Por : Homero C. Pairazamán Gálvez (*)
A manera de reflexión, nuestra política partidaria, quiérase o no, históricamente tiene un gran porcentaje de responsabilidad social en el devenir y sub desarrollo de nuestra nación. LOS PARTIDOS POLÍTICOS después de la intentona del régimen dictatorial fujimontesinista, fueron arrinconados en su accionar político, pero lamentablemente rescatada la democracia, poco o casi nada han hecho por lograr una verdadera refundación de los mismos para que la ciudadanía recobre su confianza y credibilidad. Al interno de ellos existe no solo una dictadura dirigencial bajo el escandaloso caudillismo, sino también la carencia de oportunidades y capacitación ideológica, doctrinaria y programática para sus cuadros juveniles. Yacen ahora, cuales partidos tradicionales y caducos, como grupos oportunistas bajo el mando de los ahora llamados “dinosaurios de la política” ; y que por su inacción productiva y trascendente, se ponen ya no al servicio de los intereses colectivos, sino que, con claro servilismo, defienden intereses particulares o consorciales y se convierten en asaltantes de los dineros del Estado y ser el centro de los escándalos por parte de la opinión pública; dando así la oportunidad del surgimiento de movimientos regionales de igual laya y que algunos líderes o están encarcelados o procesados penalmente.
Pues bien, si así ligeramente en comento se encuentran los ya caducos partidos políticos y los recientes e improvisados movimientos regionales, no es menos ajeno vincularlos al delito. Toda vez que la corrupción en la administración pública no solo en nuestro país sino a nivel internacional, es un mal ya endémico que corroe los estados de derecho e impide el desarrollo socio económico de los mismos y mientras no se adopten acciones y medidas preventivas y correctivas drásticas, se hará mas difícil adoptar acciones anticorrupción, con el agravante de su vinculación con los tentáculos nocivos del narcotráfico.
Al no haber acciones y lucha contra la corrupción, se consigue lo que la población y los medios de comunicación protestan y reclaman, cuál es el NO A LA IMPUNIDAD DELICTIVA.
Existen muchas formas de anticorrupción, pero quedan en actos líricos y teóricos; pero cabe la gran pregunta ¿a quienes favorece la inacción del Estado (bajo la responsabilidad de la policía nacional, ministerio público y poder judicial), para seguir cometiendo delitos en agravio del estado y de la sociedad?. La respuesta es, a cualquier servidor público, pero muy especialmente a los funcionarios o autoridades de toda jerarquía, mucho más si existe de por medio el cargo público derivado de elección popular. En términos sencillos siguen siendo favorecidos impunemente los de cuello y corbata, y mejor si se trata de congresistas, presidentes regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores municipales. Hoy en día, cualquier hijo de vecino que no ha terminado la secundaria, que no tiene trabajo conocido, que desconoce la realidad de la provincia y de la región, carente de sus alternativas de solución y que tiene antecedentes judiciales o penales, o que es un personaje cuestionado públicamente, es elegido en comicios electorales o es designado a dedo en cargos de confianza en la administración pública.
El Perú, es un nación que destaca por la existencia de abundante legislación al respecto, sino veamos permanentemente las modificaciones al código penal y demás normas conexas y complementerias, en lo que respecta a legislar nuevas formas o modalidades delictivas de corrupción, sus agravantes, así como la drasticidad de las penas privativas de la libertad; pero ¿ para qué , si los funcionarios y autoridades son beneficiados con sentencias condenatorias benignas ?.
Pero hay un tema que se comenta en demasía e inclusive en el mismo congreso de la república, pues existen varios anteproyectos de ley referidos a la IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL ( toda vez que la prescripción en materia penal, es la extinción que se produce por el sólo trascurso del tiempo de la pena máxima prevista en cada delito, por lo que al delincuente, de ser el caso, ya no se le puede juzgar ni sentenciar), pero no se aprueban a nivel de comisiones congresales y los presidentes con sus juntas directivas de este importante poder del Estado, por CONVENIENCIAS PARTIDIARIAS E INTERESES PERSONALES o de terceros, no le dan la importancia y trascendencia que se merece, por tratarse precisamente del INTERES PÚBLICO; consecuentemente prima más el interés personal y político partidario y no el interés público o de la nación.
Considerando que a la clase política partidaria (o congresistas de las diferentes bancadas) más les conviene legislar en defensa de los enclaves económicos ( voceros de empresas y consorcios) para sus provechos e interés personal, olvidándose las necesidades de sus distritos y provincias que le otorgaron sus votos en plenas campañas electorales; es que han sido suspendidos varios parlamentarios por encontrarse comprometidos en hechos delictivos, no solamente por su ignorancia supina en su capacidad de legislar, sino también por su incapacidad de su labor fiscalizadora y que inclusive el Congreso de la República se ve en la necesidad de levantar sus inmunidades parlamentarias, para ser juzgados y condenados en el poder judicial.
Al respecto y encontrándonos en plena campaña electoral para los próximos comicios generales del 10 de Abril de 2016, la ciudadanía se pregunta ¿ Opinarán sentando sus posiciones y polemizarán los candidatos al congreso y a la presidencia de la república, respecto a la imprescriptibilidad delictiva, como una forma de una real lucha contra la corrupción, en salvaguarda de los intereses públicos ? .
(*) Abogado y periodista