Mano firme. Tras formalizar los cargos y disponer el inicio de la investigación preparatoria, el Fiscal anticorrupción Carlos Zárate Medina, ha solicitado al Poder Judicial se dicte prisión preventiva contra el registrador público Miguel Sánchez Solórzano, el rector de la Universidad Privada San Pedro, José María Huamán Ruiz y el secretario general de esta misma casa universitaria Ángel Paredes Quipuzcoa.
El requerimiento se formula en mérito de los cargos que pesan contra estos últimos por delitos de corrupción de funcionarios, en las modalidades de cohecho pasivo propio y Cohecho Activo, así como falsificación de documentos y falsedad genérica en agravio del estado y la Universidad San Pedro.
Los hechos están relacionados con la dolosa inscripción que hizo el registrador público de la ilegal reelección del rector José María Huamán, procedimiento que inicialmente el mismo registrador había declarado insubsanable pero que, posteriormente, luego de admitir documentos que él mismo había calificado de falsos y sospechosos, los amparó.
Una de las pruebas que ha recogido el Ministerio Público es el levantamiento del secreto bancario del registrador Miguel Sánchez Solórzano que confirma las denuncias relacionadas a la entrega de 50 mil soles para que admita esta inscripción, lo cual se confirma con los movimientos financieros que realizó por una cantidad similar en las fechas que se realizaba el trámite registral, entre mayo y setiembre del 2013.
Además del pedido de prisión, el Fiscal demanda que para las otras autoridades universitarias, como los vicerrectores Gilmer Díaz Tello y Manuela Portales Pairazamán, la asesora legal Tania Baca Ezcurra y la secretaria Rosa Edith Carrillo Romero, investigados por los delitos de cohecho activo, falsificación de documentos y falsedad genérica, se les dicte mandato de comparecencia con restricciones.
El pedido ha sido formalizado en los últimos días del mes de diciembre y se estima que en estos días el Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Dr. Luis Pérez Granados debe estar convocando la audiencia pública en la que se debatirá la procedencia o no de este pedido.Â