Editorial

Editorial: ::: NO BAJA LA GUARDIA :::

Cuando muchos pensaban que las investigaciones relacionadas con los delitos denunciados en la etapa de la red de corrupción en Ancash no mostraban mayor avance y que el hecho que se haya trasladado la competencia a la capital de la república ha significado un serio obstáculo para ello, la presencia de fiscales y peritos durante la presente semana demuestra que hay quienes estuvimos muy equivocados.

En efecto, la Fiscalía Supraprovincial, la misma que se encuentra a cargo del caso “La Centralita” ha comisionado a dos fiscales durante la presente semana para que se encarguen de recibir las manifestaciones de 39 personas que aparecen firmando planillas de obras del proyecto especial Chinecas pero que no recibieron pago alguno por ellas, por lo que se quiere determinar no solo su intervención en los trabajos sino obtener muestras gráficas a efectos de realizar la pericia correspondiente.

Ello responde al denominado caso de los trabajadores fantasmas que detectó la Contraloría General de la República al auditar la gestión de los años 2010 y 2011 en el proyecto especial Chinecas, los cuales aparecen cobrando en dos obras a pesar que negaron ante los auditores haber tomado parte en esos trabajos, por lo que se entiende que malos funcionarios avalaron una descarada sustracción de los recursos que estaban destinados a las mejoras en la infraestructura de los canales del proyecto.

El objetivo es evidente, se trata de corroborar lo que ya consta en un informe especial elaborado por el órgano de control, aquella fue una tarea encomendada luego que se perpetrara el alevoso crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, cuando las autoridades y titulares de las principales reparticiones recién reaccionaron ante las evidencias de la corrupción imperante en Ancash y que jamás quisieron escuchar y atender cuando el conocido dirigente la denunciaba en vida.

La Contraloría se tomó su tiempo en este trabajo, revisó exhaustivamente los registros que aparecen en el proyecto irrigador y cruzó información con los beneficiarios de los recursos, descubriendo que se apeló al viejo sistema de la justificación de pagos que no se hacen pero que se consignan con firmas falsas para que delincuentes de cuello y corbata se queden con esos recursos.

En esta investigación se encuentran comprendidos varios ex funcionarios del proyecto irrigador en la época de la red criminal, ellos tendrán que deslindar su responsabilidad y revelar quienes fueron los que ordenaron que se cancele a personas que no habían trabajado y que se utilicen nombres de individuos que teniendo alguna relación en otras obras o servicios de la región los consignaron en planillas de trabajadores fantasmas.

Si estos ex funcionarios dejan pasar esta oportunidad para señalar a quienes los indujeron a firmas estas panillas falsas entonces deberán responder como autores de estos graves delitos que ya persigue la Fiscalía, lo importante es que se avanza en una investigación que ha sido rescatada por la acción moralizadora de la sociedad civil, que se ha emprendido solo por la presión que hicieron las instituciones locales después del cobarde asesinato de Ezequiel Nolasco.

Muchos piensan, con justificada razón, que de no haberse registrado este lamentable suceso las entidades de control no habrían reaccionado como corresponde y no se habría descubierto muchas de las tropelías perpetradas en la época de la red criminal, como el caso de los trabajadores fantasmas del proyecto Chinecas.

Pero la Fiscalía desarrolló otras diligencias durante la semana que termina, como los últimos peritajes en los Colegios que fueron construidos durante la gestión de César Álvarez, en donde se pone en evidencia que se ejecutaron en medio de graves irregularidades, en un escenario cargado de componendas en las que predominó el diezmo y, consecuentemente, la ejecución de obras de menor calidad en función a los montos y cifras que se pagaron.

Por ello es que la Fiscalía supraprovincial ha destacado a una perito en Ingeniería Civil que viene evaluando los trabajos realizados en algunos centros educativos cuya infraestructura, a pesar de no contar con muchos años, ya observa prematuros deterioros y se presume que ello es consecuencia de la deficiencia de la obra.

De la misma manera, se verifica si se cumplieron las metas de los expedientes técnicos, es decir, si las obras se concluyeron porque muchas de ellas no solo no se terminaron sino que tampoco se equiparon como señalaban las valorizaciones que contiene el proyecto, lo que pondría en evidencia la colusión entre empresas y malos funcionarios.

Y es que se sabe que en la gestión de César Álvarez existieron empresarios privilegiados que monopolizaron la ejecución de obras, se beneficiaron con la adjudicación de muchos proyectos que les reservaban a cambio de cuantiosas sumas de dinero que, evidentemente, luego tendrían que recuperar a costa de la calidad de la obra y el incumplimiento de las metas.

Lamentablemente, otro de las carpetas fiscales que debería haberse realizado en esta semana era la relacionada con la ejecución de la rehabilitación de la carretera Moro-Pamparomás, la misma que estuvo a cargo del consorcio Vial Moro y por la cual se pagó nada menos que 102 millones de soles.

Este caso fue un escándalo en su momento en la medida que solo se había ejecutado un mantenimiento de la carretera y se pagaba una millonaria cifra, los pésimos trabajos fueron denunciados en su momento por el ex consejero regional Ezequiel Nolasco y por el ex dirigente Jorge Boyascky Paredes, los cuales, curiosa y extrañamente, fueron asesinados para silenciarlos de tantas acusaciones.

Este caso no se ha diligenciado debido a la insistencia de los auditores que revisaron el proyecto por cuanto han sido comisionados a Madre de Dios, por lo que deberá reprogramarse su manifestación.

Estamos convencidos que cuando se retome esta causa se hallaran muchas sorpresas, se confirmarán las sospechas de delitos y se tramitarán las acusaciones correspondientes. La mano de la justicia no baja la guardia, comienza a mostrarse después de muchos contratiempos, empero, estos casos fueron materia de denuncias periodísticas que, en su momento, representaron motivos de presiones y amenazas a nuestro medio de comunicación, aunque el tiempo comienza a darnos también la razón.