Dispone que Procuraduría Anticorrupción formule denuncia:
La deficiente elaboración del expediente técnico en la obra Protección Riveras río Lacramarca – Sector Curva El Milagro, originó un perjuicio contra el estado por S/. 536,075 soles, que ejecutó el gobierno regional en el año 2020, y que según el informe control especifico N° 1949-2020-CG/GRAN-SCE, señala a dos funcionarios involucrados penalmente en estas tomas de decisiones ilícitas.
Según este informe, los funcionarios José Chinchay Morales (gerente de infraestructura) y William Percy Rojas Verau (Sub gerente de estudios de inversiones), ambos del gobierno regional de Ancash en el año 2019, resultan responsables de las pérdidas ocasionadas al estado por haber otorgado conformidad y aprobado el expediente técnico del referido proyecto.
En el año 2019, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, a través del Programa Sub Sectorial de Irrigación(PSI) del Ministerio de Agricultura, otorga la viabilidad del proyecto Protección Riveras del río Lacramarca – Sector Curva El Milagro por un monto de S/. 6’941,613 soles y transfiere al gobierno regional la elaboración del expediente técnico, tal como señala el estudio de pre inversión. Elaborar el expediente técnico señala un gasto de S/. 183,251 soles.
Lamentablemente, a través de resoluciones gerenciales firmadas por Edgar Chinchay Morales, se elaboró un expediente técnico por parte de Luis Alberto Cortez Lector por un monto de S/. 9’037,694 soles.
El informe del PSI señalaba que la elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados deben ceñirse a los parámetros bajo los cuales fueron otorgada la viabilidad. Eso no ocurrió.
Agregaba el estudio de pre inversiones que, el expediente técnico debe contar con el jefe del proyecto, un especialista en hidrología, un especialista en geología, un especialista en diseño hidráulico, un especialista en diseño estructural, un especialista en análisis de riesgo y un especialista en costos y presupuestos.
El informe de la Contraloría indica que el gobierno regional no realizó el proceso de selección para contratar al consultor que elaboró el expediente técnico. El expediente técnico fue elaborado por la persona Luis Alberto Cortez Lector, no participó ningún otro profesional, como solicitaba el estudio de pre – inversión.
En los procesos publicados por el SEACE en el 2019, no hubo ningún procedimiento de consultoría para este proyecto, y además el jefe de abastecimientos del gobierno regional, dijo que no hay ninguna contratación del consultor Cortez Lector que obre en su acervo documentario.
La Subgerencia de Abastecimientos informó a la Contraloría que existe una solicitud de pago por parte de Luis Cortez Lector, pidiendo el reconocimiento de deuda por la elaboración del expediente técnico de este proyecto por S/.25 mil soles.
Se le consultó a Cortez las razones de esa solicitud de pago y su respuesta fue que, el sub gerente de inversión, William Percy Rojas Vereau, prometió cancelar el expediente técnico. La versión de Percy Rojas sobre esto señala que, fue José Chinchay Morales quien recomendó a Cortez Lector para que fuese consultor del proyecto, porque lo conocía y porque fue su profesor de la universidad. Aseguró Rojas que, los montos establecidos fueron consignados por Chinchay.
El informe señala que la no participación de profesionales especialistas tuvo su repercusión directa en la calidad del expediente técnico pues, el residente de la obra Isaac Julca Jáuregui, en su informe de julio del 2020, señala el incumplimiento de los datos hidráulicos. Se tuvo que reformular el expediente técnico mediante adicionales y ampliaciones que generaron mayores costos.
Con las resoluciones gerenciales N° 184-2020-GRA/GR del 14 de setiembre del 2020, se aprobó un adicional de S/.382 mil 352 soles, pues el consultor utilizó un caudal distinto al que le correspondía, y mediante la Resolución Gerencial N° 170-2021-GRA/GR aprobaron un adicional de S/.222 mil 943 soles. Es importante precisar que los adicionales son producto de la deficiente elaboración del expediente técnico.
El expediente técnico fue elaborado por Luis Alberto Cortez Lector y no hubo ningún proceso de consultoría para su contrato.
La buena pro de esta obra fue ganada por el consorcio Lacramarca, integrado por las empresas OB Ingenieros Contratistas Generales S.R.L., COJAPRI Ingenieros E.I.R.L. y LCL Contratistas S.A.C. El representante legal de este consorcio fue Edward Iván Bardales Loyaga. Él firma el contrato el 09 de enero del 2020 con el gerente general del gobierno regional de Ancash, Jhonny Muñante Quispe por S/.8’354,536.59 soles. La obra debía ejecutarse en 90 días.
Según el informe, los problemas llegaron en febrero porque los datos del expediente técnico no eran verídicos y ante la inversión del órgano de control, Cortez responde con datos diferentes al que señalaba en el expediente técnico. En el mes de julio, el residente de la obra daba cuenta de estas diferencias y exigía los cambios en el contrato, es decir, prestaciones adicionales. En agosto, Bardales Loyaga presenta la solicitud por un adicional de S/. 382,352 soles.
El informe recomienda al procurador dar inicio a las acciones legales correspondientes contra José Chinchay Morales y William Percy Rojas Vereau, quienes son los responsables directos. También hay terceros participes, quienes son: Luis Alberto Cortez Lector y Jiordano Renzo Alva Pinedo.
Jhonny Muñante Quispe, William Percy Rojas Vereau y Jiordano Renzo Alva son personajes que están involucrados en el caso de las infraestructuras del hospital Regional, y donde también se involucra al ex gobernador regional Juan Carlos Morillo. De ellos quien ya no esta en el penal es Renzo Alva.
La obra fue terminada cuando ya había otra administración en el gobierno regional y además se habían dado las resoluciones para concretar los adicionales, pues de otra manera hubiera sido imposible terminarla. ¿Cumplirá su trabajo el procurador tal como lo recomienda el informe de la Contraloría?.