Incapacidad regional:
El 2 de septiembre del año pasado, los moradores de la II Etapa de la Urbanización Casuarinas de Nuevo Chimbote recibieron una noticia que despertó enorme beneplácito en la comunidad. El gobernador regional Henry Borja Cruzado les hizo saber que su despacho acababa de suscribir un convenio con la municipalidad de ese distrito para que el gobierno regional de Ancash se haga cargo de la obra de pistas y veredas de esta importante zona urbana con un presupuesto de 15 millones de soles. Y para que no quede la menor duda acerca de sus palabras, el gobernador anunció que en menos de dos meses empezaría la ejecución de la obra tan pronto como se concluya el proceso de licitación y firma del contrato.
Desde ese día ha transcurrido a la fecha exactamente un año y, no obstante todos los ofrecimientos que se hizo en un primer momento y que ahora se han convertido en evasivas, hoy en día nadie sabe con exactitud qué pasará con el futuro de esta obra. Como en muchos casos similares, el silencio ha terminado por sustituir a la euforia inicial.
Ante la falta de una explicación oficial por parte de la autoridad regional, los moradores han podido tomar conocimiento que la obra se encuentra en compás de espera debido a una serie de incoherencias que se han detectado tanto en el expediente técnico como en el proceso de licitación. Queremos pensar que, por tratarse de una obra de desarrollo urbano, es posible los técnicos del gobierno regional no estén tan bien informados como están los técnicos de un gobierno municipal. Otra cosa no podría explicar, tanta contramarcha y discordancia.
Pero eso no es todo. Por todo el tiempo que se ha perdido inútilmente, ahora se habla de la necesidad no solo de reformular el presupuesto sino también de realizar un nuevo proceso de licitación, hechos que no se sabe cuándo ni en qué condiciones se llevarán a cabo. ¿Habrá borrón y cuenta nueva o será la próxima gestión la que pague los platos rotos?. En todo caso, lo único que se puede colegir de todo esto es que los errores se pagan muy caro y que al final de cuentas el único perjudicado es la comunidad.
Entre tanto, los moradores de la zona amanecen y anochecen soñando con la ejecución de esta obra por la que tanto esperan. Y no es para menos. Las pistas y veredas por las que se desplazan diariamente tienen una antigüedad que supera los treinta años y son causa de serios problemas para el tránsito vehicular y peatonal.
En líneas generales, el caso de la urbanización Casuarinas, del que nos ocupamos en un comentario anterior, trae a colación un error de visión y misión del que hace ya buen tiempo adolece la gestión pública regional. Desde mucho tiempo atrás, el gobierno regional de Ancash insiste en hacer las veces de municipalidad regional ejecutando obras que son competencia de los gobiernos locales.
El Art. 9° de la Ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales, es muy concreto cuando se refiere a las competencias constitucionales de estos organismos de descentralización. En primer término, señala que los gobiernos regionales tienen como principal objetivo elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Regional Concertado, con las municipalidades y con la sociedad civil. Lo que significa pensar y actuar en función a un espacio territorial integrado y no aislado ni fraccionado.
Hemos visto sin embargo que los últimos gobernadores que han desfilado por esta dependencia lo han hecho con el firme convencimiento de sentirse dueños de la verdad y hacer prevalecer aquello de que “aquí se hace lo que yo digo”.
El segundo objetivo al que hace referencia su ley orgánica, exige textualmente a los gobiernos regionales promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería viabilidad, educación, salud y medio ambiente. Eso desde luego sugiere la capacidad de promover y atraer nuevas líneas de inversión que a su vez dinamicen el desarrollo económico y social de la región. Nada de eso sin embargo ha ocurrido en Ancash en los últimos veinte o veinticinco años, menos en los tres años y medio de la actual gestión.
En ningún momento la ley plantea que el gobierno regional haga las veces de una municipalidad provincial o distrital. Cada quien tiene sus propias funciones y debe responder por ellas. Zapatero, a tus zapatos.