Editorial

MEDIDAS PRELIMINARES

Haciendo eco al clamor de la Policía y de la ciudadanía, funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa pusieron punto final, por fin, al funcionamiento de un establecimiento nocturno que se había caracterizado por ser fuente de escándalo, por registrar incidentes con heridos y muertos.

Se trata del local conocido como “el Zafari”, ubicado a la altura de la cuadra once de la avenida Pardo, en donde confluye gente de mal vivir, elementos de dudosa reputación que, luego de hallarse libando licor por espacio de varias horas suele trastornarse y generar serios enfrentamientos en los cuales menudean el uso de arma blanca o de fuego.

Este local había sido ya clausurado por la autoridad municipal por una sencilla y simple razón: carecía de licencia de funcionamiento y pese a ello funcionaba a vista y paciencia de las autoridades y ante el temor de la población por lo peligroso que resultaba.

Esto puede explicarse en el hecho que las normas suelen ser restrictas pero cuentan con vacíos que son aprovechados por leguleyos que eluden el accionar de las autoridades ediles a través de acciones judiciales que entrampan cualquier acción que se deciden a tomar, como por ejemplo, la clausura de un establecimiento.

A sabiendas que no les asiste la razón pero haciendo alarde de articulaciones diversas, hay abogados que se dedican a entrampar el accionar de las áreas ejecutivas de las Municipalidades, detienen cualquier intento de clausura o cierre de un establecimiento promoviendo juicios que son conscientes que van a perder pero que pueden dilatar por dos o tres años y en ese período seguir funcionando hasta que concluya la acción legal.

“Hecha la ley, hecha la trampa” dice un conocido adagio que describe el accionar de gente inescrupulosa que está dispuesta a todo para emprender negocios en los cuales solo prevalece el lucro y la utilidad, les interesa un comino si ella puede generar perdición entre adolescentes o serios enfrentamientos entre los beodos.

Por ello es que en alguna oportunidad los medios de comunicación dieron a conocer que en este mismo local “El Zafari” se suscitó una reyerta que derivó en la muerte de un pescador, una de las tantas reyertas nacidas en el interior de este establecimiento que terminó en la agresión salvaje de un delincuente que le hundió un puñal por la espalda a un comensal por cualquier pretexto que nacía der su irracionalidad etílica.

Lo cierto es que las autoridades hallaron el cuerpo del pescador en plena avenida Pardo, en la berma central hasta donde los enfermeros del Serenazgo llegaron para auxiliarlo pero ya era tarde, pues se encontraba sin vida, por lo que solo quedó convocar al Fiscal para el levantamiento del cadáver.

Sin embargo, cuando la Policía comenzó a investigar pudo establecer por las huellas de sangre que el infortunado hombre no había sido asaltado o atacado en la vía pública como aparentaba, sino que había sido arrastrado hasta ese lugar desde el interior del establecimiento nocturno en donde fue herido de muerte.

En esa oportunidad se informó que los propietarios había erradicado las huellas de sangre y arrojaron el cuerpo a la vía pública con la finalidad de evitar que trascienda, que el hecho de sangre había ocurrido en el interior, una acción alevosa que constituye delito, empero, se desconoce si las autoridades denunciaron o si procesaron a los responsables.

En este mismo establecimiento de detuvo al adolescente conocido como “Takeshi” quien, con apenas 17 años de edad, libaba licor a altas horas de la madrugada y fue sorprendido con un arma de fuego que al ser homologada se determinó que fue utilizada para atentar contra la vida del alcalde de Samanco Francisco Ariza y el abogado Henry Aldea, lo que da una idea de la clase de gente que concurre a ese lugar y cómo es que se permite la presencia de menores sin ninguna clase de restricciones por parte de los propietarios.

De allí que el accionar de la autoridad municipal es estelar e importante en esta clase de acciones y decisiones que terminan con las actividades ilícitas e irregulares de un establecimiento público, es la autoridad edil quien se encarga de tomar la medida y las demás autoridades secundan su accionar, como la Policía y el Ministerio Público.

Por ello es importante que esta semana no solo se haya clausurado el tristemente célebre “Zafari”, sino que han adoptado medidas similares en otros locales como “El Palacio del Cejas”, “el chato Huaranga” entre otros que se dedican a organizar fiestas con chancalatas que son las que suelen convocar a gente de mal vivir y las cuales derivan en enfrentamientos hasta de delincuentes que termina casi siempre con heridos, contusos y hasta muertos.

Dicho esto nos deja la impresión que por fin la autoridad municipal está reaccionando frente al funcionamiento ilegal de esta clase de establecimientos nocturnos que promueven la ingesta de licor y se constituyen en punto de concentración de gente de mal vivir, así como permiten el ingreso de menores que inician su camino al vicio y la perdición justamente en estos locales.

Sin embargo, en diciembre del año pasado, en este mismo espacio editorial escribíamos algo similar, aplaudíamos la decisión de la autoridad municipal por haber clausurado el establecimiento nocturno conocido como “Zafari” luego que se registrara en ese lugar una balacera y ante el pedido de los vecinos.

Lo grave y delicado es que esa era la tercera oportunidad en que se cerraba este local, es decir, que en dos ocasiones anteriores ya se había procedido a clausurar el establecimiento por su funcionamiento al margen de la ley, sin embargo, los propietarios se zurran en las acciones de la autoridad y vuelven a abrir sus puertas apelando a toda clase de subterfugios y pese a las protestas de la ciudadanía.

Por ello se espera que en esta oportunidad los funcionarios municipales y los Fiscales se pongan los pantalones largos, que entiendan que esta clausura es solo una medida preliminar que se tiene que complementar con el permanente monitoreo para que se impida que vuelva a abrir sus puertas. Si lo hace es una burla más a la autoridad que no puede tolerarse, tendrán que denunciar y llevar a los calabozos a quienes mantengan esa actitud de abierto desacato. No queda otra salida.