El Ministerio Público del Santa acaparó los principales titulares la semana que pasó y no lo hizo porque haya destacado en alguna intervención contra la delincuencia común o la delincuencia organizada, como muchos podrían pensar, sino porque es protagonista de un escándalo de corrupción que nadie imaginaria que podría haberse promovido en la entidad encargada de perseguir el delito y demandar sanción para los delincuentes.
Ello porque el escándalo de los malos manejos de los recursos destinados a su mejor funcionamiento desde la oficina de administración y tesorería de la institución no solo ha cobrado las primeras cabezas, que rodaron inevitablemente tras la denuncia, sino que tres de los funcionarios comprometidos han sido ya comprendidos en una investigación formal que deberá terminar con alguna condena contra los responsables.
Ellos son, como no podría ser de otra manera, Gino Reyes Roggero, ex administrador del distrito fiscal del Santa; Fernando Sergio Sotelo Valenzuela, responsable del fondo para pagos en efectivo de la Fiscalía (mas conocido como Caja Chica) e Isod Martínez Lozano, jefe del área de informática, quienes deben responder por los miles de soles que, aparente-mente, se han esfumado en compras y servicios fantasmas o que han sido sobravalorizados.
La disposición para que se inicie esta pesquisa estuvo a cargo de la Fiscal anticorrupción Angélica Bayes Antúnez, una de las magistradas del Ministerio Público que han demostrado mayor capacidad y cuya probidad y transparencia han sido destacadas en el foro Chimbotano, de allí que su presencia era sinónimo de garantía para los ciudadanos.
Sin embargo, de manera sorpresiva la referida Fiscal ha sido separada de esta investigación, a su solicitud, por la Presidenta de la Junta de Fiscales, Nancy Moreno Rivera, quien ha decidido entregarla a un desconocido Fiscal a pesar que se le sugirió, en primer lugar, trasladarla a su adjunto, dejando sembrada de esta manera una estela de dudas e incertidumbres sobre el futuro de esta pesquisa y la necesidad de castigar a los responsables.
Y es que nadie puede concebir la idea que no existan más involucrados en este festín de dinero registrado en la Fiscalía de Chimbote, el ex Administrador Gino Reyes no pudo actuar solo, necesita de la complicidad no solo de funcionarios subalternos sino de otras dependencias de la misma Fiscalía para obtener el visto bueno al egreso de un dinero que se manejó sin control alguno.
Por ello se requería que la pesquisa se encuentre en manos de gente experimentada, de Fiscales que puedan garantizar que se llevará adelante una investigación sería, profesional y transparente, por ello se pensó que la designación inicial de la Dra. Angélica Bayes cumplía con todos esos requerimientos y así lo puso de manifiesto en la primera disposición que ha dictado sobre esta carpeta.
Justamente, esto es lo que más preocupa más aun cuando se ha conocido el pasado fin de semana que el procurador anticorrupción no está satisfecho con el grupo de investigados en esta causa y considera imprescindible que se incluya a otros funcionarios de la misma Fiscalía que deben responder por el rol que han cumplido en lo que concierne a la fiscalización del manejo de los presupuestos de la Fiscalía, aquellos que por acción u omisión tienen también responsabilidad en estos hechos.
Y ha comenzado demandando que se incorpore nada más y nada menos que a la mismísima Presidenta de la Junta de Fiscales Nancy Moreno Rivera dentro de esta investigación en el entendido que aquella, por mandato de las directivas de su institución, ejerce una función de control sobre los funcionarios que han dilapidado los recursos de la entidad.
Ha explicado el procurador que en la disposición que impulsa esta investigación y que ha señalado un plazo de 8 meses para tramitarla, se sostiene que los implicados son funcionarios que dependen directamente de la Fiscal Superior Decana, principalmente Gino Reyes Roggero, ex administrador que se supone que la mantenía informado de todas sus actividades en la entidad, lo que deja un margen necesario para poder investigar.
“Es inconcebible pretender separar responsabilidades en temas de ejecución de gastos (caja chica, mantenimiento de locales, entre otros), entre el sujeto ejecutor (administrador) y quien en este caso ostenta el poder de mando, como es la actual decana de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera” señala el categórico pedido de la Procuraduría.
Inclusive, el Procurador Anticorrupción deja entrever la necesidad de analizar minuciosamente, y en el transcurso de las investigaciones con el acopio de pruebas, si es que estamos ante un caso de una presunta organización criminal para lucrarse con los recursos de la Fiscalía del Santa, en la medida que hay claros indicios de que habrían actuado en forma jerarquizada con división de roles (pues uno de ellos se encargaba de agenciarse de los comprobantes falsos para justificar el egreso de dinero) que ha actuado en un periodo específico (gestión de la actual Decana 2015- 2016) a efectos de apropiarse de los recursos remitidos por la gerencia de contabilidad y tesorería de la Fiscalía de la Nación destinados al mantenimiento y reparaciones.
Si esto es así, si ya la Presidenta de la Junta de Fiscales tiene un pedido de investigación por parte de la defensa del estado, lo más recomendable es que dé un paso al costado, se aparte de cualquier control de esta pesquisa y deje que este caso se maneja a nivel de una entidad imparcial, como podría ser la Contraloría General de la República
Justamente, a propósito de todo este desenlace, la Dra. Nancy Moreno ha señalado el fin de semana que se allana a cualquier investigación y la intervención de sus cuentas personales o institucionales porque no tiene nada que ocultar.
Si esto es así entonces hay que tomarle la palabra y encausar este peliagudo caso por la senda de una necesaria transparencia e imparcialidad que amerita una investigación contra la misma Fiscalía. Ello solo se podrá conseguir dejando que el organismo de control ingrese al aparato administrativo, contable y financiero del Ministerio Publico del Santa y revise los manejos que se han registrado los últimos tres años. Esperemos que todo este entuerto se deje en manos de otros.