Una vez más:
Estaba cantado. El último fin de semana la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa intervino las oficinas de Sedachimbote para iniciar un proceso de investigación ante posibles actos ilícitos en la contratación y recategorización del personal. Esta probable irregularidad se habría producido durante la gestión del recién relevado ex gerente general Manuel Rodríguez Senmache.
La intervención fiscal en realidad no constituye ninguna sorpresa. Es algo que tarde o temprano tenía que caer por su propio peso. Desde febrero del presente año varios documentos llegaron al despacho del entonces gerente Rodríguez Senmache solicitando información respecto a la situación laboral del personal que ahí labora.
Uno de los remitentes fue el mismo alcalde provincial Roberto Briceño Franco, en su condición de presidente de la junta general de accionistas de Sedachimbote. Otro de los documentos lo envió la Lic. Shirley Mori, secretaria general del sindicato de trabajadores de la empresa. Pero como siempre y fiel a su estilo, el ex gerente general ignoró olímpicamente todas y cada una de estas peticiones. Para él, no pasaba nada. Todo estaba correcto.
Ante estos reiterados desplantes por parte del más alto funcionario de Sedachimbote, el propio Órgano de Control Institucional (OCI) de la empresa se vio en la necesidad de solicitar la intervención ministerio público; pues así lo disponen las normas que rigen el funcionamiento de toda empresa o institución donde el estado tiene intereses.
Se afirma que a la fecha la planilla de Sedachimbote está conformada por alrededor de 400 trabajadores entre funcionarios, empleados y personal obrero. Pero ya, desde hace buen tiempo, en los pasillos de la empresa corrían voces de alarma respecto a una serie de irregularidades en cuanto a gestión de ocupacional. Se hablaba de ascensos inmerecidos y privilegiados, con suculentos reintegros de por medio, mientras que muchos trabajadores, con mayor capacidad y meritocracia, se mantienen discriminados. Para unos cuanto, todo. Para la mayoría, nada.
Cierto es que gran parte del personal antiguo ingresó a trabajar a la empresa gracias a recomendaciones políticas y familiares, sin necesidad de acreditar conocimientos ni experiencia. Pero también es cierto que algunos de ellos, quienes ingresaron como obreros y auxiliares de oficina, con el paso de los años han logrado obtener un título profesional y lo correcto es que se les otorgue el derecho de acceder a un ascenso, pero por el camino de la legalidad. Nada puede ser más justo que ubicar a cada quien en el cargo laboral que se merece.
Eso es algo por lo que el gremio laboral siempre ha abogado, aunque sin haber logrado ninguna respuesta favorable. Lo mismo sucedió cuando se advirtió que el nombramiento de Rodríguez Senmache en el cargo de gerente general, se había consumado en forma irregular. Como se sabe, dicha designación fue adoptada cuando el directorio de la empresa se hallaba conformado por tan solo dos de sus cinco miembros, lo que le restó al nombramiento la necesaria legitimidad.
Por otra parte, la situación de Sedachimbote como Empresa Prestadora de Servicios (EPS) le impone la obligatoriedad de contratar a sus trabajadores por la vía del concurso público pero al mismo tiempo de mantenerlos en permanente evaluación.
Es de esperar, por eso, que la intervención fiscal se lleve a cabo a profundidad de tal manera que, por fin, el piso deje de moverse en Sedachimbote.