Hace unos años atrás los medios de comunicación, dirigentes políticos y la sociedad civil en su conjunto se mostraba impotente frente al accionar judicial desleal de algunos magistrados que lejos de cumplir con su función y hacer valer la investidura que le delegó el estado, se coludieron con el ex presidente regional César Álvarez Aguilar y lo libraban sin pudor alguno de todas las denuncias y acusaciones que se formulaban en su contra.
Uno de estos casos fue el relacionado al escándalo de “La Centralita”, denuncia que fue recogida por la Corte Superior del Santa el año 2011 y sustanciada después que algunos fiscales archivadores pretendieran dejarla sin efecto.
Sin embargo, cuando ya se había judicializado, el ex presidente regional apeló a las conocidas maniobras de torcer la administración de justicia a través de magistrados que se prestaron a ese manejo turbio de la aplicación de la ley y por ello, pese a que el caso de ventilaba en la Corte del Santa, sus abogados plantearon una Acción de Habeas Corpus ante un Juzgado de Huaraz, en la Corte Superior de Ancash.
Pese a que esta acción de garantías fue rechazada en primera instancia, en la medida que nada puede detener una investigación jurisdiccional cuando no ha sido materia de un pronunciamiento anticipado, el caso fue llevado a la Sala Penal de Apelaciones de Huaraz, en donde tres magistrados de manera sorpresiva y escandalosa, procedieron a declarar fundada la demanda y ordenaron que se anule la disposición fiscal que había comprendido a César Álvarez por la comisión del delito de Peculado.
Fue de esta manera como el ex gobernante regional fue separado de este proceso y las pesquisas continuaron contra un grupo de periodistas y ex funcionarios que, dos años después, tras la caída de la red de corrupción se ampliarían a otros 60 investigados y comprendería al propio César Álvarez.
Esto fue posible gracias a la intervención del ex procurador anticorrupción nacional, Dr. Christian Salas Beteta, quien tras revisar la carpeta advirtió que no solo deberían ser comprendidos muchos personajes del entorno de Álvarez, sino que el Habeas Corpus que en Huaraz lo protegió de la investigación solo se había formulado por un delito, empero, se mantenía vigente el delito de Concusión que también había sido materia de la disposición que ordenó el inicio de las investigaciones.
Por esa razón fue que César Álvarez siguió siendo juzgado en el caso La Centralita y se dictó en su contra una orden de prisión de 18 meses que ha sido ya ampliado en otros 18 meses más, empero, la medida judicial de escándalo que lo había protegido inicialmente de las pesquisas fue materia de una denuncia ante los órganos de control del Poder Judicial y ahora se ha emitido el pronunciamiento final.
Esto ha ocurrido la semana pasada cuando se ha comunicado la decisión de la Jefa de la OCMA, Dra. Ana María Aranda Rodríguez, quien acogiendo las conclusiones de la Unidad de Investigación de su institución, ha solicitado al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución de los tres jueces superiores que protegieron al investigado por corrupción, Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín.
La titular del máximo organismo de control del Poder Judicial ha advertido que los tres vocales se coludieron con la defensa de Álvarez en la medida que lo sustrajeron de la investigación del caso “La Centralita” sin haber sustentado su resolución, sin precisar cómo se había vulnerado la libertad personal del ex presidente regional por el hecho que lo comprendan en el proceso penal.
La OCMA ha llegado a tal convencimiento del deshonesto trabajo de los jueces superiores quejados que ha dictado contra ellos una orden de abstención en el ejercicio funcional, es decir, que los han separado de los cargos que ocupaban hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura tome una decisión final.
No cabe duda que la justicia tarda pero llega, el escandaloso encubrimiento que obtuvo el ex presidente regional tanto el Poder Judicial como en el Ministerio Público y hasta en la Policía Nacional fue más que evidente, por ello es que la ciudadanía esperaba que los órganos de control adopten medidas contra aquellos que se prestaron a los malos manejos de la administración de justicia. Todo indica que los jueces de Huaraz serán los primeros los que reciban el castigo que se merecen.
ÂÂ ÂÂ PROTEGIENDO LA SALUD
El SENASA y la Municipalidad Provincial del Santa realizaron la semana pasada una inspección en los centros de engorde de ganado vacuno de la ciudad con la finalidad de verificar que las reses se encuentren vacunadas y para advertir a los propietarios que este es un requisito indispensable para que se pueda admitir a los animales en el camal Municipal.
El servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha advertido que muchas de las reses que se encuentran en los centros ganaderos llegan a los camales sin contar con el certificado que acredite su vacunación, por lo que advirtieron a los propietarios que en caso no los inmunicen no podrán ser beneficiados y comercializados en el Camal.
Y, es que las autoridades han verificado que los propietarios de estos centros ganaderos, ubicados en los P.J. Porvenir y Dos de Mayo, argumentan que ellos traen las reses desde la sierra y de esa zona ya vienen vacunados, empero, no cuentan con certificado alguno que avale esta justificación.
Por ello los exhortaron a que vacunen a las reses y obtengan el certificado respectivo de transito interno, esto lo hacen porque antes que nada se debe velar por la salud de la población que es la que ingiere las carnes rojas y debe existir una absoluta garantía que ella se encuentre en buen estado, provenga de animales que han sido celosamente criados e inmunizados de las enfermedades. Esperemos se sancione con medidas de clausura a quienes se resistan a estas verificaciones porque esta acción solo está protegiendo la salud de los consumidores. Enhorabuena.