El ex alcalde de Nuevo Chimbote Juan Francisco Gasco Barreto deberá meditar mucho respecto a su situación jurídica, pues está próximo a cumplir dos años en la clandestinidad y pesa sobre él un pedido de recompensa por su paradero luego de haber sido incluido dentro de la lista de los delincuentes más buscados del país por el Ministerio del Interior.
Ello porque la última esperanza que guardaba el ex alcalde sureño para salir del difícil trance judicial en el que se encuentra se esfumó la semana pasada cuando el Juez de Investigación preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo, declaró infundado el pedido de su defensa técnica mediante el cual esperaba que se dicte el cese del mandato de prisión que pesa en su contra.
Esta medida se pudo en debate en la parte final del control de acusación que se ha realizado ante el Juzgado anticorrupción y luego que archivaran varios extremos de la acusación del Ministerio Público, quedando este proceso reducido al enjuiciamiento contra tres personas cuando se inició con casi una decena de investigados.
Y es que en la fase intermedia de este proceso el Ministerio Público ha vacilado respecto a los cargos que formulara inicialmente, los delitos contra la función pública se redujeron a una colusión simple y la pena prevista ya no era la misma que se estimaba para los delitos con los cuales se iniciaron las pesquisas.
Ello dio lugar a que, por ejemplo, otro Juez de Investigación Preparatoria resolviera a favor del ex gerente Municipal Rodolfo Barrantes Machaca el pedido de cesación de prisión preventiva que se del dictó junto al ex alcalde Juan Gasco Barreto y fue esta medida la que abrigó la esperanza del último de los mencionados en merecer la misma medida procesal, empero, finalmente no se resolvió de esta manera.
Después de escuchar los fundamentos de la defensa técnica y del Ministerio Público, el Juez ha considerado que el ex alcalde Juan Gasco está sometido a un proceso en el que existe un concurso real de delitos, por lo tanto la pena a imponerse en caso se le halle responsabilidad no podrá ser menor a los cuatro años de prisión efectiva.
De la misma manera, ha calificado la situación jurídica del ex burgomaestre al determinar que existe peligro procesal, que no existe garantía alguna que el investigado pueda colaborar con la justicia en la medida que jamás se puso a derecho y, por el contrario, apenas pudo tomar conocimiento de la medida de prisión que pesaba en su contra se ocultó y ha eludido el mandato de búsqueda desde hace más de año y medio.
Si se tiene en cuenta la majestad de la justicia, lo que ha decidido el juez Escalante Arroyo es lo correcto y pone orden en la impresión que se lleva la ciudadanía respecto a las medidas que dicta el Poder Judicial y la manera como los jueces hacen respetar los mandatos emanados de cada uno de los juzgados, pues si una persona se encuentra en condición de prófuga de la justicia no puede sino generar dudas respecto a la posibilidad de colaborar en el futuro con el desarrollo del proceso.
Esto ha sido siempre una preocupación de los ciudadanos en la medida que se deja un delicado mensaje cuando algunos jueces varían la condición jurídica de un evasor de la justicia después de mantenerse en la clandestinidad por más de uno año, muchos piensan que la mejor manera de eludir a la justicia es escondiéndose y ocultándose, cuando lo normal es que el investigado se ponga a derecho y se defienda de los cargos.
Lo que sucede en este caso es que otro Juez calificó la situación jurídica del ex gerente municipal Rodolfo Barrantes sin tener en cuenta este aspecto que si se ha considerado para el ex alcalde Juan Gasco, de tal suerte que dos investigados por los mismos hechos y con similares responsabilidades ante la ley tienen en este momento una situación jurídica diferente cuando no debería ser así.
De todas maneras, la decisión del juez anticorrupción respecto al ex alcalde Juan Gasco lo expone a una persecución mucho más exhaustiva en la medida que en adelante existirán personas de su entorno o no que podrían delatarlo y señalar el lugar en el que se oculta, lo que daría lugar a que fuera detenido e internado en el Penal.
Por ello es que muchos consideran que ha llegado el momento de deslindar su situación y el abogado defensor ha señalado que la posibilidad de ponerse a derecho o someterse a los dictados de la justicia es una decisión que solo le compete al investigado.
Sin embargo, estamos convencidos que Gasco Barreto esperará el pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones al haber impugnado el fallo del magistrado de primera instancia, tiene aún la esperanza que en esta última posibilidad que le depara la ley pueda variar su condición jurídica, aun cuando a estas alturas ya es remota.
Lo que se viene es el juicio oral, deberán responder el ex gerente Rodolfo Barrantes y la empresaria Florinda Rita Ramírez Chávez, sobre quienes pesa una orden de comparecencia restringida y para quienes la fiscalía ha solicitado se les imponga una pena superior a los cuatro años por delitos de colusión, peculado y negociación incompatible.
Sin embargo, no han llegado a esa instancia todos los investigados inicialmente denunciados, fueron exonerados los tres ex funcionarios ediles que formaron el comité de adjudicaciones y uno de los cuales se expresó duramente contra el ex alcalde Gasco cuando se conoció la denuncia penal. Tampoco están los proveedores, algunos de los cuales revelaron muchos de los negociados bajo la mesa, empero, también han sido retirados de la acusación inicial.
Este es el caso del escandaloso video que se difundió en las postrimerías de la gestión del ex alcalde sureño y que recién asomó connotaciones penales en diciembre del año pasado, luego que la Fiscalía recibiera profusa investigación relacionada con estos hechos y que, en su momento, se dijo que incluyeron a colaboradores que son los que habrían descubierto los malos manejos en la administración edil.
En estas condiciones se inicia el juicio en el banquillo de los acusados, habrá que saber si el ex alcalde decide mantenerse en la condición de fugado o si la sala penal resuelve la apelación que ha formulado su defensa técnica para determinar si se mantiene con el mandato de 18 meses de prisión. No cabe duda que estamos ante un juicio en ciernes, uno de los casos emblemáticos que seguirá dando mucho que hablar.