Con ley discriminatoria:
En caso que el proyecto de Ley de Masificación del Gas se apruebe y se aplique en los términos que ha visto por conveniente el Congreso de la República, esta norma legal, que debería responder a una expectativa de hondo contenido social, podría convertirse más bien en una ley lesivamente discriminatoria. Y eso desde luego no le hace nada bien al país.
De llegarse a promulgar de acuerdo a los dictámenes que se han aprobado hasta este momento, la ley de masificación del gas no va a beneficiar por igual a todos los hogares peruanos como era de esperarse. Si se aprueba tal y conforme ha sido planteada, la ley podría resultar siendo un atentado contra el derecho de igualdad que le asiste a todos los peruanos.
De acuerdo con dichos dictámenes, nueve de las veinticuatro regiones del país, entre las que figura Ancash, quedarían excluidas de este beneficio. ¿La razón?. Según los miembros de la comisión encargada de su elaboración, la ley no debe incluir a las regiones del país donde la prestación del servicio de gas a domicilio está en este momento en manos de empresas concesionarias. Igual que otras ocho, Ancash es una de ellas.
Estas concesiones, como se sabe, tienen una cobertura hasta hoy bastante limitada. Debido a razones de carácter técnico y por supuesto económicas, el servicio que ofrecen las empresas concesionarias no incluye a las zonas marginales y mucho menos rurales. Como en el pasado, miles de familias que viven atrapadas en la pobreza, continúan preparando sus alimentos en fogones de leña y carbón.
Como lo ha hecho notar el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, todo el Perú está a la espera que la ley de masificación del gas, como su nombre lo indica, beneficie por igual a los hogares de todas las regiones del país, sin más ventajas ni desventajas que las que permiten las leyes. Pero por todo lo que viene sucediendo, existe el temor que el principio de igualdad solo quede en palabras.
Y no solamente eso. Por ser ahora el gas natural un servicio de primera necesidad como lo es el agua y la electricidad, su tarifa también debe responder a este principio fundamental y eso solo puede quedar plenamente garantizado a partir una ley que no consagre el divisionismo. Desde esta perspectiva, se entiende asimismo que la ampliación de la cobertura de este servicio debe estar en los planes regionales y nacionales, que solo se podrían ejecutarse bajo el mismo principio de igualdad.
La discriminación contra nueve regiones del país que pretende consagrar la mencionada ley, no hace sino augurar un divisionismo que nada bien le hace a los peruanos. ¿Dónde queda aquello de que el Perú es uno solo y más grande que sus problemas?.
En ese aspecto, creemos que el Congreso tendrá que evaluar una necesaria reconsideración, anteponiendo el principio de igualdad ante la ley. No dudamos que solo así, estaríamos evitándole al Perú más problemas de los que ya lleva sobre los hombros.