Editorial

El penal de Cabio Puente se construyó en la década de los 90, en el gobierno de Fernando Belaúnde, cuando el Ministerio de Justicia estaba en manos de los representantes el PPC, quienes en convenio con organismos españoles llevaron adelante la construcción de varios penales en el país.

En Chimbote era una necesidad apremiante en la medida que el Penal que funcionaba en Miramar ya había colapsado para la población penal que comenzaba a incrementarse y era necesario llevar a los reos a otros establecimientos.

Los antiguos chimbotanos recuerdan que el antiguo penal de Chimbote se ubicaba en la urbanización 21 de abril, frente a la Comisaria de ese sector y era una pequeña construcción en la que apenas si existían algunos calabozos, seguramente para la época era suficiente, empero, el hacinamiento hizo que las autoridades implementen la cárcel en el barrio de Miramar, cerca de la playa.

La migración y la superpoblación de nuestro puerto, la industrialización en la pesca, el auge de Siderperú hizo de nuestra ciudad una colonia bullente en la que, como no podía ser de otra manera, la actividad delictiva fue creciendo al mismo ritmo del crecimiento de la ciudad por ambos conos, en el norte y en el sur.

Por ello es que el año 1995 se inaugura el establecimiento penitenciario de Cambio Puente, una obra que fue concebida bajo los moldes de un penal de máxima seguridad que estaba en capacidad de recibir a poco menos de un millar de reos.

Los chimbotanos recuerdan cómo se realizó el traslado de los reclusos, en aquella ocasión el más identificado era el ex alcalde provincial Oswaldo Pérez Gamboa, quien por esa época estaba preso por el proceso penal que se le instauró a instancia de la procuraduría pública adscrita al Ministerio de Justicia, hechos que fueron bastante sonados por entonces.

En ese tiempo, muchos pensamos que la implementación del nuevo penal, con su infraestructura novísima, era la solución definitiva al hacinamiento de la antigua cárcel de Chimbote, sin embargo, el tiempo se encargaría de demostrarnos que ello no era así y que el crecimiento de la población penal no se detendría y, por el contrario, era una nueva organización que había que manejar con prudencia y experiencia.

Por ejemplo, a pesar de la extrema seguridad que tiene su edificación y el modelo que se utilizó en aquella época, este Penal ha registrado una fuga, un recluso pudo colarse entre la ropa que se retira para lavar y ganar los espacios en los cuales le permitió llegar a una pared que pudo trepar y saltar sin que la seguridad pueda advertirlo a tiempo, lo que demuestra que es tan vulnerable como cualquier otro.

Empero, por lo demás el penal de Cambio Puente ha desempeñado su función tal cual, es un centro penitenciario que no tiene, aparentemente, otro problema que el de su tugurización y la gran cantidad de personas que son trasladadas a sus instalaciones con mandatos de prisión preventiva o con sentencias condenatorias.

Justamente, después de varios años en que su administración ha trasuntado en medio de alguna que otra polémica, sorpresivamente el último fin de semana el Ministerio Público, con la asistencia de la Policía Nacional, ha realizado un allanamiento a sus instalaciones luego de haber recibido una serie de denuncias por actos de corrupción, las cuales al parecer siguieron un padrón de previas pesquisas.

Se trata de una intervención autorizada y que ha permitido, por ejemplo, al Fiscal encargado disponer el lacrado de hasta tres dependencias del Penal, la oficina de Psicología, la oficina de asistencia social y el departamento legal, en donde se ha buscado inmovilizar toda la documentación que se encuentra en sus archivos.

En otras palabras, a diferencia de lo que ocurría en anteriores oportunidades, que el Penal de Cambio Puente era materia de una incursión policial con la finalidad de realizar requisas que les ha permitido decomisar armas blancas y teléfonos celulares, en esta ocasión la intervención se ha realizado en las oficinas administrativas.

Y es que familiares de internos del penal de Cambio Puente han denunciado que se vienen realizando cobros indebidos por los trámites que ellos realizan antes estas dependencias., los informes psicológicos, los certificados de trabajo o estudio, las verificaciones que se realizan con la finalidad de demostrar la capacidad de readaptación de los internos, tienen un costo y por ello hay quienes han demandado la intervención del Ministerio Público.

Esto no debería de sorprender a nadie pues desde hace muchos años se sabe que cualquier cosa que requieran los familiares tiene un precio, por ingresar algunos alimentos, por llevar agua, por permitir visitas fuera de horario, todo ello ha sido materia de un manejo corrupto, con pagos bajo la mesa y si se trata de ingresar algún objeto indebido el precio es mucho mayor.

Esto se ha dicho siempre, los periodistas lo han escuchado en los exteriores del Penal cuando se reúnen los familiares para realizar la visita, empero, nunca ha sido materia de una denuncia formal en la medida que cada vez que ellos han querido formular cargos les han exigido pruebas y, como es evidente, en un acto de corrupción nadie deja huellas.

Por ello es que ahora el Ministerio Público se ha decidido investigar y para ello no ha encontrado mejor manera que revisar todos los antecedentes de todo el área administrativa, ha lacrado los archivos de las dependencias que se dedican a atender trámites de los usuarios y, aparentemente, se apresta a revisar todos los informes y sus antecedentes a efectos de conocer si se emitieron con arreglo a ley o dejaron margen para pensar que de por medio hubieron pagos ilícitos, prebendas que exige el personal y que condiciona de esta manera a los familiares.

Es importante que la Fiscalía se haya decidido, por fin tomar medidas frente a las denuncias y las especulaciones que se ciernen sobre los malos manejos que se gestan a partir de las puertas de acceso al penal de Cambio Puente, es necesario que se escudriñe en los archivos a efectos de establecer la conducta funcional de los servidores del INPE, más aun cuando se trata de una previsible intervención, una medida que se veía venir en cualquier momento. Esperemos que al final de esta pesquisa se informe lo que realmente se encontró y no se deje el manto de incertidumbre que se cierne sobre la actividad penitenciaria.

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