MOVIDA
El abogado del suspendido gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, el letrado Nelson Rivera Moreyra, ha anunciado que plantearon un recurso de reposición ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema a efectos de recuperar el decreto que había señalado fecha y hora de la vista de la causa para este miércoles 15 en el expediente que terminó con una sentencia condenatoria de cinco años de cárcel efectiva contra su patrocinado. Y es que el letrado se juega la vida en este caso porque lo que buscan es que se resuelva lo más pronto posible, son conscientes que en la medida que se prolonguen los plazos se complica mucho mas su situación y lo que trata la defensa técnica es de sacar bien librado a Waldo Ríos y que retorne victorioso a la titularidad de la Región Ancash. La verdad es que eso está bien verde, hay muchos casos pendientes que agobian al ex gobernador regional, hace solo unos días ya se ha retomado otro proceso penal en el que arrastra una acusación de ocho años de carcelería también como consecuencia de actos funcionales cuando se desempeñó como alcalde de Huaraz. Pero en esencia, la anulación del decreto que señaló fecha y hora para la vista de la causa deja mucho que pensar pues los magistrados supremos lo hacen porque entienden que existió algo turbio de por medio. Comenzando por el solo hecho que advierten que este caso no ha respetado el orden de prelación de ingresos de expedientes, ya se advierte la incomodidad de los miembros de la Sala Penal, lo cual se consolida por el hecho que han llamado la atención al especialista que tramitó este expediente, lo que en buena cuenta confirma que advirtieron un manejo irregular en la tramitación. La desesperación de la gente de Waldo Ríos porque se resuelva este caso ha generado estas decisiones que no dicen nada bien de una correcta sustanciación de un proceso penal, tal parece que los alicientes a nivel de servidores judiciales quedaron al descubierto.
DIFUSION
Luego del violento temblor registrado en nuestra ciudad, el jefe de la Ofician de Defensa Civil de Nuevo Chimbote, Benjamín Sáenz Arteaga, señaló que los ciudadanos deben tomar parte en los simulacros que organizan las autoridades y deben conocer las zonas de seguridad que existen en el distrito para cualquier eventualidad. Lo que ha señalado respecto a los simulacros es correcto y es lo que venimos diciendo y repitiendo desde hace mucho tiempo, cada vez que se realizan estos eventos de adiestramientos se escuchan los lamentos de las autoridades por la poca participación, especialmente de la ciudadanía. Los simulacros se han convertido en capacitaciones solo para los escolares, pero sucede que los temblores se han presentado en vacaciones cuando no están en las aulas. Ahora bien, si el Jefe de Defensa Civil tiene un mapa en el que describe cuales son las zonas seguras del distrito, no entendemos que es lo que espera para difundirlo y propalarlo, esa información no debe estar únicamente entre las cuatro paredes de su despacho y debe ser de conocimiento únicamente del personal adscrito a su oficina, por el contrario, es imperativo que se difunda a la población, el municipio tiene los medios para poder hacerlo, de allí que llamar la atención a los pobladores porque no conocen las zonas seguras del distrito es un atrevimiento cuando son los propios funcionarios los que no hacen llegar esa información, a sabiendas que la población no participa en los simulacros. Esperemos que el señor Sáenz Arteaga se ponga las pílas y trabaje en este tema.Â
PRUEBA
Así como las audiencias judiciales se graban en vídeo para dejar constancia del desarrollo de la misma, las sesiones de concejo también se registran a través de este sistema de audio e imágenes que resultan finalmente reveladoras, tanto así que cuando hay dudas respecto al desarrollo de una de estas reuniones lo que se hace es recurrir al archivo fílmico. En el caso denominado “Fotopapeletas”, los regidores niegan que hayan acordado otorgar una concesión a la empresa ZAIKAFER y señalan que ellos aprobaron la concesión del servicio y la mención de la empresa fue un error de la entonces secretaria general que ahora es una juez. Esta misma ha admitido este “error”, sin embargo, cuando han solicitado al Municipio el vídeo de la sesión para zanjar este asunto han comunicado que el vídeo no existe. ¿Qué pasó? ¿No grabaron esa sesión o alguien lo sustrajo? Por angas o por mangas eso es muy grave y deberá ser investigado, lo peor es que la inexistencia del video dejará serias dudas respecto a la responsabilidad de los investigados pues ahora solo ha quedado como testimonio de su inculpabilidad la declaración de la ex funcionaria. Si esto no es suficiente, los concejales estarán en serios problemas.