Editorial

El gobierno viene aplicando una estrategia de salud y de política social desde el 15 de marzo pasado cuando declaró la emergencia nacional por el coronavirus, las cuales se traducen en normas y reglamentos que han llevado a todos los pobladores a guarecerse en sus viviendas por el aislamiento social obligatorio.

Paralelamente a esta medida radical y necesaria, la misma que viene afectando seriamente a la economía nacional, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha aplicado programas de asistencia social con la finalidad de paliar la difícil contingencia económica que deja como secuela esta cuarentena obligatoria.

Primero lo hizo con los llamados sectores más vulnerables, aquellos que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha calificado como de pobreza y extrema pobreza, a través de un padrón conocido como el SIFOH, el sistema de focalización de hogares.

Todos saben cómo se elaboró este padrón, lo cierto es que el gobierno no podía echar mano de otra herramienta para poder cumplir con este sector sumamente golpeado con la estrategia sanitaria que se viene llevando a cabo.

Luego emprendió un programa para los independientes incluso a los trabajadores de planillas de las micro y pequeñas empresas y hasta dispuso un plan de entrega de bolsas de alimentos a través de todos los municipios de país. Sin embargo, las disposiciones no fueron suficientes, se apeló a los fondos sociales y previsionales de los trabajadores se autorizó al retiro de los fondos de, CTS y luego se extendió la medida a los recursos aportados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, que apenas conocieron estas intenciones pusieron el grito en el cielo.

De todas maneras el gobierno planteó y autorizó el retiro de aquellos fondos de trabajadores que se encuentran congelados en las AFP, pues por renuncia o por cualquier otra consideración, ya no se encuentran en planillas y consecuentemente no están aportando, por ello a través de un decreto supremo se ha autorizado al retiro hasta de dos mil soles en este sector afectado.

Sin embargo, en medio de esta emergencia nacional surgió la posición del nuevo congreso nacional que, a través de un proyecto multipartidario, evaluó una iniciativa legislativa para que los retiros de los fondos de las AFP’s no lleguen solo a los dos mil soles y un segmento de aportantes, sino que este beneficio se extienda a todos los afiliados y que el monto de retiro llegue hasta el 25%, con un tope hasta de tres unidades impositivas tributarias, es decir, hasta 12,900 soles.

Este proyecto se ha aprobado en las primeras horas de la madrugada de ayer sábado y ha significado la primera escaramuza que se presenta entre el Ejecutivo con el congreso que ellos mismos promovieron cuando el jefe de estado el año pasado disolvió el congreso anterior y convocó elecciones parlamentarias que se realizaron el 26 de enero pasado, a poas semanas de declararse la emergencia del COVID 19.

En medio de una emergencia nacional, en medio de una situación realmente complicada por la pandemia que se hace frente, hay miles y millones que no entendemos como puede ser posible que existan dos normas relacionadas a un mismo tema y como es que se confunden radicalmente los términos.

¿Acaso el ejecutivo no pudo coordinar convenientemente con el legislativo para que esto no ocurra? ¿No entiende el congreso que quien está al frente de la lucha contra el coronavirus es el gobierno y que es el presidente Martin Vizcarra quien ha delineado la política de emergencia que vivimos? ¿Qué quiere demostrar el Congreso al dictar una ley en una materia que recientemente lo había hecho el ejecutivo? ¿hay choque de poderes? ¿Quien es el ambicioso en este tema?.

Lo que no se puede soslayar en medio de estas escaramuzas políticas es que el tema de las AFP y sus abusivas y perniciosas atribuciones en el manejo de los dineros que aportan sus afiliados, ha sido objeto de muchas críticas, se había dicho hasta el hartazgo que se requería reformar este sistema privado de los fondos previsionales de los trabajadores, empero, como es evidente, hay muchos intereses de por medio y por eso este asunto quedó postergado permanentemente.

Es evidente que allí han funcionado muchos lobbys, más aún cuando el congreso es un ente netamente político, sin embargo, ese asunto no puede ser materia de discusiones en un momento como éste, cuando enfrentamos una pandemia y el sector salud brega duro y parejo ante el avance de este coronavirus.

Nadie puede oponerse a una reorganización del sistema previsional privado, empero, que se haga en su momento, sino quisieron hacerlo hace muchos años no es este el momento para hacerlo, por ello no se puede permitir que un congreso que apenas se está instalando y que hasta el momento no ha hecho hada positivo para el país, expida una ley que lo único que hace es ponerle una grosera tranquilla a la estrategia gubernamental que es la que maneja la emergencia del COVID 19.

El proyecto aprobado por el congreso viene a torpedear las buenas intenciones que ha mostrado hasta el momento el gobierno y eso le puede costar muy caro al pais, esto puede generar una desestabilización al plan sanitario y financiero que ha puesto en marcha el presidente de la república.

No es posible que, en medio de esta emergencia, aparezca un convidado de piedra que pretenda aguarnos la concentración que tenemos frente a una pandemia que causa estragos en todo el mundo. El presidente debe observar esta ley e impedir que propuestas populistas afecten la cerrada lucha que todos libramos contra esta nueva peste en el mundo.

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