ABERRANTE
Con este duro, pero acertado calificativo graficó el abogado Victor Chero Maldonado el accionar del fiscal Laureano Añanca Chumbe y el de todos los fiscales que vienen formulando requisitorias escritas sin que cuenten con una teoría del caso, hecho que consideró como sumamente delicado porque no solo descubre la precaria preparación de ciertos magistrados como para afrontar procesos con el nuevo modelo procesal, sino porque puede significar una puerta abierta a la impunidad por exclusiva responsabilidad del Ministerio Público. El letrado señaló que fue patético escuchar al Fiscal Añanca, en la audiencia de control de plazos que se convocó en el caso de los Policías que han sido acusados de filtrar información a las organizaciones delictivas, cuando señala que “no sabía a ciencia cierta cuales eran las imputaciones concretas contra cada uno de los investigados, pues ello lo iba a determinar con el correr de las investigaciones”. Y es que no le falta razón al letrado, si los abogados de la defensa han solicitado un control de plazos es porque el término de la investigación ya concluyó y el Fiscal no se ha pronunciado como corresponde, es decir, formulando una requisitoria o solicitando el sobreseimiento de la causa, pues ya no puede solicitar un nuevo plazo. Esto quiere decir que si estamos en la parte final de la investigación ¿Cómo se puede entender que el Fiscal reconozca que no tiene una estrategia de investigación?. Entonces la pregunta que se cae de madura es ¿Qué es lo que está trabajando, es acaso que está nadando en la incertidumbre y espera un golpe de suerte como para poder acusar a los investigados?. Ahora se entiende por qué el Juez Eudosio Escalante Arroyo dictó hace unas semanas una resolución notificando a la oficina de control interno del Ministerio Público sobre el desempeño de los fiscales y la necesidad que se impulse los procesos de acuerdo a la normatividad, no se puede pretender sostener una grave acusación, como es el pago de supuestas coimas y sobornos sin tener una idea concreta de las pruebas que respaldan los cargos incriminatorios. Parece que hay casos que se les van de las manos a la Fiscalía y el relacionado con los Policías es uno de ellos.
DE MALAS
Hace solo una semana el Poder Judicial le ha negado al ex ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial del Santa, Adolfo Varas Vásquez, la posibilidad de variar su condición jurídica y salir del Penal de Cambio Puente donde se encuentra recluido hace nueve meses respondiendo a cargos por delito de corrupción. La defensa técnica de Varas Vásquez esperaba que los magistrados compulsen los resultados de las diligencias realizadas en la última fase de la investigación preparatoria, como la inspección ocular y las testimoniales de los servidores del área de rentas de la comuna provincial, empero, a criterio de los jueces eso no es suficiente para desvirtuar los cargos que pesan en su contra. Ahora bien, además de este revés, el ex ejecutor suma ahora una nueva contingencia, pues la Fiscalía ha decidido iniciar una investigación preparatoria contra los que resulten responsables en el cobro de sus remuneraciones de los meses de marzo y abril de este año, las cuales no debieron ser cancelados en la medida que para entonces Varas ya estaba recluido en el Penal, por lo tanto no podría cobrar sus emolumentos. La tarea de la Fiscalía es determinar quién hizo este cobro en la medida que el ex ejecutor estaba privado de su libertad y, por lo tanto., no solo no le correspondía recibir un salario sino que tampoco ha podido llegar a las ventanillas de la Municipalidad para hacer efectivo sus cheques. Todo ello deberá deslindarse en las investigaciones que realiza la Fiscalía y que representan una nueva pesquisa diferente a la que se le sigue por el delito de cohecho, es decir, por la celada que le hicieron luego que un transportista denunciara que le estaba cobrando 300 soles por eliminar una multa de infracción de tránsito que se le había aplicado. Si la memoria no nos traiciona un funcionario de la municipalidad, tras la denuncia periodística del cobro de los cheques, declaró que lo que se había pagado era dos periodos de vacaciones que tomó el ex ejecutor coactivo, de allí que habrá que demostrar cómo es que Varas pudo solicitar descanso vacacional cuando ya había sido detenido. Parece que la cosa se puede hinchar para algunos empleados ediles a los que salpicará la responsabilidad en el pago de estos cheques y es que cuando se trabaja con recursos públicos se tiene que tener mcuho, pero mucho cuidado.