Según lo sucedido en Conchucos:
Tomando las cosas por el lado anecdótico, pareciera que todos los informes de la Contraloría General de la República sobre actos de corrupción en la región Ancash, no son más que un saludo a la bandera, que en todo caso solo podrían servir de argumento para nuevos capítulos de la famosa serie televisiva La Ley y el Orden.
Oficialmente, son más de 320 los funcionarios de diversos organismos públicos y municipalidades provinciales y distritales de Ancash que han sido señalados como autores de estos actos de corrupción que hasta hoy representan un perjuicio económico superior a los 500 millones de soles, los mismos que hasta la fecha continúan laborando en sus mismos cargos o se han reciclado en otros organismos públicos sin que la mano de la ley les caiga encima.
Un caso ilustrativo, que muestra la audacia y desvergüenza con la que actúan estos mal llamados servidores del Estado, es el que ha protagonizado la municipalidad distrital de Conchucos con la ejecución de la obra “Instalación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado en los Caseríos de Quirobamba, Maraypampa, Cedro y Monte Grande”. Esta obra fue financiada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural que maneja el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Conforme lo ha establecido el Informe N°30497-2022 del órgano de control del Estado, la obra se inicio en diciembre del año 2016, fecha en que la municipalidad distrital de Conchucos entregó al contratista, Consorcio Redentor, un adelanto de 1´676,658.00. Pero un mes después, el 1° de febrero del 2017, la obra fue inexplicablemente abandonada por el contratista “no habiéndose realizado mayores trabajos” como se lee en el informe de Contraloría.
Ello no obstante, en abril del 2019 la nueva gestión edil, en extraña concordancia con el contratista, firmó una acta de conciliación mediante la cual no solamente aprobó la liquidación de la obra a pesar de hallarse abandonada. También dejó sin efecto la rescisión del contrato en abierto desacato a la Ley de Contrataciones con el Estado y, lo que resulta increíble, autorizó devolver al contratista la suma de S/1´271,247.35 producto de haberse ejecutado la carta fianza. Como resultado de esos acuerdos, fue imposible que la municipalidad pudiera recuperar S/. 1´074,405.62 del adelanto otorgado, con lo que el contratista se alzó con el premio mayor.
Aún cuando en el acta de conciliación se afirma que en el momento de la liquidación la obra tenía un 12.23% de avance, según el Informe de Contraloría el avance real era de tan solo 4.93%, valorizado en S/ 436,260.29
Ha sido en medio de este tira y jala que una funcionaria de la municipalidad de Conchucos se negó a firmar el cheque de devolución del importe de la carta fianza; lo que no fue ningún problema para los altos funcionarios municipales. Tal como lo hacen las grandes mafias, sacaron a la funcionaria de su cargo y la reemplazaron por otra que sí firmó el cheque de devolución. Asunto arreglado.
En este caso aparentemente intrascendente aparecen involucrados un alcalde y varios funcionarios de confianza, quienes hasta hoy caminan tranquilamente por las calles confiados en que, pase lo que pase, digan lo que digan, a ellos no les pasará absolutamente nada. El hecho que más de 320 de estos servidores púbicos se encuentren en la misma situación, lo dice todo. Parar la corrupción es imposible.
Mientras tanto, los pobladores de los caseríos Quirobamba, Maraypampa, Cedro y Monte Alto, continúan sin disfrutar de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, a la espera que algún día se les haga justicia.