Editorial

Para nadie es un secreto en Chimbote que el hospital La Caleta cumple un rol eminentemente sanitario y social, pues atiende a un grueso sector de la población con servicios médicos y asistenciales que están al alcance de los bolsillos de las familias con poca capacidad económica.

Justamente, al mencionado nosocomio se le denomina como “Hospital de los Pobres” pues cuenta con un servicio de asistencia social que puede facilitar medicamentos y atenciones médicas a personas que acreditan hallarse en extrema pobreza.

Para ello el hospital maneja la cartera del servicio integral de salud (SIS), el seguro médico de aquellos que no pueden acceder a un seguro formal de Essalud y que facilita muchas veces la atención a personas que no están en capacidad de poder cubrir los montos que requiere una intervención.

Por ello es que a sabiendas de todo esto, ha llamado poderosamente la atención y ha generado rechazo y repulsa la medida de embargo que ha decretado una Juez laboral de retención y recaudación de los recursos que capta el hospital en Caja chica, es decir, aquellas que cobran los servicios y atenciones diarias.

Generalmente una medida judicial se dirige hacia las cuentas corrientes que tiene la institución o se ordena la programación de pagos de acuerdo a sus capacidades como lo ordena la ley en la medida que es una entidad pública y a cuya calidad se suma la prestación de un servicio elemental como es la salud.

Una Juez Laboral ha atendido los requerimientos de un trabajador que fue despedido y ha sido reincorporado, empero, en la tramitación de la demanda se ha ordenado que se le retribuya todo aquello que dejó de percibir, una medida judicial que está acorde con los procedimientos que determina la ley y frente a la cual los abogados del hospital no parecen haberse opuesto.

Sin embargo, aun  cuando el derecho de trabajador que ha planteado su demanda es justo y debe ser atendido por la administración de justicia, lo que se cuestiona es el hecho que se haya atacado las cajas de recaudación diaria del hospital, púes se trata de dependencias que generan dinero que sirve para la adquisición de medicamentos y servicios de urgencia.

Justamente, este extremo es el más delicado pues después de haberse trabado embargo sobre la caja principal del nosocomio, el mismo Juzgado dispuso ampliar el embargo a la caja de Emergencia, dejando virtualmente atado de pies y manos a los directivos del nosocomio.

Esta situación la expuso públicamente el Director del hospital Marco Antonio Montoya Cieza, sin embargo, nada parece haber sensibilizado a los miembros de la Corte del Santa, nadie ha movido un dedo para revertir esta situación, por el contrario, se presentó un primer inconveniente que ha derivado, lamentablemente, en la muerte de un infante.

En este mismo espacio editorial advertimos que en algún momento se iba a tener que lamentarse estos emplazamientos judiciales excesivos para una entidad que presta un servicio básico como es la salud y el mismo hospital lo dio a conocer a los medios de comunicación la semana pasada al dar cuenta de la actitud destemplada de la interventora que se ha designado para hacer efectiva la orden judicial.

La oficina de prensa del nosocomio dio a conocer los reparos y amenazas que protagonizó la interventora judicial Julia Ruiz Chávez cuando se presentó una emergencia con un bebé prematuro y se hacía urgente contar con la alimentación parenteral pero la madre del menor carecía de recursos.

Se trataba de la emergencia de un bebé prematuro de 27 semanas y 2 días de nacido, que necesitaba según el requerimiento del médico de pediatría: Alimentación Parenteral Total desde la fecha que nació (31 de Octubre del 2019).

Debido a que los padres no contaban con este presupuesto, los médicos solicitaron a dirección del nosocomio que sea adquirido, por lo que la Unidad de Economía rápidamente, aun conociendo de los problemas que tenían en ambas cajas por disposición judicial, hizo el vale para comprar la alimentación parenteral total por un monto de 356.00 soles, la misma que se cobró en caja chica para que el Seguro integral de Salud, haga la compra al Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, como efectivamente se hizo.

El problema se presentó luego pues la misma interventora judicial, la abogada Julia Ruiz Chávez, increpó al jefe de economía José Liñán Paredes de haber realizado el vale para la compra de la alimentación para el bebé prematuro, asegurando que con ello obstaculizaba la recaudación que ella venía realizando para el pago de los beneficios sociales de un trabajador y lo amenazó con denunciarlo, informó en nota de prensa el nosocomio.

Cabe mencionar que la leche pudo comprarse a las 5 de la tarde al Hospital Regional, sin embargo ya nada se pudo hacer, el menor lamentablemente falleció.

Esto es lo que ha informado el nosocomio, claro que la interventora ha negado ante los medios de comunicación que los hechos se hayan registrado de esta manera y que en ningún momento ha increpado a los funcionarios por la compra del producto, sin embargo, al margen de ello no se puede negar que la medida judicial ha tenido su costo en la vida del bebé.

Seguramente, si las cajas del nosocomio hubieran funcionado sin inconvenientes, no habrían existido las vacilaciones que se presentan en estos casos que los propios empleados no quieren mover un dedo para no verse comprometidos con una posible denuncia por haber violado el régimen del embargo judicial.

Infortunadamente, la justicia no quiere abrir los ojos a la realidad, ya se ha registrado la muerte de un bebé prematuro que no pudo ser atendido con la diligencia porque estaba de por medio el embargo judicial. Nos preguntamos ¿Qué están esperando, que existan nuevas muertes?. Estamos convencidos que la justicia puede apelar a otros procedimientos para hacer efectivo el cobro de la demanda del trabajador, lo que no puede hacer es amarrar de pies y manos al personal asistencial de La caleta al dejarlo sin un sol a su disposición para atender las emergencia. Esto es un absurdo.

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