Editorial

Pese a los públicos llamados y exhortaciones de todos los sectores, entre ellos los medios de comunicación, para que el ex rector de la Universidad Privada San Pedro deje de conducir la mencionada casa universitaria por hallarse inhabilitado para ello al haber sido condenado por la justicia, aquel y los organismos de gobierno se mostraron indiferentes y por ello ahora han sido drásticamente sancionados.

Nos estamos refiriendo a la fuerte multa que ha aplicado la semana pasada la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash (sede Chimbote), en primera instancia administrativa, a la Universidad San Pedro y a su ex rector, José María Huamán Ruíz, por emitir más de 200 constancias de grados y títulos carentes de valor ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esta es la grave secuela del procedimiento administrativo sancionador (PAS) seguido contra la citada universidad ubicada en Chimbote y su ex rector, tras la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea).

Muchos en nuestra ciudad deben recordar estos aciagos pasajes de desafío institucional que hizo el ex rector José María Huamán tras haber sido sentenciado por la justicia y negarse a dejar el cargo alegando que estaba pendiente de resolver un recurso de casación con el cual pretendía dejar sin efecto la sentencia expedida en el caso conocido como “asesorías fantasmas”.

Por este proceso penal Huamán Ruiz había sido condenado a tres años de pena efectiva, empero, la instancia superior si bien le ratificó la condena ordenó que la pena fuera suspendida, con lo cual Huamán dejó la clandestinidad y sacó del rectorado al entonces Vice rector Gilmer Díaz para sentarse nuevamente en el sillón principal de la mencionada casa universitaria.

Sin embargo, no tardaría la SUNEDU en exhortarlo a que deje el cargo recordándole que la ley universitaria impide a una persona ejercer el cargo de Rector cuando tiene una condena en su haber, exhortación que Huamán no solo se negó a escuchar sino que se dio el lujo de firmar documentos y hasta títulos de egresados.

Solo cuando la Corte Suprema desestimó su recurso de casación Huamán dejó el rectorado pero ya había firmado documentos que el organismo defensor de los consumidores denunció como ilegales y así lo había establecido la SUNEDU, razón por la cual el INDECOPI sostuvo el procedimiento sancionador que ha concluido con una multa que los propios sampedranos se la buscaron.

De acuerdo a dicho pronunciamiento, la universidad recibió una multa total de 90 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/ 378 000 (trescientos setenta y ocho mil soles), mientras que al ex rector le impuso una multa de 5 UIT, equivalente a 21 mil soles.

Al fundamentar su resolución, el Indecopi ha señalado que se ha violado el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, así como la idoneidad de un producto, es decir que el proveedor debe asegurar la calidad del servicio educativo superior de acuerdo a la normativa.

De la misma manera, precisa que se ha infringido los principios que señalan que está prohibida toda información falsa que induzca al consumidor a error respecto de la naturaleza, calidad, origen de un producto, y, en ese sentido, en el caso específico de los títulos firmados por un funcionario desautorizado se indujo a error a los usuarios del servicio educativo al emitir comunicados señalando que la firma de Huamán Ruíz como rector era válida, legal y continuaba vigente, sin encontrarse esta información acorde con la Sunedu.

Sin embargo, habría que ser claros en este tema al reconocerse que la responsabilidad de todo esto es exclusivamente del ex rector José María Huamán por haberse impuesto de manera autoritaria en el asiento del rectorado, en otras palabras, quien debería haber recibido la multa más drástica es Huamán Ruiz y no la Universidad.

Sin embargo, ni siquiera los organismos de gobierno de la casa universitaria pusieron reparos a la actitud déspota del ex rector, apenas los egresados y los docentes integrantes del frente de Defensa de la Universidad lo cuestionaron, muchos deben recordar que el actual rector Gilmer Díaz prefirió salir por la puerta trasera del rectorado cuando vio llegar a Huamán sin oponerse ni hacerle frente ante su evidente e ilegal incursión, de allí que estamos ante una irremediable sanción que deja sentado un precedente para que cualquier funcionario que usurpe funciones se atenga a las consecuencias.

POSICIÓN FIRME

El alcalde provincial Roberto Briceño Franco ha desestimado el pedido del Sindicato de Trabajadores Municipales que exigía que haga efectivo el acuerdo de partes sancionado en las postrimerías de la gestión anterior y mediante la cual se dispuso un incremento salarial en favor de los servidores.

El burgomaestre ha sido claro en señalar que un aumento en las actuales circunstancias no es posible en la Municipalidad que hace frente a una crítica situación financiera generada, justamente por las cargas y deudas dejadas por la gestión anterior y por las complicaciones que se derivan de embargos e incumplimientos promovidos por quienes de manera irresponsable firmaron un acuerdo de incremento salarial.

Pero además de ello, el alcalde ha señalado que cualquier incremento en los haberes de los servidores pasa por una certificación presupuestal que debe expedir el Ministerio de Economía, los funcionarios que negocian un pedido de esta naturaleza saben que primero se debe consultar al MEF y en la anterior gestión no lo hicieron.

En otras palabras, el acuerdo firmado por el ex alcalde Humberto Ortiz es írrito, no sirve y no puede aplicarse, de allí que hace bien el alcalde al rechazar de plano una medida que solo puede interpretarse como “una pasada de mano” por parte de una ex administración edil que se despidió en medio de serios cuestionamientos y con sus principales ex alcaldes condenados y prófugos de la justicia. Ese escenario justifica la posición firme que ha enarbolado el burgomaestre en este tema.

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