Generalmente, una contienda judicial supone el enfrentamiento entre dos partes antagonistas, que buscan que sustentar y fundamentar cada quien las posiciones legales que esgrimen y que buscan que convencer a la autoridad judicial para los efectos que fallen a su favor.
Empero, la semana pasada, se ha observado en la Sala Penal de Apelaciones la extraña e inusual confrontación legal entre dos abogados que pertenecen a una misma corporación y defienden a la misma entidad, en este caso al estado.
Nos referimos al debate alturado que sostuvieron los abogados Leovardo Lavado Rosales por la Procuraduría Anticorrupción del Santa y Luis Miguel Pereda Palacios de la Procuraduría de la Contraloría General de la República, quienes defendieron, cada uno, su pretensión de mantenerse o de asumir, la defensa jurídica del Estado en el proceso que se sigue contra el ex Director regional de la Producción Luis Arroyo Guevara, quien es procesado por delito de negociación incompatible.
El incidente se generó cuando el procurador adscrito a la Contraloría General de la República se apersonó en este proceso solicitando se le tenga como actor civil en defensa de los derechos del estado, empero, en esta misma causa ya se encontraba apersonado el procurador anticorrupción del santa en calidad de agraviado.
¿Cómo es posible que dos procuradores recalen en una misma causa? La explicación se encuentra en la naturaleza de la intervención del procurador de la Contraloría, entidad que ha decidido apersonar a su abogado en todos aquellos procesos en los cuales se haya emitido un informe especial de hallazgos de delitos y que forme parte del bagaje probatorio que ha utilizado la fiscalía al iniciar la causa penal.
Uno de estos procesos es el que se sigue contra Luis Arroyo Guevara y otros ex funcionarios de la Dirección de Producción, generándose un conflicto de competencias que en primera instancia, ante el Juzgado que tiene a su cargo el proceso, se ha zanjado en favor de la procuraduría anticorrupción, empero, el procurador de la Contraloría ha apelado y es la Sala Penal la que ha escuchado los alegatos de cada uno de ellos y deberá resolver la incidencia.
En realidad, el procurador de la Contraloría ha llegado al juicio cuando se encuentra en su fase final, por lo que es evidente que no puede exigir un apersonamiento cuando ya existe otro funcionario que defiende al Estado que ya se encuentra apersonado y ha acudido a todas las audiencias de este proceso.
Lo mismo debe ocurrir en otra causa en la que se ha generado este mismo problema y en muchas otras en las cuales el abogado de la contraloría se apersone porque existe en el expediente un informe especial de la entidad a la que representa.
En realidad, los procuradores de la Contraloría fueron siempre funcionarios de adorno, jamás defendieron en juicio el derecho del estado y existen muchos ejemplos de esta desidia e indiferencia, como que hace poco el ex regidor de la Municipalidad Provincial del Santa Pedro Villón Macedo, quien fuera condenado el año 1999, ha demostrado que le declararon prescrita la obligación de pagar la reparación civil porque sencillamente nadie la exigió.
Por ello es que hace solo unos años el gobierno decidió crear las fiscalías anticorrupción, una dependencia del Ministerio de Justicia que buscaba llenar ese vacío en la defensa de los intereses del estado y desde entonces es la entidad que tiene sede en todas las ciudades del país y se apersona a las causas relacionadas con los juicios por delitos de corrupción.
La Procuraduría de la Contraloría, como es el caso del abogado Luis Miguel Pereda Palacios, no tiene sede uy oficina en nuestra ciudad, viene ocasionalmente a Chimbote desde Trujillo, de allí que será un grave error que se le considere como actor civil cuando en nuestra ciudad existe una procuraduría anticorrupción que viene siguiendo y conociendo todos estos casos de manera puntual.
Si la Contraloría general de la república quiere tener a su procurador al tanto de los juicios que lo haga pero que no reclame una condición judicial que ya tiene asignada la procuraduría anticorrupción, lo que debería hacer es sumar en los esfuerzos de defender los intereses del estado y ayudar al procurador anticorrupción a encaminar correctamente las pruebas y hallazgos que ellos han detectado.
Lejos de pelear jurídicamente por ser parte en juicio, lo que deberían hacer los procuradores es hallar una fórmula para que juntos defiendan mejor y de manera concluyente las acusaciones contra los corruptos. Esperemos que esta contienda se resuelva en buenos términos y no terminen favoreciendo a los investigados.
                                                          ACERTADA MEDIDA
Si los comerciantes del mercado La Perla se encuentran ad portas de ver demolidos sus puestos por haberse levantado de manera ilegal, ahora aquellas personas que han invadido las áreas aledañas a su frontis deberán retirarse de manera voluntaria y pacífica o de lo contrario serán desalojados.
Se trata de un numeroso grupo de personas que hace unos cuatro años atrás ocuparon las áreas aledañas a la zona de ingreso al mercado La Perla, quienes las ocuparon a pesar que se trata de áreas registradas a nombre de la Dirección Regional Agraria y que están destinadas para la implementación de un jardín botánico.
En la medida que los invasores se negaron a desocuparlas, la autoridad regional procedió a demandarlas por desalojo, juicio que ha terminado con la decisión del juez de disponerse el lanzamiento si los demandados persisten en quedarse en el lugar.
Es importante que las autoridades judiciales procedan con diligencia pues esta clase de gente no repara en nada con tal de beneficiarse, como en este caso tomando por la fuerza áreas que están reservadas a fines educativos y científicos y se encuentran registradas a nombre de terceros. Esperemos que el desalojo se realice lo más pronto posible.