Semana clave. Tras haber devuelto la carpeta fiscal para una identificación plena de los domicilios procesales y reales de los imputados así como establecer claramente si la Universidad San Pedro es parte agraviada del proceso; el Juez Penal de Turno del Juzgado de Investigación Preparatoria, debe definir esta semana la fecha en que se realizará la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en contra de la Rector de la Universidad Privada San Pedro, José María Huamán Ruiz, su funcionario Ángel Paredes Quipuscoa y el registrador público de Chimbote, Miguel Sánchez Solórzano.
Ello, tras el pedido del Fiscal Anticorrupción del Santa, Carlos Alberto Zárate Medina, quien considera que existen graves y fundados elementos de convicción para que estos tres imputados por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico, falsificación de documentos privados y falsedad ideológica, afronten la investigación con prisión preventiva tras cometer una serie de irregularidades y actos ilícitos en la convocatoria, posterior acto de reelección del Rector José María Huamán Ruiz y finalmente su inscripción en registros públicos.
El principal elemento de convicción que tiene la Fiscalía es la obtenida en el levantamiento del secreto bancario del registrador público Miguel Sánchez Solórzano, que demostraría que las autoridades de la Universidad San Pedro le pagaron 50 mil nuevos soles de coima para que finalmente inscriba, en medio de serias irregularidades, el título registral que reconoce a José María Huamán Ruiz como rector reelegido (ilegalmente) de la Universidad Privada San Pedro.
Asimismo, esta semana también debe definirse la audiencia de requerimiento de medida coercitiva de comparecencia con restricciones, que el mismo Fiscal ha solicitado en contra de los imputados Gilmer Díaz Tello y Manuela Portales Pairazamán (ambos Vicerrectores de la Universidad San Pedro), así como la abogada Tania Leonor Baca Escurra y la secretaria de éste último, Rosa Edith Carrillo Romero.
Todos los imputados son acusados de cometer una serie de irregularidades e ilícitos desde la convocatoria a asamblea universitaria para modificar los estatutos que permitan la reelección del Rector Huamán Ruiz, el mismo proceso electoral plagado de vicios y nulidades y finalmente la fraudulenta inscripción registral que inicialmente fue rechazada por defectos insubsanables, pero en 48 horas, tras un giro sorpresivo del registrador, finalmente fue inscrito dicho título y se le dio legalidad.
LAS IMPUTACIONES
Se le imputa al registrador público de Chimbote, Miguel Rufino Sánchez Solórzano ser el autor material del delito de cohecho pasivo propio, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica, por cuanto habría aceptado el ofrecimiento de la suma de cincuenta mil soles que habría sido efectuada por la abogada Tania Leonor Baca Escurra como representante de los imputados José María Huamán Ruiz, Manuela Inocenta Portales Pairazamán y Gilmer Augusto Díaz Tello para que, en violación a sus obligaciones, proceda a inscribir la reelección de dichas personas como nuevas autoridades de la Universidad Privada San Pedro.
Además, habría insertado dolosamente (falsedad ideológica) el contenido de una serie de documentos adulterados y falsificados referidos a la modificación de los estatutos de la Universidad San Pedro y al procedimiento de la reelección del Rector y elecciones de los Vicerrectores para el periodo 2013- 2018. Además ha quedado probado que entre el 1 de abril al 1 de julio del 2013, la abogada Tania Baca Escurra visitó hasta en seis oportunidades al registrador Sánchez Solórzano.
En cuanto a José María Huamán Ruiz, Gilmer Augusto Díaz Tello y Manuela Inocenta Portales Pairazamán, se les atribuye la comisión del delito de cohecho activo genérico al haber formado un fondo dinerario de 50 mil soles que fueron ofrecidos y posteriormente entregados al registrador público Miguel Sánchez Solórzano, a través de la abogada Tania Baca Escurra, a cambio que proceda a inscribir en la partida registral de la Universidad San Pedro, sus nombramientos como nuevas autoridades universitarias.
ÂÂÂ A la abogada Tania Baca Escurra se le atribuye la comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsedad ideológica en concurso ideal común el delito de uso de documento privado falso, siendo su participación la de realizar directamente los trámites para que se proceda a inscribir ilegalmente la inscripción de las nuevas autoridades.
Además, junto a José María Huamán Ruiz y Ángel Efrén Paredes Quipuscoa (encargado de la oficina de secretaría general de la Universidad San Pedro) se les atribuye haber utilizado documentos falsos para ser presentados ante la SUNARP, a sabiendas que se trataban de documentos apócrifos, dirigidos a levantar ilegalmente las observaciones que había formulado (inicialmente) el registrador público aludido.
Finalmente se le atribuye a Rosa Edith Carrillo Romero, en su calidad de secretaria de la Oficina de Secretaría General de la Universidad San Pedro, haber materializado la adulteración de las actas de asamblea universitaria de fechas 9 de junio del 2011 y 16 de diciembre del 2012 para que luego sean firmados por su co-imputados Huamán Ruiz y Paredes Quipuscoa (su jefe inmediato) y se presenten en registros públicos, siendo su rol el de cómplice secundario, pues los ayudó dolosamente a la realización del hecho punible.
Rector de la Universidad San Pedro, José María Huamán Ruiz.