Los docentes que accedieron a los cargos de directores el año pasado en mérito a un concurso público debidamente establecido por la ley magisterial han anunciado que en caso los dejen al margen de sus funciones procederán a tomar acciones legales contra las autoridades de turno por el abuso y atropello que se cometerá contra ellos.
Un grupo de 35 docentes se ha visto perjudicado como consecuencia de una resolución judicial expedida por un desconocido Juez de la provincia de Rodríguez de Mendoza, jurisdicción de la región Amazonas, quien ha decidido declarar fundada una medida cautelar solicitada por ex directores que quedaron al margen de su cargo al no haber superado el examen realizado por el Ministerio de Educación.
En un lugar lejano en donde seguramente ni conocen la realidad de los pueblos y la educación de la zona costa, un juez suplente se ha atrevido a desafiar el mandato de la ley y con argumentos trillados y rebuscados ha admitido una acción de amparo planteada por docentes que se rebelaron ante el proceso de evaluación que convocó el Ministerio de Educación a efectos de establecer la asignación de las plazas de directores en función a los méritos y la capacidad que demuestre cada uno de ellos.
Se estaba aplicando la nueva ley magisterial, aquella que ha dejado de lado los moldes tradicionales y arcaicos que tenía secuestrada la educación en el país para imponer un régimen de meritocracia, un sistema en el cual deben acceder a los mejores puestos y los mejores sueldos quienes se encuentran mejor preparados, quienes se han preocupado en capacitarse, quienes han desarrollado cursos y maestrías y, en líneas generales, quienes realmente se lo merecen y lo demuestran en una evaluación.
Este proceso concluyó con la designación de los nuevos directores, sin embargo, aquellos que no se presentaron y los que resultaron “jalados” en el proceso de evaluación renegaron de este sistema y patearon el tablero de la ley magisterial, decidieron iniciar acciones judiciales con la finalidad de ser reincorporados aun cuando no tuvieron éxito.
Diversas demandas se pasearon por juzgados de nuestra región en donde fueron totalmente desestimadas, lo mismo ocurrió en la capital de la república y cuando se pensaba que este era un tema superado, de pronto, un Juez de la provincia de Rodríguez de Mendoza, en la selva peruana, decide amparar una demanda de directores rebeldes de la provincia del Santa y ha ordenado que la autoridad educativa los reincorpore en los cargos.
Aunque suene a un chisté de mal gusto, esto ha ocurrido la semana pasada cuando han llegado las notificaciones respectivas en las que se advierte que un juez que no tiene relación alguna con nuestra realidad, que no tiene competencia territorial con la administración de justicia de Ancash, ha emitido una orden que pretende no solo perturbar sino perjudicar el cierre del año escolar en nuestra ciudad, al disponer que aquellos que demostraron que no estaban capacitados para ejercer el cargo o que no quisieron someterse al mandato de la ley, deberían asumir de inmediato los cargos dejando de lado a quienes han organizado el año lectivo que ya termina.
Esto ha generado la lógica respuesta del Ministerio de Educación que ha denunciado penalmente a este pésimo Juez no solo por haber osado resolver un caso que no es de su competencia sino que lo ha hecho al margen de la ley en la medida que frente a una medida cautelar lo menos que se puede hacer es correr traslado a la parte contraria.
En este caso, si los directores han demandado al Ministerio de Educación y al gobierno regional de Áncash, sus procuradores debieron ser notificados para hacer valer su derecho a la defensa, empero, el tremendo Juez de Rodríguez de Mendoza ha omitido este detalle y ha resuelto de manera directa amparando una acción de garantía de manera totalmente cuestionable.
Pero eso no es todo, los asesores legales del portafolio de Educación han reparado que esta demanda no podía ser admitida en la medida que existe un proceso pendiente planteado por los mismos demandantes que se encuentra con recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de la República, por ende, no habiéndose agotado la vía judicial lo que debió hacer el juez es rechazar laminarmente la demanda.
Ello explica las razones por las cuales los directores demandantes han debido recurrir al otro extremo del país para conseguir un fallo favorable, han optado por la conocida “ruleta judicial” aquella que se vale de las deficiencias de la ley para permitir que una acción de garantía de un lado del país se pueda plantear en el otro extremo dejando de lado las reglas de la competencia que rigen para cualquier acción judicial.
¿Por qué tenían los ex directores que viajar hasta la región Amazonas para plantear una acción de amparo y solicitar una medida cautelar cuando bien pueden hacerlo ante los juzgados y salas de nuestra región? Es evidente que lo hicieron porque fueron en busca de esos jueces que se prestan a todo, como en este caso se ha resuelto de manera ilegal una demanda que no estaba premunida de todos los requisitos que necesitan para ser admitida a trámite y, peor aún, resolverla contra lo que establece la ley.
Por ello es que muchos demandamos al Director Regional de Educación de Áncash que no acate ese mandato judicial que estaba manchado de ilicitudes, empero, hace solo unos días el profesor William Llajaruna ha revelado públicamente que autorizará la reincorporación de los ex directores porque se debe cumplir con lo que ordena la justicia, aun cuando es consciente que el Ministerio de Educación a través de sus asesores legales ha impugnado ese írrito fallo judicial.
Lamentablemente, cuando la justicia se ejerce de esta manera irregular nos encontramos con escenarios complicados que solo exponen la estabilidad de la educación, estamos en el cierre del año y es contraproducente que se pretenda cambiar a los directores cuando los planteles se encuentran a menos de dos semanas de culminar el año escolar. Las autoridades deben comprender que el fallo del Juez de Amazonas contiene una medida inejecutable y se debe apelar a todos los recursos legales posibles para que no perjudique la marcha de la actividad educativa. Esto es lo más importante.