El pasado 1 de noviembre, el Gobierno de Pedro Castillo y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un acuerdo para que se active la Carta Democrática Interamericana, tras argumentar que existe, por parte de los poderes opositores, “un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú”. El organismo internacional resolvió enviar a una delegación de alto nivel, con la finalidad de hacer un análisis de la situación política del país en seguimiento a la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú”.
Dicha delegación tuvo reuniones, el pasado lunes 21 y martes 22 de noviembre, con diversas instituciones y actores del quehacer nacional, y ahora prepara un informe que será presentado al Consejo Permanente de la OEA y en el que propondrá medidas para el diálogo.
Evidentemente, todos estos hechos, que principalmente involucran las distintas investigaciones que tiene el presidente de la República, así como otros funcionarios públicos, afecta la institucionalidad del país. Con relación a este tema, es importante cuantificar y relativizar cómo estamos en este aspecto en comparación con otros países de la región.
Al respecto, la Red Liberal de América Latina (Relial) elabora y presenta anualmente el Índice de Calidad Institucional (ICI), donde se compara el nivel institucional de 183 países en cuanto a instituciones. Este indicador está basado en dos subíndices, uno para las instituciones políticas y otro para las instituciones de mercado, los cuales a su vez están compuestos por cuatro indicadores. Es decir que, en total, el ICI está conformado por ocho aspectos.
En lo que respecta al subíndice de calidad de las instituciones políticas de 2022, este se forma tomando en cuenta el índice Rule of Law, del Banco Mundial; Voz y Rendición de Cuentas, de la misma entidad; Libertad de Prensa, elaborado por Reporters sans Frontières; y Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional. Mientras que los indicadores que formaron originalmente el subíndice de instituciones de mercado son el Índice International de Derechos de Propiedad (IPRI); Libertad Económica, de The Heritage Foundation; Libertad Económica, de Fraser Institute; y Prosperity Index, que elabora el Legatum Institute de Londres.
Los resultados de estos subíndices evidencian el deterioro que padece la mayoría de los países de la región. Ninguno de los países de Latinoamérica se encuentra entre los 20 primeros. Chile ha presentado un permanente liderazgo a lo largo de los años posicionándose como el mejor ubicado de Sudamérica. Actualmente, se encuentra en el puesto 24; sin embargo, peligra su posición debido a los cambios institucionales que se están llevando adelante. Por otra parte, existe un avance sostenido de Uruguay (puesto 31), el cual se encuentra en muy buena posición en calidad institucional política (puesto 19), y tiene posibilidad de mejora en sus instituciones de mercado (puesto 47), por lo que el estudio afirma que pronto este país sería el ejemplo de la región.
El Perú se encuentra en la posición 71, considerado por parte de la Relial como un nivel mediocre. Al desagregar este resultado, hallamos que la calidad institucional en los organismos peruanos se ubica en la posición 89, mientras que las instituciones de mercado ocupan la 63.
Adicionalmente, tenemos las cifras expuestas por la Contraloría General de la República, en relación con las pérdidas económicas por corrupción, las cuales ascendieron a más de S/ 24,000 millones en 2021; esto implica que S/ 13 de cada S/ 100 del presupuesto nacional ejecutado se pierde por robos o sobrecostos por parte de los funcionarios. Según dicha institución, la mayor pérdida del presupuesto se dio en el Gobierno nacional, pues el perjuicio estimado fue superior a los S/ 11,000 millones, un 10.4% del gasto realizado en el año. A nivel regional, el prejuicio ascendió a más de S/ 4,000 millones.
En la misma línea, Ipsos presentó su Informe de Resultados para el CADE Ejecutivos 2022. En este se destaca que, según el empresariado y la ciudadanía, la corrupción es el principal problema del país, por encima de la delincuencia. El tercero ha sido mencionado anteriormente: la crisis y la polarización política.
Es preciso tener en cuenta esta información para entender en dónde radican los problemas de las instituciones en nuestro país. Estas son el reflejo de cómo nos presentamos ante el mundo. Así, la situación se presenta muy desfavorable, y todavía peor cuando se compara con los países de la región.
La solución óptima no pasa por solicitar un tercero dirimente, sino porque el Gobierno busque salidas por consenso que pongan por delante al ciudadano, y que brinden confianza y predictibilidad tanto a la ciudadanía como a las inversiones en nuestro país.
(*) Por ComexPerú / Semanario 1145 – Actualidad