aparece como autora de los informes legales no es un abogado colegiado como lo exigen las normas de contratación con el estado, sino una bachiller en derecho quien no está calificada para asumir una responsabilidad de ese nivel. Y segundo, que el dinero con el que se pagó este servicio fantasma proviene de los recursos del canon minero cuya finalidad primordial es la atención de programas de salud y educación y no gastos supuestamente administrativos.
Asimismo, hace pocas semanas se supo de otro caso similar. Según un informe del órgano de control del estado, la municipalidad provincial de Casma ha pagado 113 mil soles por la elaboración de dos expedientes técnicos relacionados con la reparación de locales escolares. Pero en este caso, la unidad ejecutora no es precisamente la comuna provincial sino el Ministerio de Educación. Eso significa que se ha querido obtener indulgencias con avemarías ajenas. Textualmente, el informe de Contraloría especifica que “este pago resulta inaplicable porque la municipalidad provincial de Casma está exceptuada de incluirlo en el Programa Multianual de Inversiones”. Esta disposición la conocen perfectamente los funcionarios de la municipalidad de Casma pero, igual, más pudo el afán de aprovechamiento.
Aunque está demás repetirlo, hechos como éstos son pan de cada día en la mayoría de dependencias públicas de la región Ancash. De acuerdo con otro resumen dado a conocer por el órgano de control, durante el 2021 se ha hecho mal uso fondos públicos por un monto que supera los 47 millones de soles, mientras que 364 funcionarios han resultado comprometidos en faltas no solamente administrativas sino también de carácter civil y penal.
Como consecuencia de ello, después de Lima-Callao, Ancash se mantiene inamovible en el segundo lugar de las regiones más corruptas del país. Esa debería ser una razón más que suficiente para demandar a las autoridades la aplicación de sanciones más drásticas pero también más inmediatas y ejemplares contra quienes han colocado a Ancash en esta vergonzosa situación.
Por otro lado, se sabe de la existencia de muchos informes de Contraloría que están en el Ministerio Público y que hace mucho tiempo han debido pasar a la fase de investigación, pero inexplicablemente continúan empolvándose encima de los escritorios. Estos informes ha puesto al descubierto obras y adquisiciones sobrevaloradas, licitaciones amañadas, pagos indebidos y todas las demás modalidades que menudean en el sub mundo de la corrupción.
Debido a esta demora, muchas autoridades y funcionarios públicos que hace rato deberían estar pagando sus deudas con la justicia, se mantienen como si nada pasara. La ley tiene que medir a todos con la misma vara.