Quien procede con mala fe y con maniobras que están al margen de la ley debe responder no solo devolviendo lo que ilegalmente se llevó sino resarciendo el daño que le ha causado a un tercero.
Este es un axioma de ineludible aplicación en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual y le ha caído como anillo al dedo al gerente de la Sub Región Pacífico, Henry Sánchez Vásquez, quien nuevamente la última semana estuvo en el ojo de la tormenta y fue objeto de noticia al ser remplazado por el Poder Judicial.
El controvertido funcionario ya no ha sido cuestionado por negarse a reiniciar obras o responder por las obligaciones pendientes de la entidad que dirige, por el contrario, esta vez ha pisado terreno minado y ha sido conminado a devolver nada menos que 423 mil nuevos soles que se cogió de manera ilegal e indebida.
Esta denuncia la expuso la semana pasada el abogado de un consorcio que ejecutó la obra de remodelación y mejoras del Colegio Yugoslavo, de Nuevo Chimbote, el mismo que fue penalizado por el gerente de la Sub región Pacífico con la efectivizarían de la carta fianza de fiel cumplimiento que dejó en garantía al suscribir contrato de esta obra pero que ya no estaba en condiciones de ejecutar.
Ello por la sencilla razón que la obra ya había sido concluida, se había liquidado y hasta el propio Gobierno regional había realizado la inauguración de estilo, lo que quiere decir que el documento ya no garantizaba nada, por el contrario, debería haber sido devuelto a la empresa contratista en la medida que ya había cumplido su objetivo.
Sin embargo, pese a este escenario, el gerente de la Sub Región ejecutó la carta fianza y se quedó con el dinero, generando serios perjuicios a la empresa contratista en la medida que la entidad bancaria ha debido sobregirarle sus cuentas y le ha aplicado el cobro de fuertes sumas por concepto de intereses, todo ello por la mala fe del funcionario.
El abogado Eugenio Canchis Valuis ha señalado que este accionar ilegal del gerente ha obedecido al hecho de desconocer sus propias actas de conciliación de las obras que quedaron paralizadas en la gestión del expresidente regional César Álvarez Aguilar, actas que ellos mismos habían aprobado y que, extrañamente desconocieron posteriormente, algo así como borrar con el codo lo que se había escrito con la mano.
Esta es una situación exactamente igual a la registrada en la obra del Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote en donde se construyen los nuevos ambientes destinados a la aplicación del Código Procesal Penal, obra esperada no solo por la Corte de Justicia del Santa sino por la ciudadanía en general que advierte la necesidad de contar con nueva, idónea y moderna infraestructura para las salas de audiencias en razón que el nuevo modelo procesal requiere ahora de registrar con audio e imágenes las incidencias de los debates orales entre el juez y las partes.
En este caso el accionar del gerente de la sub región y sus funcionarios dio lugar a que la obra quede nuevamente paralizada a pesar que se encuentra en el último tramo cuando solo restan ejecutarse los acabados y cuando se supone que ya la entidad regional cuenta con el presupuesto necesario para conciliar cifras con la empresa contratista y disponer lo necesario para terminar los trabajos.
Empero, la actitud torpe y suspicaz de la gerencia de la Sub Región ha derivado en medidas perjudiciales como la que ha adoptado con el consorcio Yugoslavo y por lo cual un Juzgado de Nuevo Chimbote ha expedido una resolución ordenando al gerente Henry Vásquez Sánchez que devuelva el íntegro del valor de la carta fianza más intereses y gastos en un plazo de ley que ya expiró sin que se haya cumplido con ese mandato.
Fiel a la manera como proceden los funcionarios intransigentes, el gerente de la sub región habría solicitado al área legal de su institución que apele la decisión del Juez y espera que una instancia superior deje sin efecto ese mandato y le permita quedarse con una garantía que ya no era tal cuando la ejecutó.
Inclusive, por estos mismos hechos la Fiscalía ha dispuesto el inicio de una investigación preparatoria por el presunto delito de abuso de autoridad y ha notificado al gerente Vásquez Sánchez para que preste su manifestación en torno a los hechos denunciados, empero, nuevamente la rebeldía del funcionario se puso de manifiesto e  ignoró la citación a la espera que el representante del Ministerio Publico vuelva a señalar una nueva fecha para esta diligencia.
Resulta preocupante el accionar del gerente de la Sub Región Pacífico, no es la primera vez que es emplazado por actuaciones que dejan mucho que desear y en las que se pone en tela de juicio el accionar impúdico del cual viene haciendo gala, esto no lo dicen los medios de comunicación sino que lo han señalado sin ambages los obreros de construcción civil y los pobladores afectados por las obras paralizadas, como aquellos del P.J. Esperanza Baja quienes han acusado al funcionario de pretender un diezmo como condición de reinicio de los trabajos.
Asumimos que esto es lo mismo que han percibido los representantes de la empresa constructora afectada, pues el abogado ha señalado de manera tajante que no entiende que es lo que estaban buscando los funcionarios pero que jamás aceptaron sus ilegalidades, dejando entrever que así como los pobladores y obreros que reclaman, también han percibido en el desempeño del gerente de la Sub Región un ánimo de sacar provecho de tal o cual situación, lo que no dice nada bien de quienes han recibido un cargo para cautelar los recursos y no para aprovecharse de ellos.
Si existe una resolución de un juez que ha ordenado al gerente de la Sub Región a devolver una cuantiosa suma de dinero es porque ha corroborado que la sustrajo de manera abusa y arbitraria, ha advertido un accionar lesivo y doloso por parte del funcionario, de allí que ya es momento que el Gobernador Waldo Ríos Salcedo evalúe detenidamente el desempeño de su funcionario de confianza en Chimbote, no es una sino varias revelaciones que ponen de manifiesto que el citado gerente toma medidas “al filo de la navaja”, dejando en incertidumbre a los empresarios, a los beneficiarios y los abogados que han tratado con la Sub Región. Esta es una situación bastante delicada.