Los gremios de transporte público de la ciudad han acordado plantear una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal que ha establecido una nueva escala de multas por infracciones de tránsito, contra las cuales expresan su más absoluta disconformidad y la califican de arbitraria y abusiva.
El dirigente Líder Saavedra Paredes dio a conocer a la prensa este acuerdo que, según se afirma, tiene por finalidad el inicio de la recolección de 10 mil firmas que respaldarán el pedido de inconstitucionalidad de la norma municipal, pues aun cuando el requisito legal solo exige la acreditación de la mitad de ese número de firmas, ellos quieren demostrar que cuentan con el respaldo no solo de los transportistas sino de los usuarios.
La decisión de los gremios de transporte guarda relación con la nueva escala de multas por infracción de tránsito que ha aprobado la Municipalidad Provincial del Santa, con refrendo del Concejo Municipal, mediante la cual se modificó la ordenanza municipal que establece los montos de las multas y se endureció este régimen punitivo en porcentajes mucho más elevados.
Sin embargo, cabe precisar que esta norma municipal no se concibió de la noche a la mañana, como alegan los transportistas, tampoco es cierto que se expidió sin consultar a nadie, por el contrario, los medios de comunicación dieron a conocer las intenciones de las dependencias ediles y la necesidad de cambiar las reglas de juego en este sector y por entonces no hubo reclamo alguno.
Ello porque la informalidad en el transporte tenía sus raíces en un régimen leve y casi ridículo en la escala de multas que estaba vigente, los inspectores infraccionaban a los choferes que hacen lo que se les da la gana, que no respetan los paraderos, que no cumplen con sus rutas, que invaden otras líneas y ello no corregía absolutamente nada.
Y es que en esta materia de sanciones existe una norma que establece el pronto pago, es decir, aquella que le permite a un chofer que ha sido multado por infracción de tránsito, a reducir hasta en un 70% el valor de la sanción si es que cancela la papeleta en el término de los cinco días siguientes a su imposición.
Ahora bien, hasta antes que se modifique la norma, una infracción de tránsito común y corriente se sancionaba con 39 soles, lo que quiere decir que el informal, el que hace lo que se le viene en gana en las calles, tenía que pagar solo 11.70 soles, de tal suerte que si ganaba mucho más dinero en medio del desorden, infraccionando las reglas de tránsito y las disposiciones de la Municipalidad, entonces le convenía seguir al margen de la ley y pagando los montos menores por la escala mínima de las infracciones.
Esto es lo que observaron los funcionarios de la Municipalidad y advirtieron al pleno de regidores que existía la necesidad de endurecer el régimen de multas a efectos que los transportistas no saquen provecho de esta situación, no sigan promoviendo la informalidad en virtud de la ridícula multa que tenían que pagar.
Esta necia actitud nos hace recordar al descarado aprovechamiento de los empresarios del sector pesquero, quienes estaban prohibidos de capturar especies destinadas a la pesca de consumo humano, empero, no tenían reparos en capturarlas y ser multados porque eran conscientes que el monto de las multas no significaba nada en comparación a lo que obtenían con esta suerte de pesca negra.
Por ello es que la comuna provincial se ha visto precisada a endurecer el régimen de multas, seguramente en este esquema habrán casos en que “justos pagarán por pecadores”, empero, como lo han señalado los funcionarios y la propia Alcaldesa este nuevo régimen solo preocupa al informal, al infractor al que está acostumbrado a desempeñarse dentro del caos y el desorden, entonces que pague lo que corresponde por su irresponsabilidad.
Los gremios de transportistas han apostado por una acción de inconstitucionalidad, que es una acción de garantía que se plantea ante el Tribunal Constitucional con el respaldo mínimo de 5 mil firmas de ciudadanos, y contra una norma legal que contravenga la Constitución o que ha sido aprobada promulgada sin observar las formalidades y procedimientos previstos en la Constitución, que tiene como objetivo que se declare inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria. Â
No sabemos cuál es la contravención en la que ha incurrido la Municipalidad, empero, que sirva este régimen drástico de multas para que los transportistas aprendan a desempeñarse con orden y respetando las reglas de juego que acatamos todos sin excepción, “ya no vale llorar sobre la leche derramada”.
VACÍO DE PODER
El Gobernador provisional Enrique Vargas Barrenechea ya se encuentra instalado en el despacho presidencial de Vichay y respaldado con las credenciales expedidas por el JNE que lo avalan para dictar resoluciones sin inconveniente alguno.
Lamentablemente, hasta la semana pasada los gerentes y funcionarios nombrados por la gestión de Waldo Ríos se negaban a acatar las órdenes y decisiones de Vargas Barrenechea, se resistieron a dejar los cargos como ocurrió con la ex gerente de Chinecas y el ex gerente de la Sub Región Pacífico, Luis Chamorro Montoya, que llegó al extremo de atrincherarse en una oficina y pretendía quedarse tres días mas en el cargo.
Lo cierto es que esta transición ha demostrado que existe un vacío de poder cuando una autoridad, sea regional o municipal, es pasible de una sentencia condenatoria a pena efectiva, cuando es recluido en un penal o prefiere mantenerse como prófugo de la justicia.
Cierto es que la norma establece que opera la suspensión, sin embargo, se ha visto que se reclama para ello la expedición de credenciales y ese es un trámite que toma muchas semanas, tanto así que el JNE ha señalado que ya no se requiere que el trámite se haga por intermedio del acuerdo de consejo regional, que debe cumplir una serie de formalismos, sino que ellos pueden declarar directamente la suspensión y expedir las credenciales al sucesor. Sin embargo, en el caso de Ancash se han demorado 30 días con este procedimiento directo y eso es demasiado, se tiene que hallar la manera de hacer esta transición más expeditiva a efectos que la entidad no quede en la acefalia y el desgobierno. Mucho ojo con esto.