Defensas ribereñas en Casma:
La Contraloría General de la República, mediante documento, dio a conocer hechos de presunta irregularidad por parte de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Casma, debido al proceso de aprobación de la pre inversión, contratación, ejecución y recepción de la obra por administración directa, en cuanto a la construcción de la Defensa Ribereña en sectores de la mencionada provincia.
La Municipalidad Provincial de Casma concreta este proyecto a pesar que existía en el gobierno regional el un proyecto similar y que seguía su tramite para su ejecución. Además, los actuados estaban en las diversas plataformas electrónicas como el banco de proyectos de invierte.pe, SEACE y SSI. La información en dichos portales de fácil acceso la publico en general y por lo tanto de conocimiento en la Municipalidad Provincial de Casma. Después que se ejecutó la obra, con anomalías se entregó y al concretarse el proyecto del gobierno regional, se procedió a demolerse.
Según el Informe de Control Específico N° 003-2023-2-0335-SCE, dentro del periodo 22 de febrero del 2019 al 27 de agosto del mismo, funcionarios de la entidad aprobaron la ejecución de una obra por administración directa sin tener el debido sustento y justificación, sin equipos y expediente técnico aprobado. Posterior a ello, a los 27 días de iniciado el trabajo, aprobaron el expediente técnico con información incongruente y carente de veracidad, además de contratar servicios con un único proveedor de forma directa. Además de, cancelar sin acreditar los trabajos realizados, ocasionando que la obra sea demolida y reemplazada por una infraestructura mayor previamente concebida, generando un perjuicio económico por S/. 1’188,430.00 soles; dándose lugar en los sectores Pan de Azúcar, Hualgayoc, Pacae y Sector Taucache.
Asimismo, durante el proceso de aprobación de la pre inversión de la intervención, aprobaron IOARR con CUI N° 2443557, pese a la normativa de inversiones, ni tampoco cumplieron la normativa que regula la ejecución de obras públicas por administración directa y normativa aplicable.
Los hechos expuestos señalan que, la obra proyectada por la Entidad no acredita y no se justifica debido a que no tenía perfil, expediente técnico y sustento alguno, además que, existía un Proyecto de Inversión Pública, PIP, integral del GORE Ancash, antes de la declaratoria de emergencia, lo que incumplía las disposiciones.
Además, los funcionarios de la entidad iniciaron la ejecución de obra bajo la modalidad de administración directa, sin contar con expediente técnico, mismo que fue aprobado 27 días después de iniciados los trabajos, carente de veracidad y con deficiencias e incongruencias. También, contrataron sin el debido procedimiento a un único proveedor, al que efectuaron pagos sin acreditar la ejecución de los trabajos.
Posterior a ello, funcionarios y servidores de la Entidad, pese al conocimiento sobre la culminación de la obra de Defensa Ribereña, bajo la modalidad de administración directa generaron documentación a fin de adecuar las operaciones realizadas a una obra bajo modalidad de contratación directa.
Posteriormente, el GORE Ancash, efectuó la demolición de los trabajos ejecutados en los tramos de los sectores mencionados, denotando que la inversión efectuada por la Municipalidad Provincial de Casma no tenía sustento, causando el perjuicio económico por más de millón de soles.
Dentro del grupo de funcionarios implicados se encuentra Luis Wilmer Alarcón Llana; Alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma hasta el 2022, por haber suscrito mediante firma y sello y aprobar la contratación directa de la obra; por no haber tomado acciones inmediatas referidas a condiciones técnicas. Juan Pablo Rebaza Serrano; gerente de Gestión Urbana y Rural, por ejecutar la obra sin cumplir con las fases de la inversión, y no haber verificado que la inversión esté registrada en el Banco de Inversiones.
Edwin Gilberto Rojas Rojas; gerente de Gestión Urbana y Rural, al no haber documentado el aumento del caudal del rio Casma y Sechin con significado de riesgo muy alto, entre demás acciones. Frank Dennis Méndez Rodríguez; gerente de Administración y Finanzas, por haber intervenido de manera directa y haber otorgado conformidad al contrato de contratación directa para la ejecución de la obra. Juan Carlos Goin Reyes; subgerente de Logística y Control Patrimonial, al incumplir su responsabilidad al elaborar y suscribir órdenes de servicio de los diferentes requerimientos de la obra.
Roger Héctor Ita Sánchez, jefe de Unidad Formulación de Proyectos, al probar el IOARR posterior a la ejecución de la inversión. Bernaldo Marino Cancha Angeles; Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, al emitir informes legales de aprobación de expediente técnico de la obra, visó el contrato de contratación directa. Rolando Elvis Ortiz Zavaleta, Presidente del Comité de Recepción de Obra, al suscribir el acta de recepción de obra, consignado concordancia con las especificaciones técnicas y partidas del expediente técnico.
Del mismo modo, se conoció la participación de Enrique Hipólito Ochoa Reyes; proveedor de Agregados y Caliza Ochoa, contratado de forma irregular a través de diez ordenes de servicio que ascienden al millón de soles. Miguel Ángel Dioses Pardo, Residente de la obra, por no contemplar los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal de obra.
Dicho esto, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción deberá remitir un ejemplar del informe, al existir hechos de relevancia penal contra los vinculados, quienes son investigados en Carpeta Fiscal N° 261-2019, además de las acciones penales iniciadas por la Procuraduría Anticorrupción.