AMARRADO
El caso del ex procurador del gobierno regional de Áncash, Oswaldo López Arroyo es sumamente delicado y, a juzgar por los cargos, todo indica que habrá una drástica acusación en su contra. Ello porque los papeles demuestran que “se hizo el muertito” ante una demanda conciliatoria de una empresa proveedora y por ello el Proyecto especial Chinecas se vio obligado a pagar una suma millonaria. En otras palabras, el Consorcio Pecbo, a pesar de haber cobrado el 100% del presupuesto asignado a la obra “Mejoramiento en la automatización y Telecomunicaciones de la infraestructura hidraúlica mayor del Proyecto Especial CHINECAS”, que fue de 5 millones 693 mil 357.18 soles, no concluyó la obra y encima terminó cobrando un adicional, mediante un oscuro arbitraje. Los cargos son sumamente delicados por ello es que se ha fijado fecha para que tanto el ex procurador regional como el representante legal del consorcio Pecho se presenten a declarar en la sede de la Fiscalía en el curso de este mes. Los hechos irregulares en esta obra datan del año 2013, cuando hubo una serie de ampliaciones de plazo para que los trabajos sean culminados, pero que el contratista Consorcio Pecbo no cumplió. Posteriormente, hubo un ilegal acuerdo conciliatorio mediante el cual se aprobaba pagarle al empresario 1 millón 807 mil 197 soles que supuestamente se le adeudaba a cambio que culmine los trabajos, sin embargo, el Consorcio tampoco cumplió con terminar la obra y en lugar de ello, interpuso una demanda ante un tribunal arbitral donde se le concedió al procurador público del gobierno regional (Oswaldo López Arroyo) un plazo de 10 días para contestar la demanda, pero no lo hizo. “Aun así, tras declarar nulo lo actuado por una serie de omisiones, el tribunal arbitral volvió a emplazar al mismo procurador público de la Región, pero tampoco contestó la demanda y ni siquiera presentó los documentos pertinentes, permitiendo que Consorcio Pecbo gane indebidamente la demanda, generando un mayor perjuicio al Estado” es lo que ha señalado en su disposición el Fiscal Felipe Elías Silva. Lamentablemente, en la administración pública, municipal o regional se suele ver esta clase de escándalos porque el patrimonio no es de uno ni de nadie, los que tienen a su cargo la tutela de esos fondos no reparan sino en hallar la manera de llenarse los bolsillos y con “lobbys” de esta naturaleza lo consiguen. Esperemos que en este caso se llegue calificar la conducta del ex procurador.
DESVENTAJA
No cabe duda que los ex funcionarios “comandos” de la Sub Región Pacifico no comenzaron el año con el pie derecho, por el contrario, llegaron perdiendo a la segunda instancia de impugnación y les meten un gol apenas comenzado el segundo tiempo de la fase de revisión final de la condena. En efecto, la Fiscalía Suprema Penal se ha pronunciado respecto a la condena que en setiembre del año pasado les impuso la Sala Penal Liquidadora de la Corte del Santa y ha opinado por que se confirme en todos sus extremos la condena que llevó a la cárcel a todos los implicados por el escandaloso caso de colusión a través de una ficticia campaña de desratización. Como se recuerda los ocho acusados que tomaban parte en el juicio, a los que se sumaba el ex alcalde Luis Arroyo Rojas que se encuentra recluido en “Piedras Gordas” y siguió el proceso por teleconferencia, no calcularon bien las fechas y acudieron a lo que pensaban sería la penúltima audiencia antes que se dicte la sentencia respectiva, sin embargo, la Sala Penal avanzó las diligencias previas y se encontró en posibilidad de dictar la sentencia en la penúltima audiencia, cuando estaban todos bien sentaditos en sus asientos, por lo que llamaron a la Policía Judicial y nadie se escapó del recinto. De esta manera los enmarrocaron y los llevaron derechito a Cambio Puente, de lo contrario, si se hubiese postergado la audiencia ninguno habría acudido a la siguiente y todos estarían en condición de prófugos de la justicia. Hizo bien la Sala Penal Liquidadora, incluso, uno de los condenados, Jorge Meléndez Iberico decidió consentir la condena de cuatro años de cárcel efectiva que se le impuso y no planteó el recurso de nulidad, por lo que en lo que se refiere a su persona ese fallo ha quedado consentido y no será revisado. Hay que advertir que este caso se sentenció en setiembre y ya cuenta con dictamen de la Fiscalía Suprema, mientras que la sentencia que absolvió a la alcaldesa Victoria Espinoza se fue en casación a la Corte Suprema en Mayo y recién el 30 de este mes será sometida a calificación, es decir, que a estas alturas se determinará si cumple los requisitos para ser revisada en instancia final. Que diferencia ¿no?