Por: CÉSAR GUTIERREZ PEÑA (*)
Cuando la reiteración de un mensaje se instala favorablemente en la opinión pública se convierte en fetiche, y los opinantes públicos sin convicciones se allanan dócilmente, por temor a ser fustigados o por estar irresponsablemente desinformados. Es lo que percibo de la reciente aprobación del proyecto legislativo presentado por el Poder Ejecutivo, denominado “Ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural” (PL-0679/2021-PE); donde los 43 votos de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han sido unánimes para apoyar esta norma que impone más Estado en aquellos sectores donde la incompetencia del Estado no ha promovido la inversión privada.
El proyecto aprobado promueve la participación estatal en tres ámbitos: tendido de redes de gas natural (GN), almacenamiento de combustibles líquidos y gestión de la disposición del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Soy de los que piensan que la actividad empresarial del Estado puede ir más allá del rol subsidiario que la Constitución establece como limitante, salvo aprobación del Congreso
He puesto en mi prédica, como buen ejemplo, el caso colombiano que, mediante la municipal Grupo de Energía de Bogotá, es operador dominante en nuestro país en la transmisión eléctrica, socio del monopolio de distribución de gas natural en Lima y Callao y propietario de la concesión monopólica de gas natural y distribución de electricidad en la región Ica. Pero para llegar a este nivel tiene que existir un modelo societario que otorgue confianza al sector privado y que no dilapide los recursos del Estado. Actualmente estamos en el peor momento para fomentar la incursión empresarial del Estado, por lo que percibimos de la gestión del gobierno de Pedro Castillo, de allí mi severa crítica.
Ampliando lo aprobado en el Congreso, parto de la premisa de que todos los recursos que serán utilizados en los tres ámbitos citados provendrán de recargos en los costos al consumidor de combustibles y electricidad, bajo dos conceptos que fueron aprobados en el 2012, en la llamada “Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética (SISE) de Hidrocarburos y el FISE (Ley 29852).
Con la recaudación el Estado financiará:1) la construcción de redes de gas natural, que las entregará para ser gestionadas a las empresas de electricidad estatales bajo el ámbito del Fonafe (Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) y de Petroperú (ya tiene a su cargo la concesión en Arequipa, Moquegua y Tacna); 2) la construcción de almacenamiento de hidrocarburos líquidos (GLP, diésel y gasoholes); y 3) lo que tradicionalmente ha hecho el FISE (GLP, conexiones de GN, equiparar tarifas eléctricas, conversiones a gas natural vehicular y suministro de electricidad con energías renovables en zonas rurales), con el agregado de que ahora el fondo tendrá personería jurídica.
Sobre la masificación del GN siempre he sido crítico. Es una inversión ineficiente del Estado, pues se requieren US$ 269 millones por cada 100,000 viviendas. Hay otras formas más eficientes de uso de recursos que se pueden debatir. En cuanto al almacenamiento, veo un esquema más apropiado en la inversión privada, con pago compartido entre las empresas usuarias directas y los consumidores; y sobre el FISE, habiendo obtenido buenos resultados, se empezó a diversificar su aplicación para satisfacer situaciones no contempladas inicialmente; ahora, con personería jurídica, el pronóstico es reservado.
En el Congreso, donde se supone que se hace evaluación política de coyuntura y de largo plazo, las bancadas de oposición no han entendido que es lo que significa dar prerrogativas a iniciativas estatales en estos momentos, en los que la crítica es permanente sobre los funcionarios designados y la censura de ministros por incompetencia se ha convertido en algo cotidiano.
(*) Publicado en El Montonero (www.elmontonero.pe)