No solo aquellos que suelen eludir la ley y la justicia se encuentran de plácemes con la huelga judicial, el Gobernador Regional provisional, Enrique Vargas Barrenechea, también debe haber saludado la medida de los trabajadores del organismo jurisdiccional pues gracias a ella se frustró el inicio del primer juicio oral al que será sometido.
En efecto, la semana pasada la autoridad regional se puso a derecho ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Áncash, en Huaraz, que está a cargo de la juez Violeta Luna León, empero, ante la imposibilidad de instalarla quedó frustrada, pues los servidores judiciales solo permitían la atención de reos en cárcel y los procesos de alimentos.
La fecha de reprogramación de la audiencia solo se fijará cuando los servidores judiciales levanten la huelga y se retomen las actividades en los diversos juzgados, por lo que estando a los pocos días para que culmine el año, se considera que ello ocurrirá recién el 2017.
Los hechos por los cuales viene siendo juzgado Vargas Barrenechea se remontan a la época electoral, cuando los candidatos presentaron sus declaraciones juradas contenidas en sus hojas de vida y al contrastarse la información revelada por el hoy Gobernador provisional Enrique Vargas se detectó que los estudios de gastronomía que dice haber efectuado en un instituto especializado de Chile no fueron corroborados porque el nombre de la institución que señaló NO EXISTE.
Por ello es que viene siendo juzgado por delito contra la fe pública en la modalidad de falsa declaración, cargos que se sustentan en documentos fehacientes como con la hoja de vida del acusado, el documento remitido desde Chile en el que se informa que el Instituto en el que se dice ha estudiado Gastronomía no existe, así como las declaraciones de los involucrados, razón por la cual la Fiscalía ha solicitado se le imponga dos años de pena suspendida e inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
Lo que no puede dejar de llamar la atención a los ancashinos es que la región acaba de ver como su anterior gobernador Waldo Ríos Salcedo, ha debido dejar el cargo como consecuencia de procesos penales que tenía pendiente, en el primero de los cuales la justicia lo ha condenado a cinco años de pena efectiva y en estos momentos se encuentra recluido en el penal “Víctor Pérez Liendo” de Huaraz.
Esto quiere decir que apenas hace dos meses que Ancash se quedó sin Gobernador por problemas del antecesor con la justicia y ya su remplazante empieza a padecer las mismas contingencias, es citado a comparecer en el banquillo de los acusados, pesa en su contra un pedido de cárcel suspendida y deberá esperar una sentencia que puede ser condenatoria u absolutoria, dependiendo de las pruebas que se tengan en ese momento.
Muchos podrían considerar que esto debería formar parte de un guion de alguna novela o de una película de ficción, empero, es la dramática realidad que se vive en Ancash y uno de los principales factores para que nos encontremos en un severa crisis generada por la inestabilidad en el manejo y conducción de la Región.
Obviamente, el destino no es el responsable de todo lo que nos ocurre, son los propios pobladores quienes han generado este escenario cargado de ignominia y que expone de manera preocupante la estabilidad económica de la región pues ha colocado al frente de ella a personajes que no solo no están capacidad para conducir gerencialmente una región, sino a personas descalificadas que arrastran una serie de antecedentes que los enfrenta con la justicia con resultados que han sido ya desagradables y que pueden serlo mucho más.
Cierto es que los hechos por los cuales viene siendo juzgado el gobernador regional no son de la misma gravedad que aquellos que se ventilaron en contra de su antecesor, empero, una eventual condena aun cuando fuera a pena suspendida lo expone a una inhabilitación que lo dejaría igualmente fuera del cargo con las consecuencias funestas que ello significaría para los ancashinos.
De todas formas cuando concluya la huelga judicial se reprogramará la audiencia del juicio sumario al cual será sometido el gobernador Enrique Vargas Barrenechea, lo cual significa más incertidumbre para una población que ya no entiende hasta donde vamos a llegar en este plan.
NUEVA INFRAESTRUCTURA
Con la presencia de una representante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia del Santa inauguró la semana pasada la nueva infraestructura destinada a los procesos que se tramitan con la aplicación del nuevo código procesal penal, la misma que ha sido diseñada especialmente para ese cometido.
Con salas de audiencia debidamente acondicionadas con sistemas de audio y video, con equipos incorporados para la transmisión vía teleconferencia y con todo lo necesario para llevar cómodamente las audiencias de los controles de acusación y juicios orales, la nueva infraestructura se ha entregado después de cuatro años de haberse iniciado en su edificación por parte del gobierno regional.
En realidad ya todos saben lo que sucedió con las obras del gobierno regional, por ello se esperó pacientemente que se concluyera con infraestructura judicial que está ubicada al costado del módulo básico de justicia de Nuevo Chimbote y que se constituye como el nuevo enclave de la actuación jurisdiccional en nuestra ciudad.
Si bien es cierto se ha inaugurado la obra de manera parcial en la medida que aun faltan concluir acabados en los pisos superiores, la implementación de esta nueva infraestructura tiene capital importancia para la administración de justicia, más aun cuando el principal problema son los espacios y los horarios para los cientos y miles de juicios que se desarrollan en todas las especialidades. Ahora los juicios penales tendrán la ventaja que cuentan con ambientes más cómodos y especialmente edificados para esa clase de procesos. La pelota ha quedado entonces en la cancha de los magistrados.