Por: Fernando Valdivia Correa (*)
Una semana después de iniciado el accidentado gobierno, Dina Boluarte afirmó haber dado indicaciones a la Policía para que no usen armas letales, incluyendo perdigones de goma, durante las protestas llevadas a cabo en diversas ciudades del país. Y así fue, cuyo funesto resultado lo venimos advirtiendo con, por lo menos, dos efectivos policiales muertos y otros cientos de heridos, muchos de ellos con secuelas permanentes. El agravante, como si esto de por sí no fuera más que suficiente, se dio recientemente en Puno con el lamentable fallecimiento de 6 soldados del Ejército, ahogados tratando de cruzar el río Ilave huyendo de enardecidos pobladores de la zona quienes les arrojaban piedras, entre otros objetos contundentes.
Más allá de la tragedia que enluta al Perú entero, la interrogante es ¿Qué pasó, o mejor dicho que falló?. Varios factores. Primero, escasez o nula tarea de inteligencia. Las imágenes propaladas dan cuenta de una patrulla de 42 miembros del Ejército cercados por aproximadamente 400 pobladores (o quizás más), quienes entre insultos y piedras lanzadas hicieron huir a los soldados; siendo que en esa desesperación se adentraron al río con el desenlace conocido. Esto debió preverse. Simplemente eso. Dos, la prohibición del uso de armas reglamentarias. Está claro que ante la inminente amenaza a la vida era indispensable el uso del arma para repeler el ataque. Tercero, la polémica idea de cruzar el río. Esta orden, sin conocer la profundidad, corriente ni temperatura del agua, aunado a tener que esquivar el ataque de los vándalos en tierra, es totalmente inaceptable. En resumen, los soldados fueron llevados al matadero. Y esto conlleva, más allá de la responsabilidad penal que será determinada en su oportunidad por el Ministerio Público y Poder Judicial, a la responsabilidad política.
Para el analista político Fernando Rospigliosi existe responsabilidad política de Dina Boluarte, Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta, este último Titular de Defensa, preguntándose a su vez ¿para que los mandan si les van a ordenar no disparar?. El exministro Oscar Valdés fue más enfático al señalar que si el gobierno no tiene idea de qué hacer es mejor que la señora Boluarte renuncie.
Sin embargo, ha salido a la luz declaraciones del entonces ministro de Defensa, y hoy Premier, Alberto Otárola, ante la Fiscalía por los delitos de genocidio y otros durante las protestas de diciembre pasado, aseverando no haber sido informado de los planes operativos de las FFAA en apoyo a la PNP por no ser de su competencia. Literalmente una “lavada de manos”.
Es claro que doña Dina no renunciará. Entonces, es momento que ante la cada vez más difícil coyuntura política vivida, los directamente responsables asuman el costo político de este bisoño ejecutivo, empezando por la dimisión del señor Otárola.
(*) Abogado