Hace solo unos meses el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. William Vizcarra Tinedo, se mostraba entusiasta ante la inminente culminación de la obra de construcción de los módulos de justicia destinados a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el distrito de Nuevo Chimbote.
Nos referimos a la portentosa y paralizada obras que se ubica en el distrito de Nuevo Chimbote, en el denominado Modulo Básico de Justicia de la avenida Country, en donde desde hace ya varios años se construye todo un complejo que permitirá el mejor desempeño de los operadores de justicia en nuestra ciudad.
La obra la ejecuta el Gobierno regional de Áncash gracias a un discutido convenio suscrito por el ex presidente regional César Álvarez Aguilar con las autoridades judiciales de turno, el mismo que, al margen de la importancia que tiene para el fortalecimiento de la administración de justicia, ha generado serios contratiempos por la forma dolosa como lo utilizaron en la Región.
Esto último viene al caso por la escandalosa denuncia de los llamados “jueces viajeros”, la misma que estaba relacionada con la utilización indebida y ventajista por parte de la administración regional de dicha obra para congraciarse con magistrados que podrían revisar las denuncias o juicios que se iniciaban en su contra, con el agravante que se utilizaron recursos de esta obra para financiar viajes de capacitación de un numeroso grupo de magistrados.
Empero, ello es materia de una investigación que se realiza en otros ámbitos, lo que nos trae en este momento a comentario es la situación de paralización en que permanece la obra a pesar que desde hace más de un año se dijo y se repitió que la obra será reiniciada por hallarse en su fase final.
Esto lo dijeron desde el ex presidente regional provisional Zenón Ayala hasta el actual Gobernador Regional Waldo Ríos Salcedo que, por intermedio de sus funcionarios, anunció que se había otorgado prioridad a este proyecto no solo porque se hallaba en la fase final sino por la necesidad de la infraestructura.
Sin embargo esto parece haber sido solo parte de un discurso en el que se buscaba aplausos, pues la realidad nos dice que los meses pasan y pasan y la obra sigue en las mismas condiciones y todo indica que los únicos y testarudos responsables son los funcionarios del Gobierno regional que, por extraños intereses, no quieren conciliar definitivamente con el consorcio constructor.
Precisamente, la semana pasada se conoció que la obra se encuentra nuevamente paralizada y en esta oportunidad ello obedece a la penalización que ha dispuesto la Sub Región Pacífico al ente ejecutor denominado “consorcio jurídico”, la misma que asciende a una multa de poco más de un millón de soles.
Obviamente, ante la penalización abusiva y arbitraria, los representantes legales del consorcio han optado por no retomar los trabajos y aparentemente acudirán a las vías legales no solo para defender su derecho sino para exigir una sanción a malos funcionarios que le están haciendo mucho daño al desarrollo que reclama Chimbote.
En efecto, lo que ha hecho la Sub Región Pacífico es desconocer un acta de conciliación de paralización de la obra suscrita el año 2014 cuando se advirtió la carencia de recursos como para cubrir las valorizaciones que se hallaban pendientes y, consecuentemente, en ese momento no podían reiniciarse los trabajos.
Empero, pese a que se trata de un acta de conciliación en el que las partes expresan su voluntad de llegar a un acuerdo conjunto, de manera sorpresiva el gerente de la Sub Región y sus funcionarios han desconocido esa acta alegando que no existe resolución que oficializa este mecanismo, en otras palabras lo que pretende la autoridad regional es desconocer la comunión de voluntades expresadas en su debido momento por ex funcionarios de esta misma entidad y sancionar por ello al consorcio bajo un inexistente incumplimiento.
Esto es sumamente delicado y pone de manifiesto la pretensión de algunos funcionarios del gobierno regional de buscar pretextos para no avanzar las obras que se encuentran paralizadas o de sacar alguna presunta ventaja en base a obstáculos y pretextos que puedan llevar a alguna clase de negociación.
No se puede entender esto de otra manera si ha trascendido que la Sub Región ha procedido de esta manera no solo en la obra de los módulos de justicia, sino en todas aquellas que se encuentran paralizadas y que suscribieron un acta de conciliación para mantenerlas paralizadas por falta de recursos.
Si esto es así, es evidente que los funcionarios están buscando algo, los propios dirigentes de algunos pueblos jóvenes, como la Esperanza Alta, han dejado entrever la existencia de estas dolosas ambiciones porque han advertido que su obra cuenta con presupuesto habilitado pero no es aplicado por la Sub Región Pacifico porque aparentemente pretende llegar a un acuerdo con la empresa ejecutora cuando no existe necesidad de negociar nada sino se pagar las valorizaciones pendientes y reiniciar de inmediato los trabajos como lo esperan miles de beneficiarios.
Quienes conocen el trabajo judicial nos han expuesto su preocupación por la falta de celeridad en algunos casos debido a la falta de salas de audiencia debidamente equipadas en el Palacio Judicial, los propios jueces no ocultan su incomodidad cuando programan nuevas fechas de sus audiencias y se encuentra con que los ambientes están ocupados al extremo que en algunas oportunidades se han visto precisados a citar a las partes al Penal de Cambio Puente para poder utilizar las instalaciones del recinto penitenciario.
De allí que se esperaba con expectativa la culminación de la obra de los Módulos Judiciales que se construye en Nuevo Chimbote, se trata de una infraestructura que es equipada especialmente para el desarrollo de las audiencias del nuevo código procesal penal, de allí que nos hallamos entre lo absurdo y entre la necedad de una entidad regional que no demuestra voluntad para solucionar los problemas y avanzar lo que está paralizado. No hay que olvidar que hasta el momento siguen paralizadas decenas de obras de la gestión de César Álvarez, es decir, que tienen más de dos años en esas condiciones y ahora ya se entiende cual es el motivo. Basta ya de tanto abuso.